La Pampa: entre la ilegalidad y la demagogia

La decisión del gobernador Verna de eximir a empleados públicos del pago de impuesto a las ganancias sólo apunta al corto plazo, profundizando la inequidad
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2 de mayo de 2017  

El decreto del gobernador pampeano, Carlos Verna, por el que se exime del pago de ganancias a empleados estatales dependientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de su provincia, ha sido fuertemente cuestionado desde el gobierno nacional, que, con razón, pedirá la nulidad de ese instrumento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es, sin duda, lo que corresponde hacer, ya que se trata de una medida tan absurda como demagógica que, en la práctica, terminará perjudicando a todos los distritos del país.

La Nación recauda y distribuye ese impuesto de acuerdo con los porcentajes fijados por la coparticipación federal. Es decir, se trata de un impuesto cobrado por las provincias, que vuelve en parte a ellas según porcentajes prefijados. Retacear su pago, como ha decidido Verna, es poner trabas a la generación de ayuda para distintos tipos de obras en todo el país, entre ellas, las de infraestructura.

Si La Pampa o cualquier otro distrito deciden eximir de pagarlo a parte o a la totalidad de sus empleados, la Nación recibe menos dinero para coparticipar, es decir, será menor la suma para distribuir entre todas las provincias, incluida la propia La Pampa.

¿Cuál es el beneficio entonces para los empleados públicos de ese distrito que, en principio, se verían favorecidos por la eximición? Probablemente, uno de muy corto alcance, meramente coyuntural, más vinculado con la necesidad del gobernador de evitarse una discusión paritaria. Con esa medida, queda expuesta la estrategia de Verna de pretender conformar a los empleados públicos con una suba de sueldos a todas luces espuria y claramente violatoria del principio de igualdad ante la ley.

Definir conceptos no sujetos a retenciones en los haberes de los trabajadores estatales crea, además, una manifiesta desigualdad con quienes se desempeñan en el ámbito privado. Y, también, con los trabajadores públicos del resto de las provincias que sí deben seguir pagando ese impuesto.

Representa un acto de demagogia por parte del gobernador Verna, asimilable al que en 1997 tuvo el entonces mandatario santacruceño Néstor Kirchner cuando, también por decreto, dispuso que ni él ni ningún miembro de su gabinete pagara ganancias sobre las remuneraciones adicionales percibidas en concepto de "dedicación especial, responsabilidad jerárquica, viáticos, movilidad, gastos funcionales de autoridad superior, dedicación horaria y exclusiva, desarraigo, indemnización por traslado y otros conceptos de similar naturaleza y significado".

Una sociedad se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos. El impuesto a las ganancias sigue vigente y, mientras ello ocurra, corresponde pagarlo.

Desde estas columnas hemos criticado en forma reiterada que ese tributo se haya convertido en confiscatorio para un gran número de asalariados, por lo que sostenemos que debería ser progresivamente eliminado. Pero eso no implica violar las leyes en vigor.

El propio Mauricio Macri había prometido durante la campaña electoral que, durante un eventual gobierno suyo al frente de la Nación, los trabajadores no pagarían más ganancias. Ya en el poder, minimizó la cuestión diciendo que ese tributo sólo alcanzaba al 3 por ciento de la población. Más tarde, se hicieron leves modificaciones que no compensan de ningún modo aquella promesa.

El gobierno nacional justificó luego la permanencia del impuesto en la desesperante situación económica que recibió tras más de 12 años de gestiones kirchneristas. Cuesta creer que sus asesores no lo hubieran alertado debidamente sobre el catastrófico estado de cosas que se hallaría al asumir. De todos modos, esa discusión, de la que pretendió sacar rédito político la oposición en el Congreso, no es justificación para que cada distrito haga lo que le parezca, desconociendo el marco normativo vigente.

Tampoco estuvo éticamente justificada aquella lamentable sanción parlamentaria de 1996, cuando entre gallos y medianoche, un amplísimo número de legisladores de todo el espectro político aprobó una ley para autoeximirse del pago del impuesto a las ganancias. Fue tal el escándalo que provocó la maniobra que el entonces presidente Carlos Menem decidió vetarla.

El caso de los jueces es ya conocido. Por ley sancionada el año último, los nuevos magistrados deberán pagar ganancias. El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó recientemente que lo harán a partir de mediados de 2017 y que su cartera, junto con las de Hacienda y Finanzas, y la AFIP, trabaja en la reglamentación de la norma.

Insistimos: ese tributo debería ser eliminado, pues ha pasado a ser un impuesto al salario, pero esa derogación debe estar inscripta en una reforma tributaria integral que contemple un tenaz combate al gasto público improductivo y la generación de un shock de confianza que estimule la inversión y el empleo de calidad.

Mientras eso no se produce, las excepciones no son admisibles ni siquiera para los jueces, a los que habría que pagarles más, acorde con la jerarquía de las funciones que desempeñan, y de forma que no se afecte la intangibilidad que les otorga la Constitución.

La discusión está abierta y resulta impostergable definirla. Tomar el atajo del gobernador Verna no sólo no ayuda a hallar soluciones, sino que agiganta el problema.

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