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La eficiencia necesita incentivos

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27 de junio de 1999  

¿COMO medir la eficacia de un juez? Economistas y abogados responden a esta pregunta de distintas maneras. En 1994, la publicación de La reforma del Poder Judicial en la Argentina , de FIEL, generó un acalorado debate. "Desde el punto de vista jurídico, ese libro contiene varios disparates, porque compara tiempos procesales y estructuras judiciales distintas -dice Edgardo Buscaglia, experto en law & economics de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia-; el problema de los economistas puros es que desconocen la realidad y el lenguaje de los jueces." Buscaglia -asesor de proyectos de reforma judicial en varios países de América latina (incluyendo al Consejo de la Magistratura argentino), Rusia e Indonesia- considera que la clave está en el sistema de incentivos. El mayor obstáculo de estas reformas es que los que están involucrados en ellas -jueces y otros funcionarios- suelen pagar un alto costo a corto plazo, renunciando, por ejemplo, al ejercicio de su poder discrecional, mientras que los beneficios que podrían obtener del cambio son difusos y sólo se verifican en el largo plazo.

"Si piensa que puede perder su cargo, es muy probable que el juez prefiera boicotear la reforma -dice Buscaglia-; para que ésta funcione, es necesario que sus beneficios sean más visibles en el corto plazo." Por otra parte, las crisis de las instituciones crean las condiciones ideales para una reforma. "Curiosamente -agrega-, desde que Chaves llegó al poder, la reforma judicial de Venezuela está avanzando más rápidamente que hace dos años."

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) también piensa que el primer paso para transformar al Poder Judicial es contar con indicadores prácticos que permitan medir el desempeño de los juzgados. En base a estadísticas realizadas por la Corte Suprema, un equipo dirigido por Enrique Del Carril elaboró un ranking de los doce jueces federales de Capital. Debido a la insuficiencia de los datos estadísticos, la metodología todavía está en etapa de prueba, pero cuando se ponga a punto se extenderá a todos los juzgados del país.

La necesidad de contar con indicadores empíricos choca a menudo con la formación intelectual de los abogados argentinos. En la década del 80, las universidades nacionales reemplazaron los planes de estudio basados en el análisis de casos por el estudio de códigos. "Hoy existe una gran competencia entre los profesionales del derecho para imponer sus propios proyectos de código en el mercado académico -afirma el investigador del Fores Germán Garavano-; pero todos esos proyectos se basan exclusivamente en el principio de autoridad." En la facultad, agrega Garavano, no se enseña a confrontar la teoría con la realidad de los hechos. "Si bien la politización de este fuero parece haber existido desde siempre, la evidencia permite afirmar que ella se ha incrementado a partir de 1993, con tendencia creciente."

Al exigir la actualización permanente a los actuales jueces y la creación de una escuela judicial para los aspirantes a juez, la ley del Consejo de la Magistratura creó un nuevo mercado de servicios académicos. "La escuela judicial no debe repetir los esquemas de enseñanza universitaria", dice Buscaglia.

Se estima que el tiempo que los abogados pierden debido a la dispersión geográfica de los juzgados representa un quebranto de US$ 50 millones. La Ciudad Judicial, que deberá estar terminada en un máximo de 5 años con una inversión tope de US$ 6 millones, eliminaría esta fuente adicional de ineficiencia.

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