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Un negocio de los grandes

La mayor obra social del país, con un presupuesto anual de 2.400 millones de pesos, acumula denuncias de corrupción que superan ampliamente al escándalo IBM-Banco Nación. Su futuro aún es incierto. Sí se sabe que, de un modo u otro, su estructura se vaciará de contenido, ya sea privatizando su gerenciamiento o repartiendo sus fondos entre las 24 provincias. Esta salida haría virtualmente imposible cualquier investigación judicial.
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15 de noviembre de 1998  

"MIRE si estará bien hecho el PAMI que no pueden terminar de romperlo." La trajinada frase que mucha gente atribuye a Santiago de Estrada, ex titular de la obra social de los jubilados y pensionados y actual subsecretario de Desarrollo Social, está a punto de caer en desuso.

Si triunfa la postura del interventor con atribuciones de presidente del directorio, el asesor presidencial Víctor Alderete, en febrero, el PAMI terminará de privatizar el gerenciamiento de sus prestaciones y su enorme estructura quedará vaciada de contenido. Si triunfa el proyecto de federalización que impulsan varios gobernadores justicialistas, el PAMI y sus 2.400 millones de pesos de presupuesto anual se partirán en veinticuatro pedazos, uno por provincia. En cualquier caso, la obra social que acumula denuncias de corrupción que superan ampliamente los montos del escándalo IBM-Banco Nación mutaría de tal forma que sería virtualmente imposible llevar adelante una investigación judicial, si existiera esa voluntad.

El PAMI (Plan Asistencial de Medicina Integral) se fundó como un ente autónomo del Estado, que se sostiene con el aporte de los afiliados y con un porcentaje de las cargas sociales de todos los trabajadores activos del país. Pero la realidad es que, desde los tiempos de Francisco Manrique -creador del PAMI- el presidente de su directorio ha sido designado por el gobierno de turno, sea de facto o democrático.

Sin embargo, fue sólo a partir de 1992 que la enorme estructura del PAMI, o Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), comenzó a estar directamente al servicio de un proyecto político, donde todos los caminos conducen a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional.

"Yo sólo respondo al presidente Carlos Menem, y las cosas que tienen que ver con el área de salud las hablo con el doctor Alejandro Tfeli (el médico presidencial)", fue la defensa -con olor a advertencia hacia sus referentes- que esbozó Matilde Svatetz de Menéndez cuando el escándalo por los retornos del PAMI estaba en su apogeo.

Poco antes, el 25 de febrero de 1994, policías de civil de la División Prevención del Delito habían realizado un operativo en el Banco de Crédito Argentino, de Rivadavia y Reconquista, por orden del juez de instrucción Juan Mahdjoubián. Allí detuvieron a once empresarios de la salud y dueños de clínicas psiquiátricas que tenían en su poder sospechosos sobres con dinero. Los detenidos tenían en común su condición de prestadores del PAMI, y cada uno de los sobres encontrados en su poder contenía, exactamente, el veinticinco por ciento de la cápita mensual que cobraron de la obra social de los jubilados y pensionados. "Cápita pagada por PAMI, doscientos mil dólares. Monto, cincuenta mil dólares", detallaba uno de los sobres del "retorno".

El sistema de pago por cápita fue instrumentado a mediados de 1992 por la gestión de Matilde Menéndez en reemplazo del sistema de facturación por prestación, que alentaba la sobreprestación. El sistema de capitación consiste en pagar un precio escaso por la atención potencial de todos los afiliados, y alentó la formación de las primeras uniones transitorias de empresas (UTE), que son el foco de las denuncias que hoy caen sobre la gestión de Víctor Alderete.

Poco después y frente a las presiones, la causa pasó a la controvertida justicia federal que, hasta esta semana, mantuvo bajo proceso a todo el directorio del PAMI de ese momento, pero no a Matilde Menéndez. La Cámara Federal resolvió el último martes desprocesar a todos los involucrados en este hecho. Sin embargo, ordenó al juez Juan José Galeano que cite a declarar a la ex funcionaria por su presunta responsabilidad en el otorgamiento irregular de "adelantos" por más de diecisiete millones de pesos a distintos hospitales y sanatorios que tenían que prestar servicio a los afiliados. Esta convocatoria podría ser el paso previo a un procesamiento de la dirigente justicialista.

El premio de Matilde

La gestión de Matilde Menéndez comenzó en febrero de 1992. El presidente Menem le ofreció manejar la gigantesca obra social, que tiene el cuarto presupuesto del país, como premio por su gestión de interventora en Tierra del Fuego. La convertibilidad y el porcentaje que le correspondía al PAMI por el pago de deudas previsionales con Bocon elevaron ese presupuesto al menos a dos mil ochocientos millones, y eso le permitió establecer una ambiciosa política social.

