Denunciaron a los hermanos Rodríguez Saá por un subsidio millonario

El gobernador le otorgó 80 millones a la fundación de su hermano, en un trámite polémico
Marcelo Veneranda
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3 de octubre de 2017  

Adolfo y Alberto Rodríguez Saá
Adolfo y Alberto Rodríguez Saá Fuente: Archivo

Diputados de Avanzar y Cambiemos de San Luis denunciaron penalmente al gobernador Alberto Rodríguez Saá y a su hermano, Adolfo Rodríguez Saá , por la entrega de un subsidio de 80 millones de pesos a la fundación Mujeres Puntanas, que el senador y candidato a renovar su banca creó junto a su esposa, Gisela Vartalitis, y que sortea electrodomésticos en medio de la campaña electoral.

La denuncia, a la que accedió LA NACION, fue presentada ayer ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 1 de San Luis y alcanza también al vicegobernador, Carlos Ponce, y a los funcionarios que participaron en la entrega del subsidio millonario a una fundación sin antecedentes, creada poco antes de recibir los fondos.

Los diputados de la oposición puntana los acusan de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial, en una maniobra que además viola la ley de financiamiento electoral.

De acuerdo con la documentación recabada por la oposición local, Adolfo Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis constituyeron la Fundación Mujeres Puntanas el 21 de julio y aportaron un capital inicial de 20.000 pesos.

El 1° de septiembre, Vartalitis envió una nota a su cuñado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, para solicitar 80 millones de pesos para financiar el proyecto Mujeres Emprendedoras. Sin mayores detalles, el pedido se sintetizó en cuatro carillas.

Ese mismo día, la provincia firmó un convenio con la fundación para dar curso al programa. El convenio fue avalado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción provincial, Sergio Freixes, otro de los denunciados.

Con notable rapidez, el convenio fue homologado el 8 de septiembre a través del decreto provincial 5762, que también ordenó disponer el pago de los 80 millones a la fundación. No lo firmó el gobernador, sino su vice, Carlos Ponce, a las 15.50.

Sin embargo, los diputados opositores descubrieron que cinco minutos antes, a las 15.45 (quedó registrado el trámite electrónico), el gobernador sí firmó otro decreto (el 5761) para reestructurar partidas y que los 80 millones estuvieran disponibles. Los fondos se liquidaron ese mismo día.

Alejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Norma Pastor, Ingrid Blumencwig y Sergio Guardia son quienes impulsaron la denuncia.

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