Piden investigar a la empresa de Wagner y a Electroingeniería

La fiscal Boquín sospecha que pudieron cometer "delitos y abusos" contra un acreedor en una concesión vial; son empresas que crecieron durante el kirchnerismo
Hugo Alconada Mon
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3 de octubre de 2017  

Crédito: Electroingeniería S.A.

La fiscal general del fuero Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se investigue si dos empresas de notable crecimiento durante el kirchnerismo, Electroingeniería y Decavial, cometieron algún delito en perjuicio de sus acreedores durante la tramitación del multimillonario concurso de la firma concesionaria que controlaron juntos durante años, Vial 3 SA.

Boquín requirió además a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que analicen las supuestas maniobras denunciadas por un acreedor contra Electroingeniería, en particular "en la asignación de las obras públicas".

Electroingeniería y Decavial conformaron una unión transitoria de empresas (UTE) que, a través de una firma controlada, Vial 3 SA, se quedó con la concesión del "corredor vial Nº 3". Abarcó tramos de las rutas nacionales 9, 11, 18, 188, A008 y A012, y de la autopista Rosario-Armstrong, pero en 2010 presentó su concurso ante la justicia comercial.

El juez de primera instancia convalidó el avance del concurso preventivo de Vial 3 SA y rechazó los reclamos de un acreedor que denunció múltiples irregularidades, por lo que su abogado, Gerardo Conte Grand, recurrió a la Cámara de Apelaciones.

Cuando el concurso llegó a las manos de Boquín, la fiscal compartió el criterio del acreedor. Consideró que corresponde investigar posibles delitos y abusos. En particular, estimó, porque Vial 3 SA "habría transferido los riesgos de su actividad a los acreedores, que son los que finalmente soportarán las pérdidas". Eso, afirmó la fiscal, "configuraría un claro ejemplo de uso abusivo de la herramienta concursal".

Criticada desde el Gobierno por los dictámenes que presentó este año en el concurso del Correo Argentino SA -una empresa que explotaba la familia Macri- y por su amistad con el ex funcionario kirchnerista Ricardo Nissen, la fiscal Boquín también pidió a la cámara del fuero que decrete la nulidad del concurso de Vial 3 SA y disponga múltiples medidas de prueba sobre esa empresa y, por extensión, sobre Electroingeniería -de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra- y Decavial, del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción durante el kirchnerismo Carlos Wagner, quien se convirtió durante los últimos meses en uno de los grandes protagonistas del capítulo argentino del Lava Jato.

"Ambas serían empresas con emprendimientos multimillonarios en dólares contratadas por el Estado nacional y por diversas provincias para el desarrollo de obras públicas y habrían tenido un crecimiento exponencial en los últimos diez años", explicó Boquín, al repasar los argumentos de Conte Grand. "Estarían sospechadas de actividades irregulares y existirían causas penales vinculadas con algunos de sus actos", abundó.

En su dictamen, Boquín planteó además que si no se investiga "se estaría premiando a un deudor por defraudar a sus acreedores", y estimó que de mantenerse la situación actual "se habrá perfeccionado un fraude". Boquín se apoyó, en particular, en las objeciones del acreedor representado por Conte Grand, quien planteó al juez en primera instancia y a la cámara que el concurso no era más que una solapada estrategia de "enriquecimiento ilícito" y "abuso de derecho" por sus controlantes.

Para Vial 3, sin embargo, el dictamen de Boquín "carece de fundamento fáctico y jurídico", se desentiende de las "circunstancias de la causa" e incluso de la "normativa legal aplicable al caso", mientras que el reclamo del acreedor resultaría "extemporáneo y fuera de lugar". Más aún, para los abogados de Vial 3, el expediente "tramitó en forma totalmente transparente, se cumplieron todas las normas de la ley y, como lo decidió el juez, el acuerdo preventivo no es abusivo".

Por el contrario, Boquín consideró que debe investigarse si tras expirar la concesión sus accionistas disolvieron y liquidaron la sociedad mediante prácticas que configuran un abuso del derecho y, en la práctica, un enriquecimiento ilícito que de mantenerse resultaría un premio multimillonario para un deudor que defraudaría así a sus acreedores. Los camaristas Julia Villanueva, Rafael Barreiro y Ángel Sala resolvieron como primera medida correr traslado al síndico y a Vial 3 de los argumentos del acreedor y de la fiscal, para luego citarla a una audiencia.

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