Con ese bagaje, Menéndez creció políticamente hasta transformarse, con su agrupación Ramón Carrillo, en el principal sostén porteño del Presidente. Cuando estalló el escándalo, la funcionaria aspiraba a acompañar a Menem en la fórmula presidencial de 1995, pero se tuvo que bajar de todos lados.

Marta Svatetz fue gerenta de Finanzas del PAMI durante la gestión de su hermana, Matilde Menéndez, y hasta esta semana estaba bajo proceso. Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma, en una entrevista que publicó la revista Noticias, dijo: "Yo salía a las 20.30 de mi oficina. Y a veces mi jefe me hacía quedar porque iba a venir Matilde, casi siempre con (Mariano) Cúneo Libarona. Yo ya vivía con Cúneo. Y en noviembre del 93 o principios del 94, Mariano viajó con la hermana de Matilde a Suiza, al hotel Des Berges. Me llamaba desde allí y me contó todo.

-"¿Qué le contó? -acicateó la cronista.

-"Que le llevaba la plata. Matilde le mandaba la plata que ella sacaba del PAMI, a gente muy importante del Gobierno. Y otra parte se la llevaba ella, por supuesto. El viaje que hizo Mariano con la hermana de Matilde fue para depositar allá la guita de Matilde".

"Llamen a Alderete", ordenó Menem a uno de sus hombres fuertes, el secretario general Eduardo Bauzá, cuando el 15 de abril de 1994 la prudencia le indició que era hora de que Matilde Menéndez pasara a cuarteles de invierno. El Presidente se refería al actual mandamás del PAMI, el empresario Víctor Alderete, quien llegó al menemismo desde la Ucedé, de la mano de Adelina Dalesio de Viola. Pero Bauzá no entendió los deseos de su jefe -una rareza- y convocó al sindicalista de Luz y Fuerza, Carlos Alderete. Cuando se dieron cuenta ya era tarde, y al poco tiempo se arrepintieron de no haber admitido en público aquel error.

Puja de poder

En febrero de 1995 Bauzá colocó como interventor en el PAMI a Alberto Abad; pero Cavallo, el ministro de Salud, Alberto Mazza, y un sector de la Iglesia Católica pujaban por una porción de poder del instituto. Abad mantenía su cargo de titular en la Sindicatura General de Empresas Nacionales (Sigen), y el jefe de Economía se agarraba de esto para sugerir el reemplazo, aunque en su área había más de un funcionario con doble cargo. Mazza proponía al médico Antonio Maldonado. El hombre que alentaba la Curia era un médico vinculado al entonces cardenal primado de la Argentina, Antonio Quarracino, Carlos Meneses.

La Curia tenía un hombre en el directorio desde épocas inmemoriales. Durante la gestión Menéndez el cargo recayó en el hermano del obispo de Mercedes, monseñor Emilio Ogñenovich, Danilo, quien, según la interna del PAMI, reportaba los movimiento del directorio en la residencia de Olivos. Para equilibrar, Matilde Menéndez mantenía excelentes relaciones con Quarracino, presidente del Episcopado, y con el cardenal de Córdoba, Raúl Primatesta. En estas relaciones con la Iglesia hubo un hombre clave, el actual embajador ante el Vaticano, Esteban Caselli.

Abad, acompañado por un equipo de auditores y técnicos de la Sigen, revisó muchas contrataciones y anuló aquellas que no estaban resguardadas con cláusulas demasiado onerosas para el Estado, una mecánica de contratación que funcionaba, y aún funciona, como un reaseguro para los prestadores "amigos".

También limpió -dentro de lo posible- la amplia lista de personal designado con altas categorías pero sin función específica, vulgarmente conocidos como "ñoquis". Pero el funcionario no pudo cortarles los beneficios a Juan Carreño y Zenón Gómez, más conocidos como Fresco y Batata. Se trata de dos riojanos, amigos de la infancia del jefe del Estado, que sin desempeñar ninguna función cobran su sueldo, tienen pasajes semanales a su provincia y auto a disposición cuando están en Buenos Aires.

El ejemplo casi inocente de los "intocables" Fresco y Batata se repitió cada vez que las investigaciones de Abad amagaban con involucrar a Matilde Menéndez.

