Devaluar no es la solución

Ricardo Esteves
Ricardo Esteves PARA LA NACION
El Gobierno debe explicarle a la sociedad que salir del grave déficit fiscal actual requerirá el sacrificio de todos
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23 de enero de 2018  

En enero de 2016, a 20 días de la asunción de Mauricio Macri, publiqué una columna en esta sección titulada "Evitemos un nuevo default". Aquella advertencia surgía de confrontar las variables económicas y políticas que nos legaba la irresponsable y delictiva administración de Cristina Kirchner. Eran tan irreconciliables esas variables que un nuevo default aparecía como una alternativa probable. Sobre todo considerando la inflexibilidad social para aceptar cambios ante las tremendas limitaciones económicas heredadas.

Hoy amerita hacer un nuevo llamamiento a la cordura, ya que otro default sería una tragedia nacional de consecuencias inimaginables.

Fuente: LA NACION

El origen y la causa de este riesgo es sin duda el brutal desfase entre recaudación y gastos públicos que nos dejó el kirchnerismo. El agujero fiscal se ha venido cubriendo con crédito externo. Se podría saldar también con emisión de moneda, pero eso implicaría ir directo a la hiperinflación. O creando o subiendo impuestos. Pero como la presión impositiva de la Argentina es de las más altas del mundo, si aumentara, ocasionaría el cierre de empresas, generaría menor actividad en la economía (en consecuencia, menos recaudación de impuestos) y nuevos desocupados que debería sostener de algún modo el Estado con nuevos subsidios, lo que aumentaría a su vez el gasto público.

Otra opción, extrema e indeseable para cualquier gobernante, consiste en bajar los sueldos y los ingresos a los sectores que dependen directamente del Estado (agentes públicos, pensionados, subsidiados). Esto fue lo que aconteció precisamente en días pasados con los jubilados. Si bien con la nueva fórmula se les garantiza a futuro un ingreso estable, algo que no estaba asegurado, en el empalme hacia esa fórmula se sacrifica un trimestre de ajuste, que es lo que necesita esta administración para cerrar sus cuentas y fondear a la postergada provincia de Buenos Aires. ¿Por qué con los jubilados? Porque son los más débiles de todos los que del Estado dependen: no pueden hacer huelga ni tienen capacidad de movilización. Reducir el salario a los empleados públicos activos hubiera sido imposible. No lo hubieran permitido. Hubiera desembocado en una huelga interminable, con las consiguientes movilizaciones.

Luego de las reacciones de estos días, el Gobierno pensará dos veces antes de meterle la mano en el bolsillo a cualquier sector de la sociedad, lo que condiciona aún más su gestión.

Fue López Murphy quien propuso una rebaja del 8% a los salarios estatales que fue abruptamente rechazada. Luego, el default le impuso a toda la sociedad una caída de ingresos y de activos de entre el 30 y el 40%. Una verdadera masacre.

Ninguna alternativa luce a esta altura indolora. Con más deuda vamos directo al default. Con más emisión, a la hiperinflación. Con más impuestos entramos en recesión y aumentan el desempleo y el déficit público.

A su vez, en el paquete de herencia del kirchnerismo vino el valor del dólar fuertemente retrasado. Con lo cual es mucho más barato veranear y gastar en el exterior. Y se les hace cada vez más difícil a las empresas argentinas exportar, lo que aumenta el déficit comercial con el resto del mundo (que también debe financiarse con crédito externo) y hace que escaseen las divisas genuinas, las que son producto de las ventas al exterior.

Para revertir esta situación, con todas las limitaciones estructurales de la Argentina, la salida más rápida sería una devaluación. Pero eso tampoco es solución, ya que retroalimentaría automáticamente la inflación que se está tratando de vencer y llevaría el índice de pobreza a niveles aún más alarmantes.

La tentación más peligrosa es optar por la vía que lleva al default, ya que mientras se recurre al crédito no se sacrifican los ingresos de los sectores internos del país. Y los que pagan las consecuencias en una primera instancia son siempre los prestadores externos, que pierden gran parte del capital que facilitaron al país. Esto tiene además un componente nacionalista: es un manotazo a los ahorristas del exterior.

Los padecimientos internos vienen a continuación. Ya los conocemos. Los hemos vivido y los estamos viviendo aún, a 16 años del default de 2002.

El Gobierno viene haciendo lo que puede en circunstancias límites. Para "zafar" en 2016 tuvo que recurrir al blanqueo de capitales, que le propició un colchón adicional de recursos. Al estar en minoría en el Congreso, tuvo que ceder a los jubilados la "reparación histórica" en el mismo proyecto para que la oposición no pudiera oponerse y se lo aprobara, aun cuando eso implicaba agravar seriamente la situación fiscal a futuro.

Para "zafar" en la coyuntura de hoy, optó por "sacrificar" un trimestre a los jubilados, proceso que explicó tardíamente y mal.

Concretamente, el tamaño de la torta no alcanza para alimentar a todos. Se nos alimenta, pero de prestado, en una progresión insostenible. Agrandar la torta con la velocidad que imaginó el Gobierno fue una utopía, habida cuenta de que la única forma es con inversión y dados los pocos alicientes que tiene el capital para entrar al país.

Destrabar esta difícil coyuntura en que estamos sumergidos es una responsabilidad de todos los argentinos, no sólo del Gobierno. La sociedad no puede cínicamente decir "háganse cargo". Hay salida, pero requiere el compromiso y el sacrificio de todos. Si los distintos sectores de la sociedad (sean sindicatos aeronáuticos o de camioneros, incluso los propios jubilados) no muestran disposición a flexibilizar aquello que están convencidos de que "legítimamente les corresponde", las alternativas más probables serán el referido default o el viaje hacia Venezuela. Esta última opción consiste en emitir todo lo que haga falta para cubrir los gastos mensuales del Estado y llevar así al país a la hiperinflación restringiendo drásticamente las importaciones a tal punto que comiencen a escasear productos básicos, medicamentos, repuestos de máquinas que dejan de funcionar, etc.

Este dramático panorama resulta aún más grave por la incapacidad del Gobierno para explicarle a la sociedad la circunstancia que heredó y el camino minado que está transitando. Tal vez no lo haga para no ahuyentar a los inversores, pero a ellos les alcanza con ver el nivel de impuestos, las condiciones laborales o el costo de las cosas en el país.

Es capaz de explicar y convencer a gobernadores y legisladores de la necesidad de que acompañen sus medidas. Pero ellos a su vez necesitan irremediablemente el sustento de la opinión pública para seguir acompañándolo.

El Gobierno produce hechos y no los explica. Que cada cual los interprete como le parezca. Sube tarifas, impone sacrificios, cambia condiciones a sectores y grupos y no da las razones. Es preciso que las aclare con un lenguaje simple y llano que llegue al entendimiento de todos. Es vital para la supervivencia de este proyecto político. Para que no solo descanse en el rechazo a otras alternativas de gobierno.

Por esa carencia, muchos interpretan los hechos en sentido contrario a las intenciones del Gobierno, como si fuera la continuidad de un plan maléfico iniciado en tiempos de Martínez de Hoz y continuado en los años 90 para esquilmar al país.

De lejos este luce como el mayor déficit de la actual gestión.

Empresario y licenciado en Ciencias Políticas

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