Cómo es el proyecto de ley que busca regular la responsabilidad de los intermediarios en Internet

Crédito: James Cridland/Flickr bajo licencia CC BY 20
El miércoles se votará en Diputados la sanción del proyecto de ley; LA NACION contactó a especialistas a favor y en contra del proyecto, que involucra libertad de expresión y derechos de autor, entre otras cuestiones
Sebastián Davidovsky
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24 de noviembre de 2017  • 00:02

El miércoles próximo la Cámara de Diputados podría sancionar la ley que regula la responsabilidad de los intermediarios en Internet . En principio, según fuentes del Congreso, ya se confirmó que estará en la orden del día, con muchas posibilidades de ser sancionada: la comisión de Comunicaciones e Informática, que preside Juan Brugge (del interbloque UNA), logró unanimidad en el dictamen. “Viene con un apoyo importante”, señaló Brugge ante la consulta de LA NACION. En octubre del año pasado fue aprobada en el Senado, tras haber sido impulsada por Federico Pinedo (PRO) y Liliana Fellner (FPV)

¿Quiénes son los intermediarios de Internet y qué dice el proyecto?

El proyecto de ley define a los intermediarios de Internet como aquellos que proveen una plataforma tecnológica para que otros usuarios intercambien información. Esto incluye a los proveedores de Internet (Fibertel, Arnet, Speedy, Telecentro, etc), de servicios de publicación de contenidos (Facebook, por ejemplo), proveedores de servicios de comercio electrónico (Mercado Libre) y proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos (Google).

El objeto de la ley es regular la responsabilidad de ellos, “ a efectos de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho que resulte afectado”.

A los proveedores se los desvincula de responsabilidades, excepto que exista una orden judicial de por medio. En otro apartado, la ley también menciona la autorregulación de las plataformas: si bien se los exime del control y monitoreo de los contenidos generados por terceros, los obliga a establecer mecanismos para suspender o cancelar servicios que violen las condiciones de uso de las plataformas.

Por poner un ejemplo: Google o Cuevana, dice la ley, no serán responsables de dar acceso a un sitio que publicó contenido sin tener los derechos correspondientes (una película, un software, etcétera), pero sí deben dejar de enlazar esa página ante un pedido judicial. Lo mismo para los sitios que vinculan modelos con páginas de prostitución, un caso clásico: se considera que el buscador es sólo un intermediario, y no el promotor de esa asociación. O si en Mercado Libre alguien vendiera libros que son copia de originales: el sitio de compraventa es sólo un intermediario.

Sobre el proyecto existen dos contrapuntos muy importantes. Los que lo apoyan creen que es una ley general que apunta a la libertad de expresión y a deslindar las responsabilidades de los proveedores de Internet en los comentarios que hayan hecho terceros. Quienes se oponen, creen que genera trabas en la baja de contenidos protegidos con derechos de autor, judicializando un proceso que hasta hoy puede realizarse en las mismas plataformas, sin necesidad de estudios de abogados.

El texto del proyecto que ya tiene media sanción

¿Quiénes están a favor?

Numerosas organizaciones civiles se manifestaron a favor del proyecto porque protege la “libertad de expresión” en internet. Para Javier Pallero, analista de políticas públicas en Access Now, genera “certeza jurídica. Pone el estándar judicial para todos. Se juega más por la libertad de expresión”. Un comunicado firmado por diversas organizaciones civiles expresa que “los intermediarios juegan un rol crucial en el ejercicio de derechos fundamentales en Internet y por lo tanto, se debe amparar a la ciudadanía de cualquier regulación que desnaturalice su función y les otorgue potestades de remoción de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Nunca debe ser el Sector Privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la información publicada por un usuario de Internet”. Para Pallero evita los “abusos de los pedidos privados” en materia de eliminación de contenidos en Internet.

Pablo Palazzi, abogado y director del Centro de Tecnología y Sociedad (CETYS) de la Universidad de San Andrés, coincide con Pallero. “Nos parece un avance, el proyecto tiene que salir, porque sino vamos a volver atrás en regulación de Internet. Se han dado de baja cierres de campaña de un candidato a presidente porque detrás tiene una canción de fondo”, ilustra Palazzi.

Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet, que agrupa a todos los actores del ecosistema en Argentina, con socios que van desde pequeñas cooperativas del interior hasta los grandes jugadores, también se mostró optimista con la regulación: “esta ley otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y permitirá fomentar la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet”.

Voces en contra del proyecto

En los últimos días, también aparecieron distintas cámaras manifestando su disgusto por el proyecto. Entre las más salientes, se encuentran las que protegen los derechos de autor. La Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA), y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) mostraron su rechazo a la medida.

“Elimina la responsabilidad de los proveedores de servicio. A partir de ahora no van a bajar más contenidos protegidos con derechos de autor sin orden judicial. Abarrotar los tribunales es un costo para el Estado y las editoriales. Es para proteger a estas plataformas que se adueñan del tránsito de las obras y la circulación de contenidos”, cree Gerardo Filipelli, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como abogado de CAL. Fillipelli cree que con esta nueva ley, los autores “no contarían con un sistema adecuado para evitar la piratería por internet”.

En la misma sintonía, Federico Polak, presidente de CADRA, cree que “elimina la posibilidad de que alguien procurando defender los derechos de autor tenga la facultad de sacar un contenido sin necesidad que lo ordene un juez”.

En otro aspecto, el abogado Martín Leguizamón, especializado en nuevas tecnologías (quien defendió a la modelo Belén Rodríguez frente a Google, un caso que llegó hasta la Corte Suprema ), cree que esta ley “es un retroceso”. “Las tecnológicas tardan mucho en sacar contenidos injuriantes. Estamos perdiendo la oportunidad de crear una ley que sea fácil y sencilla de utilizar por las verdaderas víctimas de las nuevas tecnologías. Cualquiera te puede difamar en un blog anónimo. Las tecnológicas deberían tener una pena monetaria por no eliminar contenidos de manera adecuada y tiene que estar claro de cuánto es el monto en la ley”, señaló.

Derechos de autor y libertad de expresión, en pugna

“Esta ley no avanza sobre los derechos de autor. No hace falta poner nada porque ni modificamos ni derogamos la ley de propiedad intelectual que sigue teniendo vigencia”, señala el diputado Brugge. Y especifica: “la autorregulación en este sentido va a seguir”.

Pallero considera que esta ley “no es la ideal para los que quieren que los contenidos se bajen rápido. Lo que hay que definir es si lo que privilegiamos tiene que ver con la velocidad o con las garantías. También hay que considerar que en casos graves (por ejemplo porno venganza) la autoregulación de las plataformas ya funciona de manera veloz para evitar la propagación de contenidos”.

Desde la cámara del libro, Fillipelli, en cambio, cree que no hay “capacidad fáctica de acudir legalmente” en cada caso. Y sostiene que lo que funciona es la vía extra judicial. “Con las denuncias que permiten las plataformas hoy, bloquean preventivamente pero están obligados a advertirle al usuario; si el usuario tiene derechos lo puede volver a subir. La mejor manera de evitar abusos en la baja de contenidos que no presentan problemas es que sean sancionados quienes intentaron bloquear incorrectamente. Con eso se puede corregir”.

El miércoles, en la Cámara baja, seguirá el debate.

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