Renuncias y sospechas

En junio de 1995 Abad renunció. Bauzá acababa de sufrir la baja de Esteban Caselli, renunciado de la Secretaría de Coordinación de la Vicepresidencia a raíz del resultado de una auditoría sobre manejo de fondos cuando era subsecretario general de la Presidencia, y la pulseada por su sillón la ganó, en alianza con Cavallo, el ministro Mazza. Antonio Maldonado tuvo una gestión breve y poco feliz.

Durante los días en que se definía el alejamiento de Abad de la intervención del PAMI hubo otro hecho significativo. El periodista Guillermo Cherasny, vinculado alternativamente al masserismo, a la SIDE y a los sectores carapintadas del Ejército, fue baleado por la espalda. Cherasny había escrito una nota que iba a ser la tapa de El Nuevo Informador, una publicación de escasa confiabilidad, donde prometía contar "la historia secreta de la caída de Caselli". Pero hubo un llamado atribuido al actual ministro del Interior, Carlos Corach, y la edición salió sin ese artículo.

La nota levantada vinculaba a Caselli con diversos hechos de corrupción en el PAMI y hablaba de una protesta de la embajada de los Estados Unidos que le endilgaba a este funcionario el hecho de ser "coordinador general del gigantesco lobby que desarrollan los laboratorios nacionales y Alfredo Yabrán".

En el PAMI, tras la gestión de Maldonado, desembarcó como interventor Alejandro Bramer Markovic, quien ostentaba un cargo simultáneo como director ejecutivo de la Anses, una escasa cintura política y un falso título de ingeniero que terminaría por costarle el cargo.

Poco afecto a la diplomacia, Bramer Markovic anunció un proceso de racionalización que implicaba recortar drásticamente los costos de prestación, centralizar la gestión para acotar la posibilidad de negociados paralelos y recortar drásticamente el personal. Con lógica thatcheriana el presunto ingeniero habló de pasar a seis mil agentes al Fondo de Reconversión Laboral. En otras palabras, se enfrentó de una sola vez con todos los sectores.

De todos estos anuncios el cambio más importante que realizó fue transformar en sucursales las antiguas delegaciones regionales que administraban el PAMI en cada provincia. El cambio, más allá de lo meramente semántico, consistió en transformar a los delegados regionales en gerentes y en sacarles el manejo de los fondos para pagar a los prestadores.

En un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación, fechado en noviembre de 1995, consta que hubo "graves anomalías y despilfarro" en el PAMI con los contratos que firmó Bramer Markovic con los prestadores oficiales. Según ese informe, la obra social de los jubilados terminó pagando 152 millones de pesos adicionales por la asistencia de los jubilados de Capital Federal y el conurbano, que representaban un 60 por ciento más de la previsión original. Ese sólo contrato para la auditoría representaba el treinta por ciento del saldo en rojo anual del PAMI, un número que se redujo achicando el nivel de prestaciones a los jubilados.

El último eslabón

El hombre que vendría a completar lo que Markovic no pudo hacer se llama Víctor Alderete, quien con el respaldo incondicional del presidente Carlos Menem centralizó el poder en su persona y está llevando al punto máximo las estructuras ideadas por Matilde Menéndez.

Alderete, igual que su antecesora, participa y hace participar activamente al PAMI de la política nacional. Su condición de interventor con atribuciones de presidente del directorio le han permitido hacer y deshacer a gusto en la política de contrataciones, y hasta el momento ha sorteado con mayor o menor elegancia las acusaciones (ver aparte) e interpelaciones del Congreso.

La arremetida de los gobernadores para "federalizar" el PAMI puede echar por tierra el Plan de Fortalecimiento Institucional que impulsa Alderete, a partir del cual "los afiliados podrán realizar la elección de la administradora de su preferencia" durante el primer año; luego, quienes no hayan optado, serán asignados por el PAMI a una administradora. La idea, que contempla al menos dos administradoras de prestaciones por distrito, para que sea posible la elección, consiste en delegar la asistencia en empresas privadas o en UTE. Hasta el momento, las experiencias que ha generado este tipo de gerenciamiento privado no han sido buenas.

Funeral Home es una gerenciadora que se armó para administrar en forma exclusiva los sepelios del PAMI. Alderete firmó un contrato sin intervención del directorio, según las atribuciones que le otorga el decreto presidencial que puso fin a la intervención, en marzo de 1997. En ese contrato se comprometió a pagar una cápita fija mensual de 5.700.000 pesos (68.400.000 por año) por el servicio para una media de fallecimientos de diez mil personas por mes.

Pero la media de fallecimientos mensuales se estima en algo más de ocho mil. Además, se descubrió que Funeral Home cobraba una comisión a las funerarias prestadoras como condición sine qua non para trabajar con PAMI.

