La Argentina deja de ser un refugio para los terroristas

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12 de diciembre de 2017  

Durante las presidencias de los Kirchner, nuestro país se había convertido en una suerte de santuario o refugio para los terroristas que escapaban de la justicia de sus respectivos países.

Una prueba evidente de ello es la situación de Galvarino Apablaza Guerra, ex líder del terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que fue, desde 1983, el brazo armado del Partido Comunista chileno.

A Apablaza, también conocido como el "Comandante Salvador", insólitamente se le había conferido el carácter de refugiado luego de llegar a nuestro medio procurando eludir la detención ordenada por la justicia de su país, que lo buscaba afanosamente nada menos que por su participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz, en 1991, y en el secuestro de Cristián Edwards, que fuera liberado en febrero de 1992, después de tener que pagar un fuerte rescate para recuperar su libertad.

Ese particular carácter fue asignado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner luego de que, ante el pedido expreso de extradición llegado desde Santiago de Chile, nuestra Corte Suprema de Justicia autorizara expresamente esa extradición en 2010. Como señalamos ese año en esta columna, para la Corte, ninguno de los dos delitos imputados a Apablaza tenía carácter de "delito político". Agregábamos que la decisión sobre el futuro de Apablaza estaba en manos del Poder Ejecutivo que, de extraditarlo, comenzaría a cambiar seguramente la imagen adversa que tenía nuestro país por ser considerado un refugio para terroristas prófugos. Esa imagen fue adquirida como consecuencia, entre otras cosas, de la equivocada decisión de no conceder la extradición a España del reconocido terrorista "etarra", José Lariz Iriondo.

En aquel entonces, cabe recordar, la pareja de Apablaza, Paula Chain, trabajaba en la Casa Rosada, en la cercanía de la ex presidenta, a la que además acompañaba con frecuencia en sus distintos viajes al exterior. Como refugiado, Apablaza pudo, por un buen tiempo, eludir las citaciones de los magistrados chilenos que investigaban los graves delitos de los que ha sido acusado.

La prensa trasandina da cuenta de que, ante la comprensible insistencia de la justicia chilena, el gobierno nacional habría finalmente decidido extraditar a Apablaza, para lo cual previamente se le quitaría el carácter de refugiado, que nunca debió habérsele conferido.

Esto supone, en esencia, volver a la normalidad y a la legalidad. O sea, actuar como corresponde a un país normal, dando curso a los pedidos de extradición recibidos desde el exterior, particularmente cuando se trata de la investigación de crímenes de una enorme gravedad como los que en Chile se le imputan a Apablaza. Nuestras autoridades han actuado como corresponde ante un pedido que durante muchos años fue injustificadamente ignorado.

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