Macri, sin excusas para no adelgazar al Estado

Fernando Laborda
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12 de diciembre de 2017  • 00:01

Mauricio Macri no desconoce que acaba de iniciar algo más que la segunda mitad de su mandato presidencial. Sabe que su tercer año al frente del Poder Ejecutivo Nacional le ofrecerá una oportunidad única para liderar cambios estructurales. Sencillamente, porque 2018 no será un año electoral.

Algunos hombres del oficialismo se muestran convencidos de que en la noche del 22 de octubre, cuando se conocieron los resultados de las elecciones legislativas que mostraron la derrota de Cristina Kirchner y el crecimiento de la coalición Cambiemos en todo el país, se afianzaron los cimientos de un nuevo gobierno. Desde ese momento, la administración macrista ya no estaría tan supeditada a los condicionamientos de la oposición ni a las extorsiones electoralistas.

El escenario poselectoral exhibe un dato central: la incertidumbre política sobre el quinto gobierno civil no peronista desde el nacimiento del movimiento nacional creado por Juan Domingo Perón ha llegado a su fin. Ya no sólo dejó de hablarse de la posibilidad de que Macri no concluyera su mandato y debiera dejar la Casa Rosada en helicóptero, como Fernando de la Rúa, sino que se descuenta que romperá el maleficio de los gobiernos no peronistas y también contará con serias probabilidades de prolongar su mandato hasta 2023.

Como dato adicional, ha emergido del acto electoral una Cristina Kirchner en un estado casi soñado por la mesa chica de la Casa Rosada: lo suficientemente débil para volver a presidir la Nación, pero lo suficientemente influyente para bloquear y demorar la renovación del Partido Justicialista. Por si esto fuera poco, varias de las figuras supuestamente más competitivas del peronismo, como Juan Manuel Urtubey , Juan Schiaretti y Sergio Massa , tuvieron opacas actuaciones electorales, al tiempo que los líderes provinciales del PJ a quienes mejor les fue, el formoseño Gildo Insfrán y el tucumano Juan Manzur , carecen de una mínima proyección nacional. Un combo ideal para que Macri vea despejado su camino hacia la reelección, si la economía no le juega una mala pasada.

Alentado por el nuevo contexto político, el gobierno nacional ha lanzado una serie de reformas, que incluyen un capítulo laboral, tendiente al blanqueo de trabajadores no registrados y a bajar levemente los costos de las empresas; un capítulo previsional, que apunta a aliviar algo las arcas del Estado mediante una nueva fórmula para el cálculo de los aumentos en los haberes jubilatorios; un pacto de responsabilidad fiscal con las provincias, con módicas metas para limitar el crecimiento del empleo público, y una compensación histórica a la provincia de Buenos Aires.

En el Gobierno se descuenta que, aun con dificultades, todas estas reformas serán, finalmente, aprobadas por el Congreso. Pero les quedará a las autoridades nacionales un test no menor, que será clave para definir qué tan convencidos están los funcionarios macristas de dar el ejemplo y hacer el ajuste empezando por casa.

El resultado de ese test se debería conocer bastante antes de que concluya el verano, entre enero y febrero próximos. Para entonces, se verá en qué medida el Estado nacional puede hacer su propio ajuste.

Se sabría para esa fecha si se decreta una reforma en la estructura ministerial que, de acuerdo con lo que se proyecta en la Dirección de Diseño Organizacional, a cuyo frente está el vicejefe de Gabinete Mario Quintana , achicaría en un 20 por ciento el número de cargos políticos, algo que ya está generando resistencia en varias carteras ministeriales. Se develaría también cuán dispuesto está el gobierno de Macri a dar una fuerte señal para resignar populismo y adelgazar un Estado con récord de sobrepeso, en un año sin presiones electorales que no tolera excusas.

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