Ganancias y la oportunidadde ir a un esquema eficiente

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27 de noviembre de 2016  

El salario no es ganancia. Este eslogan usado por sindicalistas y políticos de la oposición -incluyendo al propio Presidente cuando era oposición y decía que si él era gobierno los trabajadores no iban a pagar Ganancias- prende en una sociedad que enfrentó en los últimos años una suba de 50% en la presión impositiva (de 21% del PBI en los 90 al 32% del PBI considerando a la Nación y a las provincias), donde este impuesto pasó de representar poco más del 20% de la recaudación en los 90 al 25% actual, y donde la participación de la carga que pesa sobre las personas físicas sobre el total de lo recaudado por Ganancias es de casi el 50%, el doble que en los 90.

Esto es el resultado, no de una decisión normativa convalidada por el Congreso, sino del impacto que tuvo la inflación sobre el esquema vigente de mínimos no imponibles y tramos de impuestos fijos para definir quién quedaba alcanzado, quién no, y con qué alícuota. Esquema que sólo fue modificado parcialmente vía parches que se definieron discrecionalmente y que intentaron ser capitalizados como una concesión anual del Gobierno a los trabajadores. En algunos casos llegaron a generarse situaciones ridículas como las de la reforma de 2013, cuando el alcance del impuesto quedó definido en función de los ingresos de ese año independientemente de la dinámica posterior de los salarios.

Se generaron situaciones desopilantes de alícuotas diferenciales para un mismo salario, que fueron corregidas por los cambios implementados por la gestión actual en febrero pasado, con un impacto fiscal casi neutro. Es que la moderación de las alícuotas de quienes estaban alcanzados por la corrección al alza del mínimo no imponible, fue compensada por los aumentos salariales, pero fundamentalmente por la incorporación al impuesto de muchos de los que habían quedado excluidos por la reforma de 2013.

Nunca, desde 2001, se corrigieron las escalas que definen las alícuotas, aun cuando la inflación acumulada multiplica los salarios por 16. Y esta situación llevó a que quienes quedaban alcanzados por el impuesto pagaran alícuotas cada vez más elevadas, con situaciones confiscatorias que aumentaban el malhumor en sectores de clase media.

La propuesta del Gobierno apunta a corregir esta distorsión, ajusta los tramos de las escalas (más las de abajo que las de arriba) y propone un sendero de corrección gradual hacia 2019. A la vez, divide en dos la escala más chica para bajar la alícuota de los de más abajo (del 9 al 5%), y reduce esta alícuota al 2% para quienes no pagaban hasta ahora el impuesto. La escala más baja incluye desde 2001 a quienes tienen una ganancia neta imponible anual de hasta $ 9000, cifra que se busca elevar a $61.000, y en la escala más alta pagarían la alícuota de 35% quienes superen un ingreso imponible de $ 426.000 anuales (hasta ahora, $ 120.000).

Dada la necesidad de minimizar el costo fiscal, el proyecto incluye un mínimo no imponible que se mantiene sin cambios (en rigor aumentan todos los componentes 15%, pero se excluye al cónyugue, se reduce de 24 a 18 años la edad para poder computar la deducción por hijo y se elimina la deducción por ascendiente), por lo que se incorporarían más trabajadores al impuesto. Esto quedará sujeto a la negociación en el Congreso.

El esquema genera, considerando una paritaria del 28% el próximo año, una reducción de entre 2 y 4 puntos porcentuales en las alícuotas efectivas en todos los tramos, aunque el efecto es mayor en los de más abajo que en los de más arriba, recuperándose la progresividad. Reducción en las alícuotas que se amplía hasta 2019 y que estaría amortiguada por la dinámica salarial hacia adelante, ya que el esquema no incluye una indexación automática.

Las alícuotas de 2019 resultan superiores a las vigentes en el último año de la convertibilidad, cuando ya regía la "tablita". Debe recordarse que en ese entonces la presión tributaria de Ganancias, un impuesto progresivo, era significativamente menor a la actual (1,4% del PBI frente a un estimado de 2,6% del PBI este año).

Es difícil mensurar el costo fiscal del esquema pero no parece neutro. Corregir las groseras distorsiones del tributo era complicado y había que empezar a hacerlo teniendo en cuenta la progresividad del impuesto y las necesidades fiscales en un país con una brecha fiscal en torno al 4,8% del PBI antes de intereses, y en el que las provincias verían afectados sus ingresos de la coparticipación. El proyecto parece incorporar estas necesidades aunque no estabiliza el esquema hacia adelante.

A contramano, la propuesta del Frente Renovador de duplicar el mínimo no imponible para los asalariados y de casi triplicarlo para los jubilados sin proponer un cambio concreto en las escalas, luce atractiva para la política pero no es viable, dado el agujero fiscal del que se parte.

Ganancias es un impuesto central en los esquemas tributarios de los países desarrollados (se lo llama "impuesto a los ingresos"), y esa centralidad es hacia donde debe ir la Argentina si pretende una estructura tributaria más eficiente y progresiva. Aunque deberá encontrar mecanismos para que la presión impositiva se escale con la nominalidad.

Economistas y directores de Estudio Bein & Asociados

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