Los gobernadores congelan plantas, pero por ahora no achican

Las provincias esperan conocer si los programas de retiro se financiarán con préstamos o subsidios
Gabriela Origlia
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15 de enero de 2018  

CÓRDOBA.- En el gobierno nacional todavía analizan de qué manera se concretará -para los gobernadores que lo requieran- el capítulo del pacto fiscal que establece que se financiará "con líneas de crédito especiales" los programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos. Sí está resuelto que acompañarán en el diseño de los programas.

Fuentes de las distintas provincias, las más comprometidas por la cantidad de agentes estatales, afirmaron a LA NACION que hasta el momento no concretaron ningún pedido para la ejecución de este programa de ayuda y que avanzaron en el congelamiento y no en el achicamiento de la planta.

"Por lo hablado en las reuniones generales se trata de préstamos que deben ser reintegrados, no de subsidios", confió el ministro de Economía de un distrito norteño. El pacto fiscal indica que los programas que se pongan en marcha "deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado nacional, que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda de la Nación, Catamarca, con 146 agentes públicos cada 1000 habitantes, es la jurisdicción que más ampliamente supera la media de 76 empleados. Le siguen La Rioja, con 134; Jujuy, con 116; Tierra del Fuego, con 113, y Neuquén, con 102. Por encima de la media también están las provincias de Río Negro (89) y Formosa (80).

Las provincias con la relación más baja entre empleados estatales y habitantes son Buenos Aires (35), Córdoba (38), Santa Fe (46) y Misiones (52). Además del pacto fiscal, el otro "corset" para los planteles públicos lo fija la ley de responsabilidad fiscal: la variación de la plantilla está atada al crecimiento vegetativo de la población.

Variable en crecimiento

La cantidad de empleados entre 2003 y 2015 se incrementó en un 59,3% (819.000) y, según la AFIP, en ese período en Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa había más estatales registrados que privados.

Fuentes nacionales confirmaron a LA NACION que sí se está trabajando en el diseño de programas de retiro y de capacitación para colaborar con las provincias: "El objetivo es que quien se va tenga herramientas para integrarse al mundo económico privado; también hay que apuntar a quienes tienen edad de jubilarse y no lo hacen. Debe predominar el gradualismo para que no haya una suba de la tasa de desocupación o impacto negativo en el clima social"

Más allá de que el congelamiento de plantilla establecido en la ley de responsabilidad fiscal tiene algunos "grises" que permitirían burlarla, en ese sentido avanzaron casi todos los gobernadores comprometiéndose a no contratar nuevos empleados. El chubutense Mariano Arcioni es el que fue más a fondo, directamente con un plan para revisar contrataciones y adscripciones.

Funcionarios de Río Negro y Chaco coincidieron en que ya vienen realizando un "reordenamiento" de sus planteles, pero que no hay espacio para medidas "drásticas". Desde la administración riojana de Sergio Casas señalaron que con una economía privada que no termina de arrancar "no se puede achicar" y "dejar gente en la calle".

El año 2019 ya se proyecta complicado y los gobernadores admiten que sería prudente ordenar los gastos. Las provincias gastan el 55% de sus ingresos en salarios y la mayoría no cubre ese nivel con recursos propios. "Hay que racionalizar la dotación de manera no traumática, corregir las trayectorias de evolución del empleo público y mejorar la distribución hacia adentro del mismo Estado", insiste un funcionario de Hacienda.

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