Un defensor para los chicos

Carolina Arenes
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11 de diciembre de 2017  

Se necesitó que lo exigiera la Justicia para que el Congreso se decidiera a cumplir con una norma que el Congreso mismo había promovido. Parece mentira, pero fue así. El Parlamento sancionó en 2006 una ley ejemplar, la 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que consagró a los chicos como sujetos de derecho y estableció obligaciones para el Estado en cuanto a garantizar su cumplimiento. Pero durante 12 años el mismo Congreso impidió que esa ley se hiciera efectiva.

Recién en septiembre de este año, y a la fuerza, después de que, en febrero, las ONG reunidas en el colectivo Infancia en Deuda lo denunciaron ante la Justicia, se logró poner en marcha el proceso que deberá culminar con la designación del defensor del niño.

¿Por qué es tan importante esa posición? Porque en materia de acción política el que no vota no mama. Se podría parafrasear así la letra de "Cambalache" para intentar explicar por qué es tan necesaria la figura del defensor. Como los chicos no se expresan en las urnas, no hay riesgo de voto castigo; como no pueden actuar ante la Justicia, que los gobiernos cumplan o no con sus obligaciones hacia la infancia no mueve el amperímetro del juego democrático. Si no tiene costos electorales, se puede seguir esperando. Aunque la tasa de pobreza de los menores de 18 años casi duplique la de los adultos; aunque su situación jurídica en delitos penales sea siempre la más endeble porque no cuentan con legislación específica; aunque la oferta educativa garantizada por ley no siempre se refleje en vacantes disponibles, lo cierto es que no pasa nada. No se pagan costos políticos por ese abandono. Ni por tantos otros.

La demora en hacer efectivo el nombramiento y avanzar con la ley después de haberla sancionado es bastante incomprensible si uno no está familiarizado con el ajedrez de la política. Pero para quienes mueven piezas en ese tablero, las razones de la demora son de Perogrullo: el poder no quiere controles. Y el defensor será precisamente eso: un factor de control, el encargado de hacer que se respeten los derechos de la infancia y denunciar su incumplimiento. El defensor del niño tendrá que ayudar a achicar la brecha que hay entre las normas y la realidad, especialmente en relación con los sectores más vulnerables. Es, evidentemente, un rol destinado a incomodar al poder, de cualquier administración, y oficialistas y opositores de ayer y de hoy admiten que eso fue lo que trabó hasta ahora el nombramiento.

Gracias al amparo de la Justicia, este año se formó la comisión bicameral que puso en marcha el llamado a concurso en el que se inscribieron más de 60 personas. Pero las ONG siguen en alerta, temen que algunas vaguedades del reglamento en cuanto a cómo será la evaluación de los candidatos y cómo se jerarquizarán en puntos los distintos requisitos faciliten que se ejerza presión para que quien sea designado no lo sea por su idoneidad y su trayectoria en defensa de la infancia y sus derechos, sino por garantizar docilidad.

Por ahora habrá que seguir esperando en estado de alerta. Que se fije la partida presupuestaria en estos últimos días de sesiones extraordinarias en el Congreso. Que se determine cómo se dará el puntaje en la evaluación de antecedentes para que no haya margen de discrecionalidad. Que se permita la presencia de las ONG en las audiencias públicas para garantizar la transparencia. Carla Carrizo, la diputada radical que preside la comisión bicameral, no niega los riesgos y, hasta cierto punto, comparte la inquietud, el temor de que a último momento no todo sea impecable. Sin embargo, confía en que cuando hay reglas claras la arbitrariedad es difícil. Pero para las ONG, aunque admiten que se ha avanzado mucho, no todo está debidamente especificado en los criterios de evaluación y temen que por esas ambigüedades se cuele algún nombre con respaldo político, pero sin respaldo de trayectoria e idoneidad.

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