Suscriptor digital

La Justicia duerme con el enemigo

Sometimiento al poder, falta de probidad y retrasos burocráticos son las principales críticas que se hacen hoy a una parte de los jueces argentinos. La causa fundamental de esta situación es el interés político, que a la hora de las designaciones prevaleció sobre los criterios de idoneidad. Y aunque el mecanismo de nombramientos introducido por la reforma constitucional abre una nueva etapa, no cierra del todo el capítulo anterior.
(0)
27 de junio de 1999  

"ES del palo", susurró un asesor al oído del senador Antonio Cafiero cuando se discutía en el recinto de la Cámara alta el pliego del doctor Hernán Gustavo Bernasconi para ocupar el entonces flamante juzgado federal de Dolores. Después del abrumador fallo que esta semana declaró la nulidad de la causa contra Guillermo Cóppola, la suerte de Bernasconi parece echada en el juicio político que le sigue la misma Cámara legislativa que seis años atrás prestó su acuerdo para designarlo.

Su destino, como el de otros tantos jueces que han afrontado o afrontan similar inversión de lugar en los tribunales, desnuda las flaquezas de un sistema judicial en el que la intriga política, la falta de idoneidad y los negocios particulares de muchos magistrados y funcionarios conspiraron demasiado a menudo contra la función de asegurar los bienes, el honor y la seguridad de las personas.

Juez y parte

El catedrático Néstor Sagüés ha señalado que el Poder Judicial atraviesa hoy una crisis de imparcialidad, eficacia (sólo el 3 por ciento de todas las causas iniciadas llega a juicio) y calidad. La raíz de esta triple crisis se encuentra en el origen mismo de la restauración democrática. "Bajo la presidencia de Vicente Saadi, la comisión de acuerdos del Senado se convirtió en un ámbito más de negociación política entre el PJ y la UCR -dice el constitucionalista Daniel Sabsay-; para nombrar a un juez fue más relevante saber a qué partido respondía que su capacidad." El caso de Bernasconi es ilustrativo: en los diez años que precedieron a su designación como juez se desempeñó como congresal nacional del Partido Justicialista, diputado provincial, apoderado de la seccional La Matanza de la UOM, secretario general de Gobierno de ese mismo municipio, subsecretario de Justicia y asesor del Ministerio de Gobierno bonaerense y presidente de la Corporación del Mercado Central. Los senadores radicales consideraron que sus antecedentes académicos en legislación del trabajo no tenían mérito suficiente, pero Bernasconi fue designado con el voto del oficialismo.

El amiguismo político, agrega Sabsay, no sólo condujo a una creciente pérdida de independencia del Poder Judicial, sino que también provocó una gravísima involución técnica en todos los fueros. "Leyendo muchos fallos uno se pregunta cómo fue posible que tal juez haya podido aprobar Derecho Procesal I en la facultad", sostiene. "Si se comparan las fundamentaciones de las sentencias actuales con las de hace 30 o 40 años, se ve cómo decayó la calidad de los jueces -dice Oscar Ameal, vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal-; algunos fallos son formalmente correctos, pero encubren un descuido de los principios generales del derecho."

Ya nadie duda del diagnóstico general. "El proceso de designación era absolutamente político, sin justificación técnica -reconoce el ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo-; el Consejo de la Magistratura corrige este problema." Sin embargo, Granillo Ocampo considera que los jueces corruptos o ligados al poder de turno son tan viejos como el Martín Fierro y que la idea de que los magistrados de antaño eran mejores que los de ahora es una falacia. "Lo que ha ocurrido es que se desacralizó la figura del juez -afirma-; antes los jueces vivían en una caja de cristal, sin contacto con la realidad cotidiana." Los medios de comunicación, la revolución tecnológica y la mayor demanda de justicia por parte de la gente rompieron ese aislamiento. "Antiguamente -agrega el ministro-, era raro que los jueces tuvieran estudios de posgrado; hoy, el que no se capacite no va a poder cumplir con sus funciones". Según el diputado radical e integrante del Consejo de la Magistratura Melchor Cruchaga, el punto de inflexión de la pérdida de idoneidad del Poder Judicial fue la ampliación de la Corte Suprema y el copamiento de los fueros más importantes por parte del menemismo. "Antes de eso habría sido imposible nombrar jueces como Rogovsky Tapia, la magistrada que se hacía redactar las sentencias", sostiene.

