Una crisis que no tiene retorno

Aníbal Pérez-Liñán
Aníbal Pérez-Liñán PARA LA NACION
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31 de marzo de 2017  

LISBOA.- El Tribunal Supremo de Venezuela despojó ayer a la Asamblea Nacional de sus poderes constitucionales y asumió efectivamente la función legislativa. A partir de este fallo, que desmantela el Poder Legislativo, ya no es posible negar que Venezuela se encuentra bajo un régimen autoritario.

Esta decisión concluye el largo proceso terminal de la democracia bolivariana. Hace apenas dos días, el Tribunal privó a los diputados de su inmunidad parlamentaria y otorgó atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro, anticipando una posible escalada contra las fuerzas opositoras.

En el último año, el Tribunal emitió más de treinta sentencias de inconstitucionalidad contra los actos legislativos. Constituyó así lo que el politólogo Javier Corrales denominó un "escudo judicial" para proteger al gobierno.

En un país desesperado, carente de alimentos y medicinas, toda elección libre generaría una derrota para el partido gobernante. Por ello, el referendo revocatorio respaldado por una amplia mayoría de los votantes fue bloqueado (por decisión judicial) en octubre pasado, las elecciones regionales originalmente agendadas para fines de 2016 fueron postergadas y las elecciones municipales de este año aún no tienen fecha. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en un proceso de "relegitimación" de los partidos políticos, que posiblemente reducirá en un 80% el número de partidos legalmente autorizados a presentarse a elecciones.

El desmantelamiento de la democracia venezolana no comenzó con Nicolás Maduro. El paso irreversible fue dado mucho tiempo atrás, en 2009. El presidente Hugo Chávez, derrotado por primera vez en el referéndum constitucional para autorizar su reelección indefinida en 2007, decidió dos años más tarde relanzar el plebiscito en otro formato para lograr su objetivo a pesar de todo. Fue entonces cuando las cartas quedaron sobre la mesa: el régimen bolivariano reconoce la voluntad popular solamente cuando ésta coincide con la voluntad de los gobernantes.

Frente a esta realidad, la Organización de los Estados Americanos se ha visto paralizada y buena parte de sus países miembros han mantenido un silencio embarazoso, como si la afinidad ideológica fuese un justificativo para condonar el autoritarismo. La soberanía del Estado es una triste excusa para callar cuando la soberanía popular está conculcada. En algunos momentos históricos, el silencio es complicidad. Venezuela, tristemente, nos ofrece hoy uno de estos momentos.

El autor es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh

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