Diputados aprobó la declaración de la emergencia social por tres años

El proyecto destina $ 30.000 millones a las organizaciones sociales y pasó al Senado
Gustavo Ybarra
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7 de diciembre de 2016  

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia social hasta diciembre de 2019 y que destina $ 30.000 millones del presupuesto nacional hasta el final del mandato de Mauricio Macri para atender las necesidades de las organizaciones sociales de la denominada economía popular.

Tras un extenso debate en el que se escucharon quejas por la herencia recibida del kirchnerismo y fuertes críticas a la política económica del Gobierno, el proyecto fue aprobado por 227 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. El único rechazo fue del salteño Alfredo Olmedo.

La iniciativa crea el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario (Cepssc) con representación de las organizaciones piqueteras y del Gobierno, que tendrá la misión de reconvertir los planes sociales existentes en un salario social complementario con iguales derechos y beneficios que los que tienen los trabajadores registrados. Además, crea el Registro Nacional de la Economía Popular, en el que deberán inscribirse los beneficiarios de la emergencia social.

El texto aprobado ayer es diferente al que votó el Senado a mediados de noviembre. De hecho, Diputados inició un nuevo expediente que refleja la tregua social sellada por las organizaciones piqueteras con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. El proyecto sería sancionado la semana próxima en la Cámara alta.

Así se votó el proyecto, diputado por diputado

La iniciativa fue defendida, con diferentes argumentos, por una inédita alianza con Pro en un extremo y el Movimiento Evita en el otro. Así, el macrista Luciano Laspina dijo que la emergencia "viene a agregar institucionalidad a lo que era un conflicto social en las calles y a poner un marco de diálogo que no existía hasta hoy".

"Hemos heredado una crisis social dramática y nos hacemos cargo como gobierno", agregó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por su parte, Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, justificó el proyecto en la necesidad de "garantizar un piso mínimo de derechos y garantías" para los trabajadores que están en la informalidad.

Cooptación

Sin embargo, el acuerdo entre las organizaciones sociales y el Gobierno fue criticado por la izquierda, que se abstuvo en la votación. "Se ha planteado en el acta el no conflicto hasta 2019. No recuerdo una cooptación ni una estatización de la protesta social de estas características", denunció Néstor Pitrola (FIT), que vinculó el acuerdo con "la tregua articulada con la CGT" por la Casa Rosada.

El proyecto mandata al Poder Ejecutivo a destinar $ 25.000 millones en los próximos tres años para garantizar "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional" a los trabajadores de la economía informal. Se trata, en su mayoría, de miembros de cooperativas vinculadas a grupos piqueteros. En el caso de que esa cifra se invirtiese antes del fin de 2018, se autoriza a resignar partidas por otros $ 5000 millones.

El destino de esos fondos lo definirá el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario, que estará integrado por tres miembros de los grupos piqueteros y otros tantos provenientes de los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda, respectivamente.

Para Pitrola, el reconocimiento de tres sitiales para los grupos piqueteros "es un traje a medida para organizaciones con nombre y apellido". Aludió así al Movimiento Barrios de Pie, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), agrupaciones que negociaron con el Gobierno la letra del proyecto.

En la misma sintonía se manifestó el kirchnerista Edgardo Depetri (FPV), quien dijo que su bloque acompaña el proyecto "aun sabiendo que hay cientos de miles de organizaciones sociales que están afuera de este acuerdo".

Un acuerdo que divide a las organizaciones

Los que arreglaron

  • La CTEP, Barrios de Pie y la CCC son las tres organizaciones que consensuaron con el Gobierno el proyecto de emergencia social. Se comprometieron a "abstenerse de cualquier situación conflictiva". Adhirió también al acuerdo el Frente Darío Santillán
  • Ayer se manifestaron simbólicamente para acompañar el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados

Los que no pactaron

  • Entre los que quedaron fuera de la mesa de diálogo, dos grupos de organizaciones reclaman en la calle, por separado. Por un lado, la izquierda trotskista, con el Polo Obrero a la cabeza, que denuncia que se firmó "un pacto de paz social para que pase el ajuste".
  • También manifiestan su rechazo al acuerdo un conjunto de organizaciones kirchneristas, encabezado por Quebracho, Resistencia Popular y la Tupac Amaru

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