Otro momento clave fue el portazo de León Arslanian -que renunció al ministerio de Justicia proclamando que no aceptaría a los esperpentos que el Poder Ejecutivo quería designar como jueces- y su reemplazo por Jorge Maiorano, que nombró como su segundo a Elías Jassan, uno de los hombres del gobierno que tenía diálogo directo con Alfredo Yabrán. "La Justicia empezó a poblarse de paracaidistas , como se llama en la jerga a los que no provienen de la carrera judicial", dice Cruchaga. En aquel entonces, afirman quienes conocen bien los pasillos del poder, la negociación de los nombramientos judiciales se concentró en Carlos Corach, Jorge Anzorregui -el hermano del jefe de la Side, famoso en el ambiente tribunalicio por su capacidad para ganar juicios federales-, César Arias y el propio Jassan. La Corte Suprema, con el voto siempre favorable de la "mayoría automática", acompañó este proceso. En la fundamentación del pedido de juicio político que la Alianza presentó en su oportunidad contra los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez, se reseñaron los fallos y resoluciones más resonantes en los cuales la Corte habría protegido a amigos personales del Presidente o avalado negocios como la malograda compra -con un alegado sobreprecio de US$ 2 millones- de edificios para la Justicia laboral.

Un viejo radical desencantado que maneja los entretelones del Poder Judicial piensa que no se debería haber solicitado el juicio político sólo a esos cinco ministros de la Corte, sino también a los cuatro restantes. "Es hipócrita cuestionar exclusivamente al menemismo cuando los dos grandes partidos son cómplices de esta situación -dice en riguroso off the record -; la cuestión de fondo es que, a pesar de que la mayoría de los jueces son honestos, en la Justicia se hace caja . " En otras palabras: no se trata de un problema de individuos aislados sino de la crisis de un sistema.

Cuestión de familia

La feudalización partidaria de la Justicia explica sólo una parte de esta crisis. "No todos los jueces designados originalmente con un criterio político resultaron ser malos jueces -dice Ameal-; éstos tienen más notoriedad, pero la mayoría de los magistrados son idóneos y en Tribunales todos sabemos quién es quién."

La otra parte del problema es lo que la jueza Aída Kemelmajer de Carlucci denomina corporativización u oligarquía de la toga, "una enfermedad que ataca a todo el sistema liberal y democrático" (ver Derecho Constitucional de la Reforma de 1994 , p. 237, Editorial Depalma). Se trata, en términos coloquiales, de la familia judicial .

En principio, los miembros de esta familia son los 3000 afiliados de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial: 857 jueces, alrededor de 1500 secretarios y otro millar de defensores, miembros de los cuerpos oficiales (médicos forenses, peritos calígrafos, etc.) y fiscales. Según un estudio de FIEL publicado en 1996, en todo el Poder Judicial de la Nación y de las provincias trabajan 50.000 personas. El escalafón de la Justicia está integrado por auxiliares, escribientes, oficiales, prosecretarios administrativos, secretarios, jueces de primera instancia y camaristas. Los meritorios -estudiantes avanzados de derecho que trabajan ad honorem en los juzgados-, en rigor, no existen para el escalafón, aunque ningún juzgado puede prescindir de ellos. "Es paradójico que la Justicia, que tiene que descubrir la verdad, funcione gracias a una serie de ficciones como ésta", dice Germán Garavano, del Foro de Estudios sobre la administración de Justicia (Fores).

Los mismos jueces comparan la jerarquía judicial con la del Ejército; debido a su verticalidad, dice Kemelmajer de Carlucci, los asensos se asimilan a un proceso de domesticación . En su libro Estructuras judiciales , el ex juez Eugenio Zaffaroni señala que éstas fueron las características de la judicatura en la España de Franco, la Italia de Mussolini y la Francia de Petain." La discrecionalidad en el manejo de los recursos y de las promociones es una fuente de corrupción -dice el abogado argentino Edgardo Buscaglia, un investigador de las universidades de Stanford y Virginia, especializado en análisis económico del derecho-; el Consejo de la Magistratura es una condición necesaria pero no suficiente para que baje la corrupción y la eficiencia de la Justicia aumente."

Por un lado, la puesta en marcha del nuevo sistema de designación presenta problemas de implementación también novedosos, como se puso de manifiesto en el reciente llamado a concurso para ocupar 48 juzgados vacantes. Por el otro, las acordadas y resoluciones mediante las cuales la Corte Suprema trató en los últimos meses de interferir o neutralizar ciertas funciones específicas del consejo (como las referidas a la cuestión disciplinaria, el traslado de causas, el manejo del presupuesto y el reescalafonamiento) demuestran que el espíritu del nuevo sistema está lejos de haberse encarnado plenamente en la realidad.

