Más que una inversión, la ciencia es un fin en sí mismo

Alejandro Katz
Alejandro Katz PARA LA NACION
El conflicto en el Conicet puso en evidencia actitudes de la sociedad que conviene revisar
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18 de enero de 2017  

La sociedad argentina se vio sacudida a mediados de diciembre por el conflicto suscitado en torno de la situación de varios cientos de jóvenes científicos que, luego de concluir sus estudios de doctorado y de haber sido aprobados en las evaluaciones de rigor, no fueron sin embargo incorporados a la carrera de investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet). A diferencia de años anteriores, no fueron los saqueos ni la violencia social los que ocuparon las tapas de los diarios, sino las imágenes de académicos instalados en el Ministerio de Ciencia para expresar su rechazo a una decisión incomprensible, no justificada por un costo fiscal ridículamente bajo, tomada de ese modo y en esas fechas.

Uno de los ejes que organizó la discusión durante esos días estuvo centrado en la cantidad: ¿más investigadores hacen un mejor sistema científico? En principio, sí: los resultados científicos, como los de muchas otras actividades, exigen la existencia de comunidades amplias dedicadas a la tarea; para obtener logros no es suficiente tener unos cuantos expertos, es necesario contar con redes de trabajo amplias, de personas interconectadas, con formaciones y experiencias complementarias. Para que más sea mejor deben cumplirse rigurosos criterios de calidad -que nuestro sistema científico razonablemente satisface-, pero también debe diseñarse el sistema buscando equilibrios adecuados entre áreas, regiones, sedes de investigación y fuentes de financiamiento, asuntos que parecen bastante menos discutidos y mucho menos resueltos. Algunos de estos problemas fueron puestos de manifiesto en un magnífico texto de Hilda Sabato, publicado en estas mismas páginas.

Estas cuestiones alimentaron el otro eje de la discusión: de qué modo la decisión de no incorporar esos nuevos investigadores puso en evidencia la fragilidad de los (supuestos) consensos en torno de los cuales se construye la política de ciencia y tecnología en la Argentina. El argumento central dejó de ser, entonces, la dimensión de los planteles de investigadores, y se comenzó a discutir la definición estratégica de mediano y largo plazo de una política científica, fundada en criterios de relevancia y de pertinencia, y a la vez sustentable.

Ambas discusiones tienen su importancia, aunque en ocasiones querríamos que ya hubieran quedado atrás, que no se recomenzara una y otra vez con lo mismo, incluyendo en ese "lo mismo" la impredecibilidad de las decisiones estatales, tanto en materia presupuestaria como de carrera profesional: quienes pasan los años de juventud formándose con tanto entusiasmo como esfuerzo para ingresar en la carrera científica no tienen, por ello, el derecho de ser aceptados, pero sí tienen el derecho de saber desde el principio cuáles son las reglas, y las reglas deben incluir, sin ninguna duda, la capacidad de formular y respetar con razonable certeza previsiones plurianuales de la cantidad de plazas que serán habilitadas en cada una de las áreas de investigación.

El conflicto -cuya solución sólo se ha pospuesto- resultó sin embargo útil para poner en evidencia dos actitudes extendidas en la sociedad argentina respecto de la ciencia y, más generalmente, del conocimiento mismo. Por una parte, en las redes sociales se exhibió una intensa retórica antiintelectual orientada a descalificar cierto tipo de investigaciones académicas -por ejemplo, "el estudio de los estereotipos de género en las películas infantiles"- o, más directamente, el conjunto del trabajo científico, exigiendo, como escribió alguien en su cuenta de Twitter, "desenmascarar a estos chantas okupas disfrazados de científicos". Fanáticas y sectarias, esas reacciones no son sin embargo irrelevantes: además de ignorancia y resentimiento, revelan el estado de una parte de la opinión pública para la cual el estudio y la investigación son formas privilegiadas de la holgazanería.

La respuesta de la comunidad científica tampoco fue la adecuada: el principal argumento que los investigadores esgrimieron consistió en señalar la "utilidad" práctica del conocimiento. Así, por ejemplo, en notas periodísticas o en un breve video producido por los mismos investigadores y viralizado en las redes sociales se destacó la importancia de "todo lo que tenga relación con la tecnología de producción animal y vegetal", "los proyectos para usar biomasa para energía", "los bioproductos farmacéuticos", "materiales que pueden ser útiles para la regeneración de huesos" o la investigación de "las enfermedades que ciertos parásitos pueden transmitir a las personas". Muy pocos, en el mundo académico, destacaron la importancia de los estudios clásicos ni de las humanidades.

Es evidente que, en tanto que el sistema científico se nutre de recursos públicos, éstos deben aplicarse y auditarse en función de criterios exigentes de relevancia y pertinencia. Es menos evidente que dichos criterios no deben ser simplemente el resultado de una función de utilidad o de un cálculo de beneficios.

Cada uno a su manera, tanto quienes pretendieron descalificar el trabajo de los investigadores como quienes quisieron defenderlo comparten un supuesto sumamente extendido en nuestra cultura, por el cual se identifica utilidad y valor. Así, se justifica la necesidad de la aplicación de recursos públicos a la investigación científica en virtud de la contribución que los resultados de la investigación hagan al desarrollo económico o a la salud de la población, reduciendo de este modo el conocimiento a sus técnicas y produciendo así, con palabras de Martha Nussbaum, "la parálisis de la imaginación moral bajo el influjo de la maestría técnica".

No se trata de desdeñar el saber técnico ni mucho menos de negar la importancia de la técnica para el incremento del bienestar, sea por medio de la creación de riqueza o de la provisión de otros bienes como la salud. Todos deseamos vivir en una sociedad más próspera, pero sobre todo deberíamos querer vivir en una sociedad mejor: más justa, más democrática, más diversa. Una sociedad, para decirlo con la fórmula clásica, orientada a la búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Para una sociedad semejante, el conocimiento no debería ser considerado una inversión (de la que se espera un retorno), sino un gasto: lo que estamos dispuestos a perder, no a ganar, en el proceso de conocer, del mismo modo en que estamos dispuestos a perder (tiempo, recursos, energía) en el proceso de crear arte o de participar como espectadores de los procesos creativos. "El logro -escribió John Dewey- viene a equivaler a la clase de cosas que una máquina bien planeada puede hacer mejor que un ser humano, y el efecto principal de la educación, la construcción de una vida plena de significación, queda al margen."

La ciencia, como la poesía, no es buena en la medida en que lo sea para otra cosa. La ciencia -es decir, el riguroso método de creación de conocimientos- es un fin en sí mismo. Pretender subordinarla al aporte que pueda hacer para la producción de riqueza o al mejoramiento de las condiciones de nuestra existencia altera radicalmente el sentido mismo del conocimiento, e implica el riesgo de empobrecer a nuestra sociedad más allá de la pobreza material, fomentando la pobreza de la imaginación, la de la curiosidad, la de la pretensión misma de ser algo mejor de aquello que somos, a la vez como individuos y como sociedad.

Editor y ensayista

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