Algunos dilemas del cine argentino

Marcelo Stiletano
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23 de abril de 2017  

El conflicto que estalló el 12 de abril con el desplazamiento del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ), Alejandro Cacetta, está lejos de zanjarse por completo. Hay derivaciones institucionales y políticas muy importantes que están pendientes de definición, varios espacios de debate abiertos y en algunos casos todavía bastante encendidos, denuncias que esperan ser investigadas, algunos rumbos de acción decididos sobre la base de certezas y otros impulsados por conjeturas acerca de lo que podría ocurrir en un futuro cercano.

Presenciamos a lo largo de estas últimas dos semanas una sucesión constante de agitadas deliberaciones en asambleas públicas, despachos oficiales y estudios de televisión. Es bastante probable que la intensidad de esas polémicas disminuya en las últimas horas. Detrás de todas ellas asoma lo más importante, lo que va a perdurar en medio de los reclamos, las propuestas y los compromisos: la posibilidad cierta de pensar un presente y un futuro para el cine argentino, cuya compleja maquinaria quedó a la vista de todos como nunca antes había ocurrido en los últimos tiempos.

Poner bajo la lupa los engranajes básicos y esenciales de ese mecanismo es incómodo, y a la vez estimulante. El cine es una actividad compleja que involucra a múltiples actores (no sólo aquellos que dan la cara frente a la pantalla) y los desacuerdos en el camino son la moneda corriente. De hecho, resultó más complicado organizar el armado de la primera reunión desde la salida de Cacetta entre las autoridades del Ministerio de Cultura y del Incaa con el sector audiovisual (cuya integración es múltiple en cantidad y embrollado en la determinación de la representatividad de cada sector) que llevarla a cabo y lograr que surgiera de ella una agenda común.

A partir de ese encuentro, realizado el jueves, el Gobierno encontró aire para completar el reajuste interno del Incaa tras la salida de Cacetta y el sector audiovisual logró instalarse como interlocutor capaz de convertir algunas de sus reivindicaciones en compromisos concretos de futuras acciones gubernamentales. Al día siguiente, la estrategia se completó con la primera reunión como responsable máximo del Incaa que mantuvo Ralph Haiek con el Consejo Asesor del organismo, dentro del cual tiene representación, por ejemplo, la Asociación Argentina de Actores.

Uno de los reproches que se le había hecho al proceder oficial fue el modo en que ese Consejo Asesor quedó al margen de la decisión de despedir a Cacetta, convirtiendo el Incaa en un organismo intervenido de hecho. El jueves, la decena de entidades que acudió a la convocatoria de Cultura logró el compromiso del Gobierno de llevar al Consejo Asesor el presupuesto anual del Incaa para su aprobación como instancia previa de su envío a Cultura. Es una manera de recuperar la institucionalidad perdida.

Entre esas entidades se destacó la presencia del Proyecto Cine Independiente (PCI), que advirtió como pocas desde el primer día del conflicto el riesgo de desfinanciar al cine argentino y privarlo de sus recursos. Del documento suscripto tras esa reunión se desprende una certeza: que esas entidades representativas del sector audiovisual finalmente le creen al Gobierno cuando afirma que mantendrá a rajatabla todas las fuentes de aporte al Fondo de Fomento Cinematográfico. Así las cosas, las instituciones que participaron de la Asamblea Audiovisual reunida dos veces en el Gaumont, que aparecen hoy fuera del diálogo y estudian nuevas movilizaciones quedaron de hecho en una postura meramente testimonial.

Cuando ese documento salió a la luz ya estaba instalado en la calle, a pleno, un debate mayúsculo alrededor del cine argentino. Algunos volvieron a preguntarse por qué el Estado insiste en sostener la producción de películas que en definitiva nadie ve. Otros recordaron que en todo el mundo la producción de películas se sostiene a través de algún tipo de subvenciones o apoyos públicos. De lo contrario, el cine allí no tendría razón de existir. En Estados Unidos, los gobiernos estatales compiten entre sí con planes de estímulo fiscal a través de sus film commissions oficiales para seducir a los productores y lograr que los rodajes se instalen en sus territorios. Hasta la poderosa Motion Pitures Association of America, que nuclea a los grandes estudios de Hollywood, destacó en un documento presentado hace un tiempo a las autoridades (y revelado por Luis Puenzo el martes pasado en el programa 50 minutos, en LN+) la importancia de los incentivos de producción (con reembolsos y beneficios fiscales) para aumentar la cantidad de películas filmadas en un país.

Un avezado hombre del sector audiovisual argentino dijo a LA NACION que sin estímulo oficial a esa producción innovadora que no tiene por qué llenar los cines (títulos llamados de "convocatoria previa" en los nuevos planes de fomento anunciados por el Incaa en septiembre pasado) no existiría la posibilidad cierta "de que aparezcan nuevas Lucrecias Martel".

Esa cuestión quedó planteada sin ambages en la conversación propiciada por LA NACION entre siete jóvenes y talentosos directores argentinos que presentan sus películas en el Bafici. La nota firmada por Alejandro Lingenti y publicada ayer en estas páginas exhibe la dinámica y la complejidad de los dilemas. Están los que protestan por el excesivo centralismo de las decisiones y reclaman mayor federalización. También quienes dicen que todo el cine que se hace al margen del mercado y de los planes de fomento (experimental o en la búsqueda de una "renovación de la imagen", según la directora Florencia Percia) queda completamente a la intemperie. Y no faltan quienes cuestionan los criterios de financiamiento aplicados desde hace años en el fomento cinematográfico.

Hoy, la atención se desplazó claramente hacia el próximo debate por la ley de convergencia, del que surgirá el grueso de los fondos del futuro estímulo oficial al cine. Hasta ahora, entre el 60 y el 65% de ese monto surge de un canon que las empresas de radio y TV le pagan al Ente Nacional de Comunicaciones. Algunos quieren creer que el Gobierno está pensando en reducir o eliminar ese aporte en la nueva ley. Otros, desde el sector audiovisual, sostienen que el fondo de fomento aumentaría si se suman eventuales contribuciones de las TIC (empresas tecnológicas) y otras plataformas. Los dilemas perduran. Y son ahora mucho más visibles que antes.

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