Parte del dinero que Funeral Home recibe del PAMI podría estar aterrizando ilegalmente en un paraíso fiscal de Bahamas.

El juez federal Gustavo Literas descubrió que Funeral Home y la empresa aseguradora que garantiza sus prestaciones, El Sauro, tienen en común a un mismo directivo, Juan Carlos Galli. La Justicia intenta determinar si Funeral Home realizó giros de dinero a Global Servicios, con sede en Bahamas, cuyo directorio integra, casualmente, Juan Carlos Galli.

Si Literas confirma esto, la situación de Víctor Alderete se complicará.

Denuncias, sospechas, irregularidades

MIENTRAS las farmacias amenazan periódicamente con cortar el servicio por falta de pago, el PAMI ha realizado en los últimos tiempos varias contrataciones sospechadas de irregularidades. En todos los casos las denuncias fueron presentadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el único gremio con actividad dentro del instituto que se enfrenta a Alderete, ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo a cargo de Susana Córdoba. Algunas de las causas son las siguientes:

  • Desde julio de este año, PAMI paga 1.300.000 pesos mensuales a la empresa Imara S.A. para organizar excursiones de miniturismo. El contrato, por cinco años y que representa un monto de 78.000.000, establece que Imara debe organizar tours para un mínimo garantizado de mil jubilados diarios durante los trescientos sesenta y cinco días del año. "Esto representa más de 42 pesos por cada jubilado que es llevado, como muy lejos, hasta Luján, con servicio de comida y entretenimiento. Una prestación que, en estas condiciones de servicio diario, muchas empresas pueden dar por menos de la mitad de ese valor", explicó Amancio Pafundi, presidente del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE.
  • PAMI contrató a la empresa Air Liquide Argentina S.A. para proveer de oxigenoterapia a sus más de cuatro millones de afiliados. Se pagará una cápita de 9 centavos por afiliado. La suma ronda los 400.000 pesos mensuales, o sea, 4.800.000 pesos por el año que dura el contrato. La tasa de uso de oxígeno de los afiliados del PAMI es del 0,1 por mil cada mes, es decir, que un promedio de cuatrocientos afiliados usan oxígeno cada mes. Por cada uno de ellos el prestador recibe, entonces, 1000 pesos mensuales.
  • "Cada tubo de oxígeno sale 48 pesos, a valores del mercado. El alquiler mensual de un concentrador de oxígeno es de 260 pesos y, si hiciera falta un tubo extra, estaríamos hablando de 300 pesos mensuales para cubrir las necesidades de oxígeno de cualquier paciente", explicó a La Nación la dirigente de ATE Margarita Todesca. La cuenta es clara: sobran 700 pesos por jubilado, lo que al año implicaría un sobreprecio de 3.360.000 pesos.

  • Se realizó un contrato con dos empresas para la provisión de prótesis en todo el país. Bioimplant S.A. y Tecnofix S.A, que son una UTE en formación, se comprometen a atender a los más de cuatro millones de afiliados a cambio de una cápita de 79 centavos por mes. Son, aproximadamente, 3.200.000 pesos mensuales o 38.400.000 anuales. La clave está en la cláusula, que asemeja el servicio al de una aseguradora automotriz, que aclara que quedan expresamente excluidas de la cobertura las "afecciones derivadas de catástrofes, guerras, revoluciones, huelgas parciales o generales, subversión, sismos, inundaciones y epidemias".
  • A pesar de que el PAMI cuenta con un cuerpo jurídico propio, se contrataron estudios jurídicos para "estudiar los borradores del Pliego de Bases y Condiciones" para seleccionar las entidades administradoras que formarán parte del Plan de Fortalecimiento Institucional. A cada uno se le pagaron 125.000 pesos más IVA. Además, para asesorar al síndico del PAMI se contrataron otros tres profesionales por 96.000 pesos cada uno. En total el estudio de los pliegos tuvo un costo de 1.038.000 pesos.
  • Entre los contratados aparecen nombres conocidos: Masnata y Asociados (estudio del jurista cercano al Gobierno, H. Masnata); Bianchi, Mihura, Estrada y Galarce; Entelman Abogados; Lanfranco y Mariño abogados (H. Lanfranco); Demaría, Fernández Conenbold y Barra (estudio al que pertenece el ex ministro de Justicia R. Barra y que fue representado en la firma del contrato por el ex juez de la Corte Suprema M. Cavagna Martínez); Rodríguez Córdoba, Lose y Asociados; Estudio Jurídico Mario A. Alsina y Profesor Julio Moizeszowicz.

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