Aquel otro juicio a la Corte

Cómo se desarrolló y cuáles fueron las razones políticas para remover a cuatro ministros en la primera presidencia de Perón
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17 de marzo de 2002  

No está demás refrescar en estos días cómo fue el enjuiciamiento político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en los comienzos del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Aquel proceso, que culminaría con la destitución de todos los magistrados menos uno -el único peronista-, se gestó en nueve meses y dio a luz otro tribunal, esta vez con miembros declaradamente adictos al flamante gobierno. Observemos las razones políticas de tal decisión y cómo se desarrolló.

Al llegar en junio de 1946 a la presidencia, Perón tuvo en sus manos los resortes necesarios para gobernar sin dificultades.

Mayoría absoluta en ambas Cámaras y gobiernos provinciales adictos eran más que suficientes para llevar adelante un programa de importantes realizaciones por la vía democrática. Sin embargo, le molestaba que uno de los tres poderes permaneciera fuera de su alcance: la Corte Suprema. No fue difícil advertir que muy pronto caería también en sus manos al escucharse su mensaje ante la Asamblea Legislativa que le tomó juramento. Uno de sus párrafos fue bien explícito: "Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público".

La advertencia fue muy clara, pues si ese "sentimiento público" era el peronismo, la Corte también debía expresarlo. Idéntica doctrina aplicaría varias décadas después su mejor discípulo, sólo que en lugar de promover la destitución de los magistrados prefirió incorporar a cinco amigos suyos e instalar así una mayoría automática.

El único camino que la Constitución le permitía a Perón poder desembarazarse de la Corte era el juicio político a cada uno de sus ministros. Le transmitió esa inquietud al presidente de la Cámara, Ricardo César Guardo, y allí brotó el nombre de un elegido para presentar el proyecto. Sería el diputado Rodolfo A. Decker, titular del bloque oficialista.

Decker absorbió fielmente aquella responsabilidad y el 8 de julio -al mes de inaugurado el nuevo gobierno- presentó con su única firma el pedido de juicio político contra Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto.

Este último había renunciado el 22 de mayo, poco antes de que Perón asumiera la Presidencia, pero ni la jubilación que acababa de acordársele lo inmunizó contra ese proceso, que también alcanzó al procurador general de LA NACION, Juan Alvarez.

El único en salir ileso sería Tomás D. Casares, de manifiesta adhesión al peronismo, como que había sido incorporado a la Corte durante el régimen presidido por el general Edelmiro J. Farrell.

Fundamentos insólitos

Hecha la presentación, no era tan fácil encuadrar a los magistrados en alguno de los cargos previstos en el artículo 45 de la Constitución Nacional: "Mal desempeño; delitos en el ejercicio de sus funciones; crímenes comunes".

Al rastrear antecedentes, el argumento más significativo se encontró en las acordadas de la Corte de 1930 y de 1943, de "legitimación de los gobiernos de facto". Una acusación insólita en el segundo caso, por cuanto los propios demandantes eran usufructuarios directos de esa asonada militar.

Para salvar las formas, Decker ensayó en los fundamentos de su proyecto esta explicación: "El juicio de responsabilidad no se sigue a instancias del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que nada tuvo que ver con el movimiento revolucionario". Era difícil creerle cuando la bancada opositora había advertido que Decker flaqueaba como titular del bloque oficialista y que esa conducción había sido confiada al titular de la Cámara, en ese momento hombre de suma confianza del presidente de la República.

El proyecto, que denostaba al régimen militar instalado en 1943, también intentaba absolver a Perón de toda responsabilidad en ese gobierno de facto, en el cual había acumulado nada menos que tres cargos con retención simultánea: la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia. "En definitiva -trataba de justificar el escrito-, el hoy presidente de LA NACION sólo entró a formar parte del gobierno de facto cuando la legalidad de sus funciones estuvo declarada por la Suprema Corte."

El broche de oro del proyecto sería un párrafo que reivindicaba precisamente ese golpe de Estado del 4 de junio, bandera de la que los peronistas no podían abjurar: "El pueblo ha aprobado con su voto a la revolución, sufragando por el hombre que con su política matizó el sentido del pronunciamiento de 1943". Pero a continuación, el escrito de los demandantes observaba que esa decisión popular no había sido ratificada por la Corte -tampoco se explicaba cómo podría haberlo hecho-, lo que según ellos constituía "otra razón para destituirla".

Debe de ser éste uno de los documentos más insólitos de la historia política argentina, pues mientras en un fragmento se reprocha "la legitimación de un gobierno de facto", en otro se exalta a ese mismo gobierno porque "el pueblo lo ha aprobado con su voto". Es decir, que el derrocamiento del presidente Ramón S. Castillo habría sido beneficioso o deplorable según el párrafo que se leyera.

¿El gobierno a la Corte?

