La AFIP le pidió a la Justicia que Cristobal López no pueda eludir su juicio penal a través del pago de una moratoria

Cristobal López
Cristobal López Fuente: Archivo
El organismo presentó un escrito a la Cámara de Casación en el que consideró que el empresario y la conducción que encabezaba Ricardo Echegaray cometieron un fraude contra el Estado por la falta de pago del impuesto a los combustibles por $ 8000 millones
Martín Kanenguiser
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3 de marzo de 2017  • 15:50

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió ante la Justicia que el empresario Cristobal López y el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray , sean juzgados por la justicia federal y no por el fuero penal económico.

La intención del organismo tributario que conduce Alberto Abad es impedir que el empresario petrolero y del sector de medios pueda evitar un juicio penal a través del pago de su deuda con el fisco de 8000 millones de pesos.

El escrito fue presentado ayer por el apoderado legal de la AFIP, el abogado y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra , ante la cámara de Casación, luego de que la cámara federal confirmara la decisión de primera instancia de pasar el caso del fuero federal al penal económico.

En el escrito, la AFIP afirmó que "la declinatoria de competencia al fuero en lo penal económico implica la impunidad de los hechos que son objeto de este proceso". El juez federal Julián Ercolini se había declarado incompetente y trasladó la causa al fuero en lo penal económico, por lo que López podría eludir la acción penal y no podrían ser juzgados los funcionarios de la gestión de Echegaray, acusados por el equipo de Abad.

"Esta querella ha pretendido que los hechos que resultan objeto de este proceso encuentra adecuación típica en la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos. Circunstancia que impide la extinción de la acción penal por pago, prevista por la ley 27.260", según la presentación ante Casación.

La AFIP consideró que López cometió el delito de defraudación al Estado porque retuvo por varios años el impuesto a los combustibles cuando tenía su red de estaciones de servicio Oil, con la complicidad del equipo de Echegaray.

"Si los hechos resultan materia exclusiva del fuero en lo penal económico, los responsables de las empresas cuestionadas podrán acogerse a los beneficios previstos por la ley 27.260 y pretender una resolución anticipada del proceso, que no resulta admisible en este fuero, respecto de los delitos por los que hemos querellado a los imputados", indicó.

Además, "en caso de extinguirse por aquellas cirunstancias la acción respectiva, los funcionarios públicos imputados resultarán impunes".

"De este modo -sentenció- todos los funcionarios de la AFIP que organizaron el entramado delictivo denunciado eludirán la acción de la Justicia por un beneficio que les está expresamente prohibido".

Al respecto se acusó a los ex funcionarios de la AFIP de haber "permitido causar, a la empresa Oil Combustible S.A., del Grupo INDALO, perteneciente a los empresarios nombrados, un perjuicio de enorme magnitud al erario público al no ingresar la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC)". También, "se le permitió el acogimiento a diversos planes de facilidades de pago, cuando ello no correspondía, omitiendo la ejecución de deuda del tributo que había sido, efectivamente, recaudado". Por último, "se habría omitido deliberadamente reclamar el pago de la deuda cuando la misma ya era exigible, al retener la información de su exigibilidad. Esto sucedía al mismo tiempo que se producía la descapitalización de Oil combustibles S.A., a favor de otras empresas del Grupo Indalo, quedando ella misma en un estado de incapacidad de afrontar la deuda fiscal creciente".

En el mismo sentido se pronunció el fiscal de cámara Germán Moldes, en un escrito en el que también pidió que la causa vuelva al fuero federal, al considerar que el delito "es uno más de los hechos que forman parte de la matriz corrupta" del kirchnerismo.

Cerca de López reiteraron que el empresario está dispuesto a pagar la mitad de la deuda al contado y el resto en un plazo mucho más corto que el previsto por la moratoria.

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