Piden que tampoco aprueben los balances de la campaña de Massa, Stolbizer y Del Caño

El fiscal Di Lello pidió suspender los recursos políticos para hacer campaña
El fiscal Di Lello pidió suspender los recursos políticos para hacer campaña Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
El fiscal Di Lello sugirió suspender los recursos públicos para hacer campaña; ya lo había hecho también con Macri, Scioli y Rodríguez Saa
Iván Ruiz
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18 de julio de 2017  • 15:36

Después de objetar las cuentas de las campañas presidenciales de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saa , el fiscal Jorge Di Lello pidió también que la Justicia tampoco apruebe los balances electorales 2015 del resto de los candidatos: Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda).

El funcionario avaló su decisión, presentada ante la jueza electoral María Romilda Servini, en las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial. A la espera de una nueva respuesta de los partidos -que ya intentaron justificar sus desajustes en varias ocasiones-, Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos que le corresponden para los comicios entrantes.

"Esta fiscalía entiende que las observaciones que se formularon a cada uno de ellos no han sido subsanadas en su debida forma", escribió el fiscal. Di Lello, además, agregó: "las alianzas no han podido demostrar de forma precisa el origen y el destino de los fondos recibidos".

Falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar son algunas de las observaciones realizadas por los auditores de la Cámara Electoral, que analizó los informes de financiamiento de todas las fuerzas políticas.Los partidos respondieron las inquietudes de los analistas, pero en la mayoría de los casos no pudieron justificar sus faltas.

Cambiemos, Frente para la Victoria, UNA y Compromiso Federal son los partidos con observaciones más complejas, informaron fuentes judiciales. En cambio, Progresistas y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tuvieron sólo algunas observaciones administrativas de menor calibre, aclararon.

La suspensión de fondos públicos, la sanción propuesta por el fiscal, difícilmente pueda condicionar a los partidos en esta elección legislativa. La medida sólo puede concretarse en el caso de que un posible fallo de Servini quede firme, lo que permitiría a las fuerzas contar con esos fondos para estos comicios con una simple apelación.

Después del pedido de Di Lello para que rechace el financiamiento electoral, la jueza Servini todavía debe expedirse sobre los balances de las seis fuerzas políticas que participaron en 2015. La Cámara Electoral exigió que la resolución llegue antes de las PASO.

Campaña anticipada

La Cámara Electoral remarcó en la auditoría que la lista encabezada por Massa incurrió en llamativos gastos de pre-campaña, es decir, aquellos desembolsos realizados antes del período permitido por ley. Decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por no haber sido declarados. Ahora investigan el origen del dinero para todos esos gastos.

A pesar de que la instalación de Massa en la calle y en los medios estuvo a la altura de sus competidores, el Frente Renovador declaró la campaña más económica entre los candidatos con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada: $57 millones; menos de la mitad que Macri y Scioli.

En su lista de aportantes (menos de 40 nombres), el frente UNA incluye algunos funcionarios cercanos a Massa, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes -todos con bajos montos- están en la planta de empleados de Tigre, territorio propio para el líder opositor.

Pero la mayor cantidad de fondos recaudados por el Frente Renovador no se concretaron mediante el aporte "hormiga" de empleados públicos, sino por las transferencias internas de los partidos de la alianza. Fueron $ 25 millones; una buena parte girado desde el Frente Renovador bonaerense. Especialistas y funcionarios judiciales coinciden: como no existe ley que regule el financiamiento electoral en las provincias, la recaudación en los distritos como el bonaerense se convierten en un verdadero "agujero negro" de la política.

Por: Iván Ruiz

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