En la mañana del 10 de agosto, el diputado José Emilio Visca, presidente de la comisión de Juicio Político, acudió al Palacio de Justicia a poner en manos de los miembros de la Corte el proyecto Decker, junto con una iniciativa similar del penalista Octavio González Roura. Este último había peticionado ante la Corte, el 28 de diciembre de 1945, para que se dejara sin efecto la acordada del 7 de junio de 1943, que legitimaba aquel gobierno de facto. Como no le contestaron, el 1º de abril de 1946 presentó en la Cámara de Diputados el primer pedido de juicio político a los magistrados. Pero su amplia fundamentación no fue tenida en cuenta por el bloque oficialista, el que actuó -dijo entonces González Roura- "bajo la impresión que producía la acusación de Decker, insuficiente en lo jurídico, vulnerable en lo político".

Tan vulnerable era que uno de los cargos imputaba al ex presidente de la Corte, Roberto Repetto, "no haber obligado al gobierno de facto a aceptar el orden de sucesión impuesto por la ley de acefalía, que lo señalaba como presidente de LA NACION luego del derrocamiento de Castillo".

Pareció una broma, porque se trataba de la tardía reivindicación del famoso reclamo "¡El gobierno a la Corte!", exigido por el antiperonismo en 1945. Pero además de tardía, absurda por provenir del peronismo, principal beneficiado de que esa vez el poder siguiera en manos militares, pues esto había facilitado la movilización del 17 de octubre y el regreso del coronel Perón al poder.

Para hacerla completa, Visca le envió una carta al constitucionalista Carlos Sánchez Viamonte, recordándole su pedido de entregar el poder a la Corte e invitándolo a respaldar el proyecto Decker. La carta de Visca tuvo pronta respuesta, aunque se convirtió en un boomerang , porque Sánchez Viamonte fue terminante: "Opino que es siempre una inmoralidad castigar a quienes se considera encubridores dejando en la impunidad a los delincuentes, y prefiero no calificar a quienes abominan del delito y son, al mismo tiempo, los usufructuarios".

La alusión fue tan directa que exasperó a Visca, quien pidió aclaraciones por esa frase. A los pocos días recibió una copia exacta de la respuesta anterior, que Sánchez Viamonte había ordenado transcribir a su secretario: "Contéstele lo mismo. El señor diputado parece un poco lerdo para entender el castellano..." Visca prefirió no insistir.

Destitución de magistrados

La comisión parlamentaria produjo dos despachos. El de la mayoría (Visca, Manuel M. Díaz, José Rossi y Manuel Sarmiento) que reclamaba la destitución de los magistrados y el de la minoría (José B. Fajre y Julio Busaniche) cuya conclusión era que no había lugar a la formación de causa.

El debate se produjo el 18 de setiembre e insumió 17 horas y media. Pero más importante que la reiteración de argumentos en favor y en contra del juicio político sería, para sus promotores, el estricto control de asistencia de los diputados oficialistas. Lo realizó el propio titular de la cámara, para evitar que se le escaparan del recinto y lo dejaran sin los dos tercios imprescindibles.

Guardo asistiría estrechamente en esta tarea al diputado Raúl Bustos Fierro, que tuvo que asumir la jefatura del bloque debido a la ineptitud de Decker. A éste -nada menos que el autor del proyecto- le sugirieron tomarse unos días de licencia. De ese modo, el bloque oficialista logró reunir el quórum necesario para aprobar el proyecto, en una votación que otorgó 104 sufragios a la mayoría y 47 a la oposición.

A Visca, Decker y Bustos Fierro se agregaron luego los legisladores Eduardo Beretta, Alcides Montiel y Ernesto Palacio, para integrar la comisión encargada de redactar las acusaciones y oficiar de fiscal ante el Senado. Por su parte, los acusados comenzaron a designar defensores. Roberto Repetto encargó esa misión a su hijos Roque y Roberto; Antonio Sagarna prefirió la espectacular alocución de Alfredo L. Palacios; Francisco Ramos Mejía confió sus alegatos al dirigente demócrata progresista Juan José Díaz Arana; Benito Nazar Anchorena depositó su defensa en manos de Mariano J. Drago. El procurador general de LA NACION, Juan Alvarez, redactó su primer escrito y dejó el resto al abogado Julio Marcelo Alvarez. "Aunque sabíamos por anticipado cuál iba a ser el resultado -recordaría Drago-, lo mismo me tomé muy en serio la tarea y preparé un alegato de 87 fojas."

Para impedir un escándalo que perjudicara su imagen en el exterior, el gobierno ideó una forma de neutralizar la elocuencia de los defensores en el Senado y ordenó modificar el viejo reglamento de la Cámara alta, sancionado en 1867. Se dispuso entonces que los alegatos fueran leídos por el secretario del cuerpo, Manuel H. Reales. Esa medida determinó la renuncia de Díaz Arana; su patrocinado, Ramos Mejía, optó por enviar a su hijo con una nota desistiendo de toda defensa, "convencido -dijo- de la inutilidad de ese trámite ante un juicio inconstitucional".

