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¿Cuántos presos son necesarios para la redención de la justicia federal?

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello LA NACION
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31 de octubre de 2017  • 23:55

¿Cuantos presos son necesarios para que se redima la justicia federal? ¿Cuántas renuncias son indispensables para que quede libre del pecado del descreimiento? ¿Cuántos juicios políticos deben activarse para expiar las faltas de un poder en deuda con la sociedad? ¿Cuántas condenas o absoluciones vale la credibilidad?

La Justicia federal se activó en los últimos dos años para imprimir velocidad a los casos de corrupción y logró consolidar cuatro procesos penales concatenados que tienen procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner , sospechada de integrar una banda que se dedicó a defraudar al Estado con obras públicas en beneficio de Lázaro Báez y al mismo tiempo enriquecerse.

Además, la Justicia federal en este tiempo, envió a la cárcel a Lázaro Báez, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Ricardo Jaime , José López y Roberto Baratta. Ahora se sumó Julio De Vido , con varias causas en su espalda.

Pero tanta cárcel no alcanza para expiar los pecados de una década donde las decisiones judiciales acompañaron al kirchnerismo. A fuerza de carpetazos de inteligencia o bajo la mirada de un Consejo de la Magistratura que los tenía a tiro de juicio político, muchos de los jueces que hoy se convirtieron en implacables justicieros, acompañaron.

Con el cambio de Gobierno y a pesar de que avanzaban sobre los poderosos del pasado, entendieron que su poder estaba en tela de juicio. Desde el Gobierno no confiaban en ellos y quisieron avanzar sobre sus juzgados.

Rápidos, se agruparon en la Asociación de Jueces Federales, que se transformó en un foco de poder para hacer oír sus voces y a la vez buscar un sillón en el Consejo de la Magistratura, pues tratan de que la representación de los jueces en ese cuerpo no quede en manos de la Asociación de Magistrados.

Comodoro Py funciona estas semanas a marcha forzadas. Los funcionarios kirchneristas se chocan en los pasillos citados a declarar por los jueces, los juicios se suceden y las salas de audiencias no dan abasto. El juicio contra Carlos Menem por encubrir la AMIA, ayer tuvo que interrumpirse 45 minutos para que los jueces que condenaron a Guillermo Moreno pudieran ocupar la sala y leerle la sentencia. Moreno, condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, festejó cantando con el pecho hinchado la marcha peronista y entraron Hugo Anzorreguy y Juan Galeano para seguir siendo juzgados por AMIA. Hoy ocupará ese mismo asiento Amado Boudou . Mientras en el subsuelo, D’Elía pedía ser absuelto ante un pedido de pena de 4 años y 8 meses de la fiscalía por tomar una comisaría. Fue hace 13 años. Otro intento de redención judicial. Tardío.

La movida completa de los jueces y fiscales federales parece más una autodefensa por la década pasada que un acto de contrición.

El Gobierno los denostó, la gente les desconfía y los jueces y fiscales se repliegan como un insecto, haciéndose fuertes en su encierro.

Ante el avance de las causas que complicaban a funcionarios kirchneristas se armó otro polo de poder en el extremo opuesto: Alejandra Gils Carbó, la procuradora que ungió el kirchnerismo, fundó Justicia Legítima. Se sumaron funcionarios judiciales honestos con una idea de la Justicia accesible contra las corporaciones a militantes que pusieron las banderas por encima de su función.

Gils Carbó se convirtió en el acicate de cada caso contra el gobierno macrista. Cristina Kirchner era su único soporte y perdió en la provincia.

Gils Carbó resistió hasta donde pudo. Terminó procesada por fraude por la compra de un edificio. Los votos que obtuvo Cambiemos en las últimas elecciones, sumados al fallo que señala que alcanza una mayoría de legisladores para buscar su remoción la hicieron entender que sus cartas estaban echadas. Y en el juego político tenía una mano perdedora.

El puente para irse lo construyeron su abogado León Arslanian y el ministro Germán Garavano, que negociaron su salida. Aún queda pendiente saber que ocurrirá con su procesamiento por fraude que deben revisar los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.

Su renuncia tampoco alcanza para la redención de la Justicia. Ahora quien la suceda en el cargo deberá tener el suficiente equilibrio, independencia y presencia institucional para ponerse por encima de Legítimos y agremiados y restablecer la confianza en el Ministerio Público como garante de la legalidad.

No son las condenas que sean capaces de imponer las que le devolverán el crédito a la justicia. No bastan los arrepentidos que motoricen un Lavajato local. El Lavajato tiene que ser de la justicia y alcanzar a todos los fueros y a las fiscalías.

La Justicia sigue en el subsuelo de la consideración pública y nada de lo que diga o haga alcanza para que recupere credibilidad. Excepto comenzar a autoexaminarse con tanto ahínco como autopreservarse.

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