Para controlar el financiamiento de la política, la Justicia electoral pide una alianza con AFIP

La Camara Nacional Electoral le pidió ayuda a Abad para detectar quienes son los aportantes de campana y prevenir facturación trucha
Maia Jastreblansky
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23 de mayo de 2017  • 09:20

El financiamiento de la política puede ser un terreno pantanoso y opaco. Los partidos y, sobre todo, las campañas, se sostienen con donaciones cuyo origen no siempre es claro para las autoridades judiciales. La Cámara Nacional Electoral, el tribunal que controla los números de las agrupaciones políticas, comenzó a buscar alianzas con distintos organismos para rastrear de dónde proviene el dinero que se vuelca a los candidatos.

La Cámara Electoral le pidió colaboración a la AFIP para auditar el origen de los aportes a los partidos políticos y las campanas, de cara a las próximas elecciones legislativas. El tribunal había tenido infructuosos intentos durante el kirchnerismo, cuando el ente fiscal estaba comandado por Ricardo Echegaray . Los múltiples reclamos nunca habían recibido respuesta. Ayer, reiteró el pedido.

Según pudo conocer LA NACION, mediante una carta al actual titular de la AFIP, Alberto Abad, los camaristas resaltaron que el organismo fiscal posee un "rol central" para controlar el financiamiento electoral, dado el volumen y relevancia de la información de que dispone, con incidencia en el control patrimonial de las agrupaciones políticas.

Entre otros puntos la AFIP podría estipular la capacidad contributiva de sus aportantes, detectar la facturación trucha para justificar gastos de campaña y realizar la identificación fiscal de los soportes publicitarios en vía pública.

Más acuerdos

Para "prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, provenientes del lavado de activos o del narcotráfico" volcados en la política, la Cámara Nacional Electoral ya firmó acuerdos con la Procelac (la procuraduría que investiga delitos económicos) y con la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente encargado de alertar ante operaciones financieras sospechosas. En marcha, aunque todavía sin firmar, estan dos acuerdos de cooperación con la Inspección General de Justicia (IGJ) y con la Anses.

El origen de todos estos convenios fue una acordada de 2014, en la cual la Cámara Nacional Electoral cito a juristas extranjeros que que destacaron que "todavía existe preocupación por la revisión del uso de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos para que no se infiltre el dinero del crimen organizado".

"El narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una creciente incidencia en algunos países de la región" y es "uno de los problemas más serios que afronta el estudio de la financiación ilegítima de la política", señalaba la acordada. En la Argentina, aún persiste el mal recuerdo de la campana de 2007, donde se detectaron aportantes vinculados al tráfico de la efedrina.

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