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Comodoro Py espía la lista negra

Francisco Olivera
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2 de diciembre de 2017  

Aquella famosa lista negra de 562 nombres que, cada tanto, en reuniones privadas, Mauricio Macri dice en broma tener en mente, cobró relevancia después del triunfo del Gobierno en las últimas elecciones. Es una nómina de dirigentes a quienes el Presidente suele atribuirles parte del atraso argentino y la dificultad de un cambio cultural. "Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto", llegó a decir en confianza, según consignó hace dos meses el periodista Marcelo Cantón.

En la intimidad, alejado de sus asesores comunicacionales, Macri acostumbra ser políticamente incorrecto. Quienes lo conocen lo han escuchado repetir varias veces aquella metáfora aeroespacial y, según la cercanía del confidente, incluso hasta nombres propios. Un día, durante un festejo de cumpleaños, todavía con Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara Federal, el Presidente se lo nombró a quemarropa a un empresario que estaba entre los invitados. "Yo sé que es amigo tuyo, pero no puede ser que siga siendo camarista", le dijo, y el empresario murmuró una respuesta de compromiso. Relaciones incómodas que proliferan últimamente en el círculo rojo, cantera inagotable de esa lista de 562 caídos en desgracia.

La Justicia ocupa un lugar decisivo en la depuración que anhela Macri. Una de las razones es económica: si lo que pretende son inversiones de largo plazo, lo menos que le pedirán las corporaciones es que aquí se cumpla la ley. Es seguramente el motivo que encontró para no mover de lugar la reunión de Finanzas y Bancos Centrales del Grupo de los 20, que empezó ayer nada menos que en Bariloche, en las narices del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y a la que se agregará en dos semanas un encuentro de tres días en el Llao Llao. "No van a llevar a la Argentina a la agenda de violencia", dijo esta semana el Presidente sobre el conflicto en Villa Mascardi, predio turístico que sigue convulsionado por la muerte del activista Rafael Nahuel en un desalojo de Prefectura. Y otro test interesante podría arrancar este jueves, si el Gobierno decide no renovarle la licencia a OCA, una empresa investigada por haberse quedado con aportes patronales de sus empleados y, al mismo tiempo, de inmejorable relación con los Moyano, que anticiparon que protestarán en la calle si se cierra esa fuente de trabajo.

No hay capital sin garantías. En los países que tienen desarrollados los créditos hipotecarios, por ejemplo, el sistema funciona porque la ley protege al que presta. Pero aquí todo ha sido siempre más enrevesado: décadas de extravagancias institucionales tientan a los hombres de negocios a aferrarse a lo único seguro, que es la relación con el poder, y es ese esquema el que una Justicia verdaderamente honesta y eficiente tiende a combatir.

El banquero Jorge Brito es desde hace unos días la cara más visible de estas contradicciones que, por nominación de origen, rozan también el núcleo presidencial. El fiscal Franco Picardi volvió a recordar esa externalidad esta semana, cuando le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi un embargo preventivo sobre los bienes de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, en la causa que investiga posibles coimas de Odebrecht al gobierno de Cristina Kirchner.

Es una paradoja. Su condición de ex contratista pone al Presidente en una posición incómoda que sólo podría resolver la Justicia, que a su vez será creíble si hace caer el peso de la ley también sobre Socma o Iecsa. De otro modo no se van a despejar las suspicacias del establishment: si hay algo que sobra en Comodoro Py son jueces dispuestos a congraciarse con el poder. Brito, señalado por el arrepentido Alejandro Vandenbroele como quien le habría pagado una mensualidad para silenciarlo en el caso Ciccone, tuvo su primer respiro el lunes, cuando salió del llamado a indagatoria ante el juez Ariel Lijo sin un pedido de detención. Era su principal temor, porque está convencido de ser parte de esa lista de 562.

Brito y Macri se llevan mal desde hace tiempo y no sólo por una razón. La última fue el respaldo del banquero a la campaña de Sergio Massa, que vino en realidad a cerrar una parábola de desencuentros que había empezado hacía más de diez años, cuando Macri no era más que un ex dirigente de Boca con pretensiones de convertirse en jefe de gobierno porteño en 2007 y, después, decía él, presidente de la República. Por entonces, en sus charlas, recorridas y pedidos de aportes de campaña, el ingeniero de Socma les decía a sus pares empresarios que tenían que apostar a su proyecto porque, con él, con un país normalizado y en el que se respetara la ley, las propias compañías valdrían infinitamente más. Entonces, decía el candidato, ese aporte proselitista sería ínfimo en relación con aquel presente. Pero Brito no compartía esas enajenaciones. Al contrario: dio a entender de manera terminante que no pensaba hacerlo, se levantó abruptamente de la reunión y dejó a Macri hablando con un colaborador. Es cierto que el banquero nunca fue un buen pronosticador político. En agosto pasado, por ejemplo, horas antes de las primarias, tenía encuestas que decían que Sergio Massa sacaría el 28% de los votos, 13 puntos más de los que obtuvo finalmente.

Para el Gobierno, trabajar por una Justicia creíble apuntalará además su acceso al financiamiento. Macri está conforme con el modo en que cree que saldrán las reformas enviadas al Congreso, porque supone que significarán un ahorro fiscal de 85.000 millones de pesos el año próximo y de 120.000 millones en 2019. Pero en el Gobierno admiten que, por ejemplo, sólo 2018 obligará a obtener 32.000 millones de dólares para financiar el déficit.

Es el costo del gradualismo en la espera de las inversiones. Por ahora, la mayor apuesta oficialista está en el programa de propiedad participada, que Guillermo Dietrich salió esta semana a vender en Estados Unidos entre hombres de negocios. "Argentina, land of opportunities", decía el primer slide de su presentación en el Wilson Center, en Washington, eslogan que repitió al cerrar. El ministro había dado la bienvenida con un argumento más policial que económico: dijo que Amado Boudou, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi estaban presos, y que esa era una muestra de que el país estaba aplicando cambios profundos. Después, en la embajada argentina, adelantó a periodistas que en pocos días saldría el decreto que le saca la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a Cristóbal López. Otro que, como Brito y parte del entorno de los Moyano, aparece en expedientes judiciales y, al mismo tiempo, en la lista negra de Macri. El desafío del Presidente es descomunal: debe convencer a una sociedad desconfiada y partida al medio de que esa coincidencia es sólo azarosa.

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