Sin avances en Brasil, la justicia argentina acelera su investigación

Martínez de Giorgi allanó oficinas de Odebrecht y de Iecsa; se demora la llegada de datos sobre las coimas
Hernán Cappiello
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6 de junio de 2017  

La firma brasileña fue allanada ayer por orden del juez Martínez de Giorgi
La firma brasileña fue allanada ayer por orden del juez Martínez de Giorgi Fuente: Archivo

La información de los arrepentidos brasileños de Odebrecht con la confesión de a quiénes pagaron sobornos no llega y los jueces argentinos se impacientan. A más demora, mayor desconfianza. Creen que Brasil está poniendo por encima de sus obligaciones de colaborar los intereses de la firma constructora. Por eso cortaron por lo sano y aceleraron con sus propios procedimientos para buscar información sobre las obras hechas en el país. Y si en el futuro llega la confesión, se reunirá con las pruebas que puedan obtener por su cuenta.

Con esta tesitura, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó ayer las empresas del consorcio adjudicatario de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Las firmas allanadas fueron Odebrecht, que ganó el contrato junto con la firma Iecsa, la constructora que perteneció al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; la italiana Ghela, y Comsa.

A estas empresas envió el juez a las autoridades de la Policía Federal para buscar papeles: los contratos, facturas, certificaciones de avances de obras y legajos, entre otros.

Actuó impulsado por el fiscal Franco Picardi, que en un sesudo dictamen le solicitó que provea unas 17 medidas de prueba contra la constructora brasileña.

Un indicio de lo sensible del material secuestrado y sus consecuencias lo da el hecho de que el juez dispuso el secreto del sumario en esta investigación, según indicaron allegados al expediente.

El fiscal pidió que se identifiquen las irregularidades administrativas en este expediente del Sarmiento y que se individualicen los ex funcionarios que intervinieron en la licitación; quiere además correos electrónicos, números de teléfono y nombres de las personas vinculadas a esa contratación y de las competidoras. El fiscal le pidió al Gobierno que le informe todas las obras públicas que realizó Iecsa, los legajos de los funcionarios de la gestión anterior y, si existen, constancias de reuniones entre ellos y ejecutivos de la constructora junto con cruces de llamadas entre ellos.

En esta causa hay dos indicios que permiten sospechar el pago de sobornos: dos grupos de correos electrónicos que vinculan a ex funcionarios del kirchnerismo y a la empresa Iecsa.

El primer grupo de correos lo integran dos mails de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime -actualmente preso-, en los que reclama un pago de 80.000 dólares a ejecutivos de Odebrecht, como parte de la coima.

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El segundo grupo, de cinco correos, fue publicado por el diario O Estado de S. Paulo. Esos mails son de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, que trabajaba en el "departamento de sobornos" de la firma Odebrecht. Allí se menciona al ingeniero Javier Sánchez Caballero, un directivo de Iecsa, como participante de reuniones con la constructora brasileña y se mencionan pagos de sobornos por 20 millones de dólares, identificados con la sigla DGI.

Los implicados en la causa son Julio De Vido, Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, Iecsa y funcionarios que otorgaron el contrato del soterramiento del Sarmiento.

Esta medida de Martínez de Giorgi es similar a la que tomó la semana pasada el juez Sebastián Casanello, que fue a buscar su propia prueba a los edificios de Odebrecht. El razonamiento es el siguiente: el cohecho es un delito bilateral, entre un corruptor y un funcionario que se corrompe. No deja evidencias. Sin embargo, en estos casos hay indicios de una administración fraudulenta, como sobreprecios, readecuación de mayores costos, incumplimientos, que son evidencias de otro delito. Si en medio de la recopilación de pruebas llegan las confesiones, entonces se incorporarán, reflexionan los funcionarios.

En forma paralela, también Casanello allanó ayer Iecsa, pero por otra causa: el caso de la ruta del dinero K y la financiera La Rosadita. A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, fue a buscar las obras que hizo Lázaro Báez con Austral Construcciones y Iecsa. El propio Báez lo pidió cuando dijo que se debía investigar a sus socios y el diputado kirchnerista Héctor Recalde hizo una presentación en este sentido.

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