Los jueces de San Luis esquivan la causa del subsidio millonario que apunta a los Rodríguez Saá

El senador Adolfo Rodríguez Saá y su hermano, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá
El senador Adolfo Rodríguez Saá y su hermano, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá Fuente: Archivo
En diez días, un juez federal y uno provincial se declararon incompetentes y el expediente fue remitido a la Corte Suprema de la Nación para que decida quién debe hacerse cargo
Marcelo Veneranda
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20 de octubre de 2017  • 11:25

Como una papa caliente, la justicia federal y provincial de San Luis esquivan la causa por los 80 millones de pesos que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá le entregó a una fundación creada por su hermano, el senador y candidato renovar su banca Adolfo Rodríguez Saá, y su cuñada, Gisela Vartalitis.

Se trata de la entidad Mujeres Puntanas, fundada por "El Adolfo" y Vartalitis el 21 de julio de este año, que tramitó y obtuvo en tiempo récord el subsidio millonario no reintegrable y que reparte electrodomésticos y otros artefactos en medio de la campaña electoral.

Se conoció hoy la resolución del juez provincial Cadelago Filippi, que se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por los diputados provinciales opositores Alejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Norma Pastor, Ingrid Blumencwig y Sergio Guardia. Filippi entendió que se trata de una causa de competencia federal y remitió el expediente a la Corte Suprema de la Nación, para que resuelva cuál tribunal debe tratarlo.

Sucede que hace apenas diez días también se había declarado incompetente el juez federal Juan Maqueda, que entendió que los delitos denunciados correspondían ser analizados por la justicia provincial.

Detrás de este pasamanos judicial, la oposición puntana ve la influencia de los Rodríguez Saá sobre los tribunales. "Ningún juez en San Luis se quiere hacer cargo de investigar la corrupción de los Rodríguez Saá", le dijo a LA NACION el diputado Cacace.

El trasfondo electoral y los reproches judiciales

El eje de la cuestión pasa por el trasfondo electoral de la maniobra denunciada. Los diputados opositores señalaron que la entrega del millonario subsidio configuró los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial.

Pero, lo que es central, los denunciantes indicaron que toda la operatoria estuvo destinada a alimentar la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá, lo que configuraría una infracción a la ley federal de financiamiento de partidos políticos (26.215).

El juez federal Maqueda, en base al dictamen del fiscal federal subrogante Cristian Rachid, entendió lo contrario. "No se advierte en autos ilícito penal alguno que, en razón de la materia, de las personas o de los lugares, quede comprendido en la competencia del fuero de excepción. En efecto, en razón de los sujetos involucrados (funcionarios, públicos provinciales y personas jurídicas y físicas particulares) y del origen de los fondos públicos en cuestión, no se advierte posibilidad de afectación de patrimonio, función, servicio o institución nacional alguna", señalaran en la resolución, a la que accedió LA NACION.

En la resolución de hoy, que obtuvo este diario, el juez provincial Filippi, previo dictamen del fiscal Ernesto Lutens, entendió que "la denuncia no comprende hechos susceptibles de ser escindidos e investigados de manera separada" y "mucho menos por jurisdicciones de distinto orden". De paso, reprendieron al juez Maqueda: "Es quien debe llevar a cabo la investigación a efectos de determinar la competencia federal o bien descartarla, pero no remitirla a la Justicia Ordinaria sin más fundamento que un par de citas doctrinarias", escribió Filippi.

Es el criterio de los denunciantes. "La competencia federal se funda en que hay una violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque ha habido aportes ilegales a la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá, como senador nacional, que es un cargo federal", le dijo a LA NACION Cacace, diputado de la alianza Avanzar y Cambiemos, que en las PASO derrotó al frente que los Rodríguez Saá conformaron con el kirchnerismo.

El paso a paso de los 80 millones

Adolfo Rodríguez Saá y su mujer, Gisela Vartalitis, protagonizaron un romántico video por el Día de la Primavera. La fundación que crearon en julio recibió 80 millones de pesos de la provincia y reparte electrodomésticos en medio de la campa?a del senador
Adolfo Rodríguez Saá y su mujer, Gisela Vartalitis, protagonizaron un romántico video por el Día de la Primavera. La fundación que crearon en julio recibió 80 millones de pesos de la provincia y reparte electrodomésticos en medio de la campa?a del senador Crédito: Captura

De acuerdo con la documentación recabada por la oposición local, Adolfo Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis constituyeron ante escribano la Fundación Mujeres Puntanas el 21 de julio y aportaron un capital inicial de 20.000 pesos.

El 1° de septiembre, Vartalitis envió una nota a su cuñado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, para solicitar 80 millones de pesos para financiar el proyecto Mujeres Emprendedoras. Sin mayores detalles, el pedido se sintetizó en cuatro carillas.

Ese mismo día, la provincia firmó un convenio con la fundación para dar curso al programa. El convenio fue avalado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción provincial, Sergio Freixes, otro de los denunciados.

Con notable rapidez, el convenio fue homologado el 8 de septiembre a través del decreto provincial 5762, que también ordenó disponer el pago de los 80 millones a la fundación. No lo firmó el gobernador, sino su vice, Carlos Ponce, a las 15.50.

Sin embargo, los diputados opositores descubrieron que cinco minutos antes, a las 15.45 (quedó registrado el trámite electrónico), el gobernador sí firmó otro decreto (el 5761) para reestructurar partidas y que los 80 millones estuvieran disponibles. Los fondos se liquidaron ese mismo día.

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