Investigan si una jueza adulteró una resolución

Se trata de la magistrada de Ejecución Penal de Mercedes que controlaba a los hermanos Lanatta
Gustavo Carabajal
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5 de febrero de 2017  

La fuga del penal de General Alvear, eje de la investigación
La fuga del penal de General Alvear, eje de la investigación Fuente: Archivo

Un fiscal de Dolores investiga si una jueza adulteró una resolución para encubrir un error que cometió cuando dispuso el traslado de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci al pabellón de Sanidad del penal de General Alvear, de donde huyeron el 27 de diciembre de 2015.

De confirmarse los indicios que sigue el fiscal de Dolores, Diego Carlos Bensi, contra la magistrada denunciada, se convertiría en el capítulo más escandaloso de la triple fuga.

César Albarracín, un ex funcionario de la administración de Daniel Scioli, fue quien presentó la denuncia por presunta adulteración de una resolución judicial contra la jueza de Ejecución Penal, de Mercedes, Marcela Otermín. En el momento de la cinematográfica fuga, Albarracín se desempeñaba como secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia provincial y era el supervisor de Florencia Piermarini, quien estaba a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ambos funcionarios fueron cuestionados por no haber alertado sobre el riesgo de fuga de los tres condenados por el triple homicidio de la efedrina. Pocos días después de asumir como gobernadora, María Eugenia Vidal los desplazó y frenó sus designaciones en el Poder Judicial bonaerense.

El fiscal de Azul Cristian Citterio, a cargo del expediente que se inició para establecer las responsabilidades en la triple fuga, también comenzó a investigar a Albarracín.

Sin embargo, según reveló el diario Compromiso, de Dolores, en enero pasado, durante la feria judicial, Albarracín se presentó en los tribunales de esa ciudad para ratificar la denuncia contra la jueza Otermín.

Una copia, la clave

En su defensa contra la investigación del fiscal Citterio, Albarracín denunció que tres días después de que los hermanos Lanatta y Schillaci huyeron del penal de General Alvear, la jueza Otermín habría presentado un informe que contendría datos apócrifos. En su denuncia, el ex funcionario expresó que la magistrada cambió una resolución que había dictado el 5 de agosto de 2015, cuando dispuso el alojamiento de los Lanatta en el pabellón 10 del penal de General Alvear.

Una de las medidas que dispuso el fiscal Citterio para investigar la triple fuga fue solicitar los expedientes de los Lanatta para tratar de establecer quién había ordenado los traslados al penal del que huyeron. Esos legajos llegaron a la fiscalía de Azul el 30 de diciembre de 2015. Allí figuraba una resolución firmada por la jueza Otermín del 5 de agosto de 2015, cuatro meses y medio antes de la fuga. Dicha resolución ordenaba para la custodia de los hermanos Lanatta la "asignación de guardia armada permanente y monitoreo continuo con cámaras de seguridad".

Según Albarracín, la jueza no tuvo en cuenta, al dictar esa resolución, la prohibición de que los guardiacárceles usen armas dentro de los pabellones para evitar que los internos se las arrebaten y tomen rehenes.

Como magistrada de Ejecución Penal de Mercedes, Otermín debe controlar los cumplimientos de las condenas de los presos sentenciados por diversos delitos en el mencionado departamento judicial. Debido a que Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron asesinados en General Rodríguez, los acusados fueron condenados por un tribunal oral del Departamento Judicial Mercedes, con jurisdicción en la escena del triple crimen.

Así fue como a Martín y Cristian Lanatta, una vez condenados a prisión perpetua, se les asignó los expedientes 11.084 y 11.085 en los que se consignarían todas resoluciones y dictámenes que se presenten con relación a sus vidas tras las rejas.

Igual que en un proceso de instrucción, en el fuero de Ejecución Penal hay un defensor oficial y un fiscal a los que el magistrado debe notificar de cualquier decisión.

La sospecha por la presunta adulteración de resolución surgió cuando Albarracín obtuvo la copia del expediente que le corresponde a la Defensoría de Ejecución Penal y estableció que una parte del texto de la resolución del 5 de agosto de 2015, era distinta de la que se presentó el 30 de diciembre de 2015. "Nada se consignó sobre haber ordenado la vigilancia con guardia armada las 24 horas ni el monitoreo con las cámaras de seguridad", expresó el ex funcionario.

La investigación de la denuncia contra la jueza fue asignada a la fiscalía de Dolores. Ante una acusación contra un magistrado, debe ser un fiscal de otra jurisdicción quien investigue, según estableció la ley. La causa que tiene a la magistrada como acusada está en pleno proceso y el fiscal Bensi ordenó peritajes en los expedientes de los Lanatta.

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