Aún no se sabe si los ocupantes del predio estaban armados

El Gobierno asegura que el juez tiene las pruebas; la comunidad lo niega
Maia Jastreblansky
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2 de diciembre de 2017  

Los mapuches aceptaron que se realice una inspección en el predio donde murió baleado Rafael Nahuel

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A una semana del operativo del Grupo Albatros de la Prefectura en el predio ocupado por el Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, aún persisten versiones antagónicas sobre lo que ocurrió durante esos incidentes donde murió de un balazo Rafael Nahuel. Las querellas de la familia del joven asesinado y los abogados defensores de los mapuches detenidos afirman que "el expediente dice claramente que no había armas de fuego en posesión de la comunidad". El Gobierno insiste en que la tesis del "fuego cruzado" y de la "militarización" de los mapuches está debidamente probada.

Cuatro fuentes de los ministerios de Seguridad y de Justicia ayer reiteraron a LA NACION la versión oficial que dio el Gobierno el día uno. Y aseguraron que hay evidencias dentro de la investigación judicial que lleva el juez federal Gustavo Villanueva que avalan esa información.

"Estamos tranquilos porque el juez ya está en posesión de pruebas que acreditan que la comunidad tenía armas de fuego y que respondió con disparos", manifestaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich. Otra fuente del Gobierno aseguró conocer que el magistrado "ya recogió evidencias de que hubo un enfrentamiento armado". Ninguna de las voces oficiales accedió a dar a conocer esas pruebas y argumentó que existe secreto de sumario.

Por ahora, la causa por la muerte de Rafael Nahuel, caratulada como "NN/sobre muerte dudosa", no tiene ningún imputado. Los peritajes balísticos arrojaron que el joven murió por una bala 9 mm (que se corresponde con las municiones utilizadas por el Grupo Albatros), que le ingresó por un glúteo y comprometió órganos vitales.

Villa Mascardi, el centro del conflicto, visto desde un drone

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Ayer declaró el primer testigo de la investigación, un empleado del Automóvil Club Argentino (ACA) que fue convocado para presenciar la requisa que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le hizo al Grupo Albatros, que depende de Prefectura. El testigo debió describir qué armas le fueron secuestradas a la fuerza y qué tipo de munición tenían. Fuentes con acceso a la investigación señalaron a este medio que el testigo dijo ver "faltantes de balas" en los cartuchos de las escopetas.

Los únicos dos indagados fueron los dos mapuches detenidos tras el operativo, Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes fueron liberados el miércoles pasado. No se los indagó por la muerte del joven, sino por el delito de usurpación y por las agresiones a la fuerza de seguridad. Al momento de leer los delitos que se les imputan, el juez Villanueva señaló "atentado contra las fuerzas de seguridad haciéndose valer para ello armas como piedras y boleadoras, entre otras".

En un comunicado, ayer los representantes de Abogados Derechos por la Igualdad, que fueron aceptados como querellantes en representación de la familia de Nahuel, señalaron: "En la primera indagatoria que se hizo pública [la realizada a los mapuches detenidos] dice claramente que no hay armas de fuego en posesión de la comunidad". Los abogados defensores de los jóvenes detenidos también aseguraron a este medio que "es falso que la comunidad portaba armas de fuego". "Sólo tiraron piedras", insistieron, y destacaron que los peritajes demuestran que ni sus defendidos ni Nahuel tenían restos de pólvora en las manos.

Este medio se comunicó con Pablo Curlo, uno de los transportistas de turismo que quedó varado en la ruta 40, a 35 kilómetros de Bariloche, al iniciarse los incidentes. "Pude ver que había unos 10 o 12 efectivos con armas largas que disparaban hacia el bosque, parados en la cinta asfáltica de la ruta. No pude distinguir si eran balas de plomo o postas de goma. No vi una respuesta desde el bosque hacia la ruta, pero no se qué ocurría en el interior del bosque", señaló. "Éramos cientos de personas paradas en la ruta que fuimos testigos de lo que ocurría". agregó.

Liberaron a los dos mapuches que habían sido detenidos el sábado

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Ramón Chiocconi, en tanto, fue una de las personas que ingresó inmediatamente después de finalizado el operativo. Es médico especializado en rescate de montaña y concejal por el FPV. Fue quien le dio los primeros auxilios a los heridos. "Había dos heridos, Micaela Johana Colhuan y Gonzalo Coña, ambos con balas de plomo, la primera en el hombro y el segundo en el codo, con orificios de entrada y de salida de atrás hacia adelante. No vi armas en el lugar", dijo a LA NACION.

Reconoció, a su vez, que los miembros de la comunidad mapuche recolectaron los casquillos de bala en el terreno, algo que podría dañar la escena para la investigación.

Ni Curlo ni Chiocconi fueron citados como testigos en la causa. Sus descripciones contrastan con el informe que remitió el Ministerio de Seguridad. Ese parte del Gobierno señaló: "Los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego de grueso calibre. El grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares, que sumados a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento".

Donda lleva una comisión al sur

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesionará el jueves en Bariloche, informó su presidenta, Victoria Donda. A la última sesión, anteayer en el Congreso, había sido citada la ministra Patricia Bullrich, quien informó que no podía concurrir. Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas se acercaron a la reunión, al igual que representantes del CELS, la APDH y agrupaciones indígenas. También estuvo el concejal del FPV y médico Ramón Chiocconi, que atendió en primer lugar a los heridos en el operativo en Villa Mascardi.

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