La niñez debe ser bien defendida

Dalile Antúnez
(0)
10 de mayo de 2017  

El pasado 9 de marzo, la justicia federal dictó una sentencia histórica, en la cual exhortó al Congreso a designar al defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tras más de once años de demora, e impuso la obligación de informar al juzgado sobre el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley. La sentencia fue dictada en una causa iniciada por organizaciones de la sociedad civil que en 2015 demandaron la designación de quien tiene la función de velar por la protección de los derechos de la niñez ante las instituciones públicas y privadas. Muchas de estas organizaciones también integran el colectivo Infancia en Deuda, que reclama activamente la designación del defensor.

Fuente: LA NACION

Una vez conocido el fallo, los presidentes de ambas cámaras del Congreso dictaron una resolución en la que designaron a los miembros de la comisión bicameral y propusieron un reglamento para la realización del concurso público para elegir al defensor, procedimiento que ahora debe ser evaluado por esa comisión. Sin embargo, el procedimiento propuesto a la comisión no ofrece garantías procedimentales mínimas tendientes a asegurar la idoneidad e independencia de la persona que ocupe ese rol, y de ser aprobado, permitiría la elección discrecional de quien ocupe ese cargo, en contraposición a lo que prevé la ley.

Casi la mitad de los niños menores de 14 años en la Argentina vive en situación de pobreza, y niños y adolescentes en general padecen graves vulneraciones a sus derechos más básicos. A modo de ejemplo, hace unos días cobró visibilidad la situación de más de 500 niños en situación de vulnerabilidad que no tienen vacantes para ir la escuela, en la zona de Cuartel V, en Moreno. Es evidente que los derechos de la niñez a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a ser escuchados, entre otros, necesitan mecanismos de rendición de cuentas que contribuyan a hacerlos efectivos.

Debido a que la figura del defensor es un organismo de control, la ley previó algunas garantías fundamentales tendientes a asegurar su idoneidad e independencia. Se exige que la persona que ocupe el cargo acredite idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de la niñez, se establece que la evaluación de la designación a cargo del Congreso debe realizarse por una comisión bicameral mediante concurso público de antecedentes y oposición, y que las decisiones deben adoptarse por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

Entre otras falencias, la propuesta de reglamento no contempla ningún tipo de examen (concurso de oposición), no prevé la presentación de una declaración jurada tendiente a evaluar incompatibilidades y conflictos de interés, y tampoco establece mecanismos adecuados y suficientes para asegurar la transparencia del proceso y la participación de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, ni de niñas, niños y adolescentes.

Por la Cámara alta, integran la comisión bicameral que debe aprobar un reglamento para el concurso Norma H. Durango, Juan Manuel Abal Medina, Sigrid E. Kunath, Pamela Verasay y Adolfo Rodríguez Saá. Por la Cámara de Diputados, los integrantes son Samantha María Celeste Acerenza, Ana Carla Carrizo, Mayra Soledad Mendoza, Verónica Mercado y María Florencia Peñaloza Marianetti.

El Congreso actual tiene la oportunidad histórica de saldar una deuda de más de once años con la infancia. Enfrenta también el grave riesgo de malograr irremediablemente este organismo de control, si la designación es el resultado de un reparto de cargos vacantes entre fuerzas políticas y no de un proceso transparente y participativo orientado a garantizar la independencia y la capacidad de quien ejerza el rol. Para eso es necesario un compromiso profundo con valores democráticos y con la construcción de instituciones de control fuertes, cuyo rol debe dejar de ser visto como una amenaza para empezar a ser consideradas un mecanismo clave para fortalecer el Estado en su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Coordinadora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Integrante de Infancia en Deuda.

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?