Los de adentro han ofrecido siempre gran resistencia a los de afuera, es decir, a los jueces designados por el gobierno de turno; pero éstos suelen mimetizarse a tal punto con la familia que muchas veces terminan siendo más conservadores que aquéllos. Esto se advierte en la defensa de algunos privilegios corporativos, como la exención del pago del impuesto a las ganancias -privilegio que, no obstante, muchos jueces rechazan y que para algunos juristas contradice el principio de igualdad ante la ley- y, hasta hace poco, de la patente, un horario laboral de seis horas diarias y un mínimo de 45 días de vacaciones al año. Otra muestra de este espíritu corporativo es el peso que el reglamento del concurso para jueces otorga a los antecedentes en la carrera judicial.

"Al describir el perfil deseable del juez argentino, Jorge Vanossi señaló que los yacimientos de idoneidad se encuentran tanto en la carrera judicial como en el ejercicio profesional y académico", dice Cruchaga, que votó en disidencia con ese artículo. "Tradicionalmente, la Justicia argentina se ha identificado con el poder, cuando su verdadera función es, en cambio, controlar al poder -dice Javier Fernández Moores, juez nacional de primera instancia del fuero comercial e integrante del Consejo de la Magistratura, que también se opuso a la cláusula señalada en el párrafo anterior- ; esta tendencia autoritaria se fortaleció durante los gobiernos militares." Por esta razón, agrega Fernández Moores -uno de los 33 jueces que en 1997 presentaron espontáneamente su declaración jurada de bienes-, algunos jueces creen que ser independientes es no tener que dar cuentas al pueblo, cuando en realidad es el pueblo el que los elige, aunque sea de manera indirecta. "Esta errónea concepción de su autoridad -dice- ha llevado a muchos magistrados a confundir independencia con encierro sobre sí mismos, una actitud que además implica una fuerte resistencia al cambio."

Tal resistencia es en gran medida responsable del atraso tecnológico y organizativo que padece la Justicia. Todavía hay juzgados en los que se cosen expedientes a mano, mientras que la informatización sólo ha alcanzado a los fueros comercial -por iniciativa de los mismos jueces- y civil. "Si Vélez Sarsfield se levantara de su tumba y fuera a un juzgado, casi no encontraría diferencias con los de su tiempo", dice Garavano.

Contrariamente a lo que muchos afirman, Garavano sostiene que la falta de presupuesto no es un problema. "Entre la Nación y las provincias se gastan US$ 2.100 millones por año, alrededor del 0,65 por ciento del presupuesto global, una cifra muy aceptable en términos internacionales", dice el experto contratado por el BID para coordinar la elaboración del Plan de Reforma Judicial del ministerio. "Al mismo tiempo -agrega- existen fondos multilaterales disponibles que permitirían reformar con holgura todo el sistema judicial y penitenciario argentino." El BID y el Banco Mundial acordaron US$ 20 millones y US$ 6 millones, respectivamente, y el gobierno solicitó otro crédito de US$ 50 millones.

Atento a las reticencias conservadoras de la familia , el plan sugiere diferentes cursos de acción para mejorar la administración de la oficina judicial y el servicio de Justicia. "Hasta ahora, tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo han hecho básicamente hincapié en la reforma de los códigos de procedimientos, pero mientras no se modifique la estructura del sistema judicial en su conjunto, éste terminará fagocitándose todas aquellas reformas", concluye.

El futuro de la democracia

Los italianos llamaban sottogoverno al sistema informal de relaciones entre política, negocios, mafia y justicia que reguló el verdadero funcionamiento de la cosa pública en Italia hasta el estallido de la tangentópolis. ¿Qué tan cerca está hoy la Argentina de una situación semejante? "El divorcio creciente entre la estructura política-judicial y el conjunto de la sociedad se traduce en inseguridad jurídica, lo cual a su vez tiene consecuencias económicas -dice el abogado Marcelo Loprete-; hay importantes agentes económicos extranjeros que, como desconfían de nuestra justicia, están exigiendo que los eventuales conflictos judiciales que se les presenten en el país se resuelvan en tribunales del exterior." Según Granillo Ocampo, las cláusulas de traslado de jurisdicción y arbitraje internacional son hoy habituales en todas partes del mundo. "La mejor prueba de que en la Argentina hay seguridad jurídica es que las inversiones siguen llegando", afirma. Sin embargo, una encuesta publicada por FIEL a fines del año pasado reveló que para el 65 por ciento de las empresarios consultados la arbitrariedad y las demoras de las sentencias, la dificultad para interpretar las leyes, la discrecionalidad del gobierno y los altos costos de litigar son factores tomados en cuenta a la hora de decidir una inversión. "El problema de fondo de la democracia argentina -dice Fernández Moores- es el futuro del Poder Judicial."

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?