El Gobierno decidió desdoblar la reforma laboral

El objetivo es subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión
El objetivo es subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión Fuente: Archivo
Santiago Dapelo
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19 de enero de 2018  • 19:18

El Gobierno decidió desarmar la reforma laboral . Sin el respaldo del peronismo y con la CGT en contra, el nuevo proceso tiene un claro objetivo: dividir el proyecto para alcanzar pequeños triunfos.

El plan que puso en marcha la Casa Rosada -que ideó y está ejecutando el jefe de Gabinete, Marcos Peña -, tiene por objetivo subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión. Así, la primera norma que el presidente Mauricio Macri enviaría al Congreso incluirá el blanqueo de trabajadores informales, los esquemas de capacitación laboral o beneficios como extender licencias por paternidad.

Tras tomar la decisión de suspender la convocatoria a sesiones extraordinarias, ahora volvió sobre sus pasos y reflotó una vieja idea: fraccionar la reforma laboral. Y aunque no hay plazos, ni siquiera se confeccionó un cronograma, el Gobierno apuesta a aprobar la mayor parte de la norma primigenia antes de fin de año.

"Nosotros dijimos mucho, el año pasado, durante la campaña y el último año del gobierno que no hay una reforma laboral, que las reformas que hay que hacer, en el mercado laboral, para generar más puestos de trabajo, para formalizar los trabajadores en la informalidad, para generar capacitación para los trabajadores excluidos, actualmente y los que puede quedar excluidos por los cambios tecnológicos, es un trabajo de todos los días, que incluyen acuerdos sectores", dijo ayer el ministro coordinador.

En una entrevista con radio Mitre, Peña sostuvo que "habían varias iniciativas, fruto del consenso con la CGT, que se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes". Y agregó: "Para nosotros es importante que avancemos en un blanqueo laboral para que los trabajadores informales puedan ingresar al mercado formal".

Tras el duro comunicado que dieron ayer Hugo Moyano , Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, en el que rechazaron el programa económico de Macri y a la pauta salarial del 15% para las paritarias, el Gobierno le hizo un guiño a los gremios más moderados. "Lo que no podemos aceptar es no debatir cambios, en un sistema laboral injusto, desigual y obsoleto en muchos planos. Y eso es lo que queremos hacer y lo queremos hacer dialogando con los sindicalistas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad, en general", dijo Peña.

En la hoja de ruta que se propuso el Gobierno también asoman muchos cambios que no irán al Parlamento. Como sucedió con el megadecreto para simplificar trámites y bajar costos de producción y con el decreto que dio de baja la paritaria nacional docente y con el que licuó el poder de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), desde la Casa Rosada también advirtieron que "tomarán las decisiones que hagan falta".

Como publicó ayer LA NACION, la decisión se enmarca dentro de la estrategia que desplegó el Gobierno de avanzar con su agenda sin "tanta ley". Enfriar el debate en el Congreso y dar solo las batallas que sean absolutamente necesarias.

La determinación de partir la reforma laboral es un golpe para el ministro de Trabajo
La determinación de partir la reforma laboral es un golpe para el ministro de Trabajo Fuente: Archivo

La determinación de partir la reforma laboral es un golpe para el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , que atraviesa una tormenta política tras nombrar en el sindicato SOMU a una ex empleada a la que echó en medio de un escándalo.

Es que el responsable del área de Trabajo, que ayer fue ratificado en el cargo por el jefe de Gabinete, se oponía a la división de la norma.

El Gobierno apuesta ahora a convencer a los gremios más cercanos. La primera opción que están evaluando es presentar el blanqueo laboral, lo que permitirá la formalización de hasta un millón de trabajadores.

Entre otras cuestiones, la nueva ley de formalización laboral podría eximir del pago de multas a los empresarios que regularicen la situación de sus trabajadores y el Estado reconocería a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.

En la actualidad hay 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales. De ese universo, en una primera etapa, el Gobierno aspira a que entre 800.000 y 1.000.000 se sumen al trabajo formal. El foco estará puesto en la construcción, el comercio y gastronómicos, los peones rurales, el personal doméstico y, en menor medida, los empleados de las manufacturas.

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