La burocracia fiscal, el otro lado del costo impositivo

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5 de noviembre de 2017  

La Argentina ha alcanzado un nivel de presión fiscal récord en nuestra historia económica y muy cercano a la presión fiscal promedio de los países desarrollados. Un segundo aspecto significativo es que a pesar de esta presión fiscal hay déficit fiscal, que se cubre con endeudamiento. En pocas palabras, el Estado gasta más que lo que le ingresa, a pesar de que en los últimos años consiguió ingresos muy elevados. El tercer aspecto destacable es que aún se estima que existe una alta evasión impositiva. Alta evasión combinada con alta presión fiscal significa que la presión fiscal que soportan quienes cumplen es más elevada que el promedio, y seguramente mucho más elevada que el promedio de los países OCDE.

Pero hay otro plano del prisma fiscal. El del cumplimiento de deberes formales por parte de los contribuyentes tanto sea para informar, como para actuar como agente de recaudación. Un contribuyente con actividad comercial o industrial y algunos empleados a su cargo, debe presentar 17 declaraciones juradas anuales de ingresos, ganancias, activos y patrimonio. Además, debe informar directores, accionistas, síndicos, libros y presentar su balance comercial.

A su vez, por su actividad comercial debe presentar en el año otras 36 declaraciones juradas (IVA, ingresos brutos, SUSS) con un detalle individualizado empleado por empleado de salario, datos de registros, y aportes previsionales. Este subtotal de 53 declaraciones es una cifra razonable, y también es razonable el contenido de información que requieren los aplicativos vigentes para su cumplimiento.

A estas obligaciones de pago deben agregarse las obligaciones de información y recaudación de terceros. Y es aquí donde a mi juicio el Estado se ha excedido en la razonabilidad de exigencias. Tanto en cantidad de declaraciones requeridas como en cantidad de información detallada respecto de terceros.

El régimen de Citi ventas y compras exige presentar electrónicamente un detalle de cada una de las ventas y compras realizadas a lo largo de cada mes. Este régimen afecta sobre todo a las empresas pyme, que tienen escasos recursos de sistemas y en numerosas oportunidades recurren a la carga manual de cada operación en el aplicativo AFIP.

Otro capítulo son los regímenes de recaudación de impuestos de terceros. A nivel nacional, los contribuyentes son agentes de retención del impuesto a las ganancias; y en la mayoría de los casos son agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos en el que cada provincia ha establecido un régimen recaudatorio con pautas y reglas propias. Por último, las empresas también deben actuar como agentes de recaudación de recursos destinados a la seguridad social; en especial por los pagos a empresas de seguridad, de personal eventual, y de limpieza.

En una empresa promedio, este conjunto de deberes acumula 84 obligaciones de presentaciones de declaraciones juradas a lo largo de un año. Más las 53 obligaciones por impuestos propios da 137.

En cada oportunidad de efectuar un pago a proveedores las empresas están obligadas a validar la factura en dos bases de datos, una de AFIP a nivel nacional, y otra en la provincia de Buenos Aires

Mi visión es muy crítica respecto de la permanencia de todos estos regímenes. En primer lugar porque se aplica un criterio de descentralización que desperdicia recursos valiosos. En las empresas y en el Estado. El Estado tiene registros propios en los que existe la misma información que los fiscos vuelven a pedir al contribuyente. No tengo dudas en cuanto a la conveniencia de tender a una centralización informativa para que cada dependencia pueda acceder a través de sistemas a una única base de datos.

Administrar el cumplimiento de estas obligaciones es costoso para las empresas. Excluyendo a las corporaciones que suelen contar con recursos humanos y tecnológicos, cualquier empresa mediana debe destinar entre 2 y 3 empleados calificados sólo al cumplimiento de las obligaciones de información y recaudación de terceros. Este costo no es fiscal, o por lo menos no lo parece. Pero en verdad es fiscal pues debería agregarse al resto de costos impositivos para medir una presión fiscal que también contemple estas obligaciones encubiertas.

Finalmente, me pregunto si un cúmulo tan importante de información no termina siendo inabarcable para los analistas fiscales. Nuestra experiencia nos indica que se han logrado escasos resultados surgidos a partir de estas toneladas de datos. Demasiado esfuerzo exigido al contribuyente para escasos resultados obtenidos por sus receptores.

Creo que debería aprovecharse este tiempo de reflexión para diseñar un sistema impositivo equitativo, que permita al Estado cumplir con sus objetivos, pero también para hacer una derogación amplia de regímenes ineficaces, que contribuyan de modo directo a un alivio en los costos de las empresas que deben recuperar productividad.

El autor es tributista y socio del Estudio La Vista Casal

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