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Poder Judicial, igualdad y privilegio

Los miembros de la Justicia gozan de irritativas situaciones de excepción que atentan contra el sistema republicano y que deben ser modificadas sin dilación
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28 de noviembre de 2017  

Distintos estudios de opinión pública informan que la imagen del Poder Judicial ha experimentado un profundo deterioro en los últimos diez años, al tiempo que la credibilidad de los jueces no supera el 18%. A la inacción de muchos de los jueces federales en lo penal de los últimos 12 años, que amenaza aún con extenderse a pesar de esta sospechosa hiperactividad reciente, se agrega hoy el debate sobre el régimen tributario privilegiado que rige para este sector.

El eterno argumento de los jueces para no pagar el impuesto a las ganancias se basaba en una supuesta intangibilidad de sus remuneraciones. Cuando ese fundamento parecía ya razonablemente superado y se preveía un plan gradual para que los nuevos jueces sí pagaran Ganancias, sin afectar supuestos derechos adquiridos de los actuales, se conoció una acción judicial promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) intentando detener esa solución, otra vez con el argumento de la intangibilidad salarial. Recordemos que la citada asociación representa al 80% de los jueces nacionales y federales.

La intangibilidad surge de una cláusula de nuestra Constitución tomada de la de los Estados Unidos. Allí, tras un período en el que se los consideró exentos, finalmente en 1939 la Corte Suprema estadounidense entendió que los magistrados deben abonar sus impuestos generales. Se sostuvo que "someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar".

Convengamos que, siendo ya sumamente cuestionable la exención, hasta el punto de convertirse en irritativa, la difusión de una acordada de la Corte Suprema de la Nación de 1996 extendiendo el beneficio también a funcionarios y a empleados del Poder Judicial, incluido personal de maestranza o contratados, constituyó un absurdo mayor. El falaz argumento en este caso fue que se trataba de una "garantía para los justiciables".

Ahora nos encontramos con que la mencionada asociación intenta, mediante una acción colectiva, hacer una reinterpretación de la ley, alegando "despejar la incertidumbre" sobre a quiénes gravaría la norma para todo el Poder Judicial; proponiendo que se debería computar el año de ingreso a la Justicia y no aquel en el que son nombrados. El planteo es que paguen sólo quienes se incorporen al Poder Judicial, en la escala más baja, a partir de 2017. De esta forma, la reforma afectaría a muy pocos magistrados y el ingreso del gravamen se dilataría por años.

Sin duda, no es un buen ejemplo para la ciudadanía, en un país que debe, además, sanear su déficit fiscal, que los jueces interpongan una acción en su afán por prolongar el cuestionado beneficio de la exención impositiva por más años.

A todo esto, se añaden las recientemente difundidas jubilaciones de varios ex ministros de la Corte, que superan los $ 300.000 mensuales, con variaciones según los casos, igualmente exentas del impuesto a las ganancias.

El reciente mensaje del presidente de la República, exigiendo un esfuerzo también al Poder Judicial, destaca que los judiciales trabajan sólo seis horas y tienen un mínimo de vacaciones de 45 días, 30 días de la feria de enero y 15 días en julio. Con expedientes amontonados en pasillos a la espera de tratamiento, resulta igualmente cuestionable, como bien destacó Macri, que el horario de atención de la Justicia sea hasta las 13.30 o que los empleados del Poder Judicial gocen de un generoso régimen de licencias, para no hablar de las numerosas jornadas perdidas por paros.

El particular régimen laboral que nos ocupa presenta más incoherencias, como la de pretender sostener la exención en que un juez en ejercicio no puede trabajar en otra cosa fuera de la judicatura. Pero al jubilarse, pasando a cobrar prácticamente lo mismo, recupera el derecho al libre ejercicio de la profesión, lo cual constituye otro factor no sólo irritativo, sino también contrario al fundamento de la prestación jubilatoria.

El conjunto de situaciones de excepción, por más excelsa que sea la función de juzgar y la necesidad de dignificarla al máximo, pone de manifiesto un estado de desigualdad con el resto de la administración pública, cuya eficiencia y actualización el actual gobierno ha encarado. La norma que fija que a igual carga corresponde igual trabajo no se cumple en este caso y se viola el concepto constitucional que establece taxativamente que "la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas".

La Amfjn no tardó en expresar su malestar y convocar por correo electrónico a sus miembros a presentar con carácter de urgencia alternativas a las propuestas de eliminar la feria judicial de julio, llevar la feria judicial del 15 de diciembre hasta el 15 de enero, extender el horario de atención al público desde las 9.30 hasta las 15.30, ampliar a ocho la cantidad de horas de trabajo y fijar el régimen de licencias conforme a la antigüedad y restringir licencias especiales, cuando lo que se plantea es una reforma mucho más seria y profunda.

Con el mayor respeto por la independencia de poderes, y en todo caso precisamente en su defensa, es necesario que estas diferencias rayanas en lo discriminatorio para con el resto de la población sean modificadas sin más dilación, manteniendo la jerarquía remuneratoria que nuestros jueces merecen, pero eliminando privilegios y situaciones de excepción que claramente atentan contra el sistema republicano.

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