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El Gobierno quiere investigar a los responsables de la violencia en el Congreso bajo la figura de sedición

El Gobierno pide incluir la figura de sedición
El Gobierno pide incluir la figura de sedición Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
Los ministros de Seguridad de la Nación y de la Ciudad buscan pruebas para aportar a la Justicia; ese delito contempla penas de hasta seis años de prisión
Mariano Obarrio
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21 de diciembre de 2017  • 14:47

El gobierno de Mauricio Macri busca que los hechos de violencia y destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso del lunes último, durante la aprobación de la reforma previsional, no queden en una investigación de delitos menores como resistencia a la autoridad, sino que pretende ir a fondo y que se investigue bajo la figura del delito penal de sedición.

El gran desafío para la Casa Rosada, entonces, consistirá en lograr que el juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, pueda reunir elementos que conduzcan la investigación en ese sentido.

Si bien el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando pruebas, fotografías, imágenes de canales de televisión y testimonios, también la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está haciendo de soporte para la investigación criminal a través de las fuerzas de seguridad nacionales.

Sedición

El Gobierno pide incluir la figura de sedición
El Gobierno pide incluir la figura de sedición Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El delito de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión, y está tipificado en el artículo 22 de la Constitución Nacional y en los artículos 229 y 230 del Código Penal, aunque también podría aplicarse el artículo 226, que prevé penas de hasta 15 años.

Según pudo saber hoy LA NACION de altas fuentes oficiales, Macri y Bullrich quieren identificar no sólo a los autores materiales de los disturbios, los heridos y los destrozos, sino a los partidos políticos y organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores.

"Tenemos que llegar a las personas responsables y a las organizaciones y los partidos. Esto no puede quedar en una simple resistencia a la autoridad. Iremos a fondo y para eso sería aplicable el delito de sedición", dijo una alta fuente oficial de la Casa Rosada.

El lunes último, mientras el Congreso debatía la reforma previsional, se registraron durante cinco horas enfrentamientos violentos de activistas kirchneristas y de izquierda contra la Policía de la Ciudad, a la que se sumó luego la Policía Federal como refuerzo. Como consecuencia de ello, hubo 88 policías heridos y 60 manifestantes violentos detenidos.

El Gobierno pide incluir la figura de sedición
El Gobierno pide incluir la figura de sedición Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Según pudo saber La Nacion, el Gobierno investiga la conexión entre los principales dirigentes que responden a la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, la agrupación HIJOS, el Movimiento Libres Del Sur, que lidera Victoria Donda, y los partidos políticos de izquierda, con el Partido Obrero a la cabeza, entre otras fuerzas.

"La idea es hacer una investigación profunda para llegar a tener todas las personas que han sido responsables, y avanzar en algo que vaya más allá de una simple resistencia a la autoridad", dijo a La Nacion una fuente de la Casa Rosada. "También buscaremos el pago de los daños, las ONGs que participaron y se irá sobre sus personerías jurídicas", señaló.

"Esto requiere que las causas no vayan a las personas sino también a las organizaciones, porque ellas tienen responsabilidades: deben trabajar en el marco de una carta orgánica y la ley de partidos políticos", dicen en Balcarce 50.

El delito de sedición está previsto en el artículo 22 de la Constitución Nacional que ordena que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Por otra parte, el artículo 229 del Código Penal tipifica la figura de "sedición" y dice que será "reprimidos con prisión de uno a seis años" los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, se organicen para "deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley". En tanto, el artículo 230 fija penas de uno a cuatro años de prisión, para "1- Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional) o 2- Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código".

En tanto, el artículo 226, de "atentados al orden constitucional y a la vida democrática", le otroga prisión de cinco a quince años a los que "se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales".

Sin embargo, es difícil acreditar en este punto que los violentos "se alzaron en armas".

La gran preocupación en el Gobierno es que el juez Torres consiste en que, pese a que se pretender una investigación profunda, la primera medida del juez fue liberar a los 60 detenidos porque no pudo acreditar un vínculo probado entre ellos y los destrozos o los heridos. "Se pide un nivel de pruebas altísimo pese a que las fuerzas de seguridad los detuvieron en flagrancia, es la justicia que tenemos", se lamentaron en la Casa Rosada.

Una alta fuente oficial confirmó que "el que más gente comprometida tiene es el Partido Obrero y todos los partidos del Frente de Izquierda, incluida una arupación Marxista Leninista".

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