El 30 de octubre, bajo la presidencia provisoria de Alberto Teisaire, el Senado escuchó pacientemente las acusaciones y una semana después los demandados recibieron la notificación oficial con un plazo de 15 días para responder. El 4 de diciembre, el vicepresidente de LA NACION, Jazmín Hortensio Quijano, inició las sesiones que iban a escuchar los alegatos de los defensores. Fue entonces cuando se produjo este famoso incidente:

-El artículo 25 del reglamento de juicio político -observó Quijano- dispone que la comisión acusadora de diputados ocupe un palco bandeja, mientras que los señores defensores tengan asiento en un lugar similar...

-¿Me permite, señor presidente?

Quijano no necesitó mirar hacia el palco bandeja para identificar esa voz. Atinó apenas a balbucear una negativa, pero ya Alfredo L. Palacios se había erguido con las cejas enarcadas y se apoderaba de la iniciativa, haciendo caso omiso de la presidencia:

-No voy a discutir, simplemente quiero significar que eso de hacer sentar en la barra a los defensores de la Corte Suprema es un agravio. No hay precedente alguno, aquí ni en el mundo civilizado, que autorice este procedimiento.

-¿Dónde está el comisario de la cámara? -tronó Quijano-. ¡Que venga enseguida para invitar al doctor a retirarse!

Nervioso por los gritos del vicepresidente de LA NACION y más inhibido todavía ante la presencia de Palacios, el funcionario intentó persuadir al orador. Fue apartado con una mano por Palacios, que hizo oír su vozarrón en todo el recinto: "¡Si los jueces son enemigos de los acusados, no hay tribunal ni hay justicia!" Luego se acercó al secretario del tribunal y le entregó su escrito. Abriéndose paso, siguió repitiendo: "¡No hay tribunal, no hay justicia!", mientras se alejaba acompañado por Mariano J. Drago. Al llegar a la calle fue más contundente: "¡Lo que no hay es vergüenza, carajo!" "A pesar de que le advertí que nada conseguiríamos -contaba Drago-, Palacios porfió en hacer la defensa oral y me convenció de que lo acompañara en la patriada." Cuando su protesta se fue diluyendo por los pasillos, ante la mirada estupefacta de los empleados de la Cámara, Reales comenzó su maratónica lectura. Los alegatos se sucedieron a una velocidad increíble y las 87 fojas presentados por Drago se liquidaron en pocos minutos. Aquellas defensas se habían centralizado en el cargo más grave, que aunque contradecía las ideas de los acusadores resultaba el más firme, pues no era fácil explicar las razones jurídicas que habían inducido a la Corte a convalidar la deposición del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen en 1930 y, trece años más tarde, a legitimar el golpe de Estado contra el presidente Castillo.

Los alegatos incluyeron la breve nota de Roberto Repetto, a quien poco le costó demostrar que se había jubilado, lo que hacía estéril su destitución, y reclamaba la apertura del juicio a prueba. Como el pedido se concedió, Palacios y Drago se apresuraron a convocar como testigos al propio Perón, a Farrell, al general José Humberto Sosa Molina y al coronel Oscar Silva. "Todos ellos participaron en los gobiernos de facto de 1930 y 1943, y serán nuestros involuntarios aliados al prestar testimonio", declararon -no sin ironía- ambos defensores.

Pero el Senado rechazó el pedido por considerar a esos testigos "personas ajenas a este juicio", y el período de pruebas transcurrió sin pena ni gloria. Las reuniones finales debieron postergarse hasta el 30 de abril de 1947, para asegurarse la presencia de un grupo de senadores que debían regresar de un viaje a los Estados Unidos a bordo de un acorazado.

Los 28 legisladores se constituyeron entonces por última vez en tribunal, escucharon los cargos contra cada uno de los acusados y votaron la destitución de Sagarna, Ramos Mejía, Nazar Anchorena y Alvarez. Solo Repetto, que ya no formaba parte de la Corte, se libró de la cesantía.

Desde su comienzo, aquel proceso podría encuadrarse en lo que comúnmente se conoce con el calificativo de mamarracho judicial.

No sería el único en nuestra historia, claro, pero vale la pena recordarlo para no volver a incurrir en similares despropósitos. En vísperas de un nuevo enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia de LA NACION, cuando todas las cargas políticas, mediáticas y caceroleras apuntan sobre los nueve jueces actuales, sería correcto tener en cuenta algunos aspectos fundamentales: primero, que se trata de un trámite muy delicado en el cual merecen distinguirse cuidadosamente las nueve conductas, para no volver a cometer injusticias en nombre de la Justicia; segundo, que está de por medio la seguridad jurídica, hoy más sensibilizada que nunca en nuestra desfavorable imagen internacional; tercero, que la profunda crisis en la que estamos sumergidos no se verá disminuida -como suponen muchos- porque sean destituidos todos los jueces y se instale una Corte adicta al poder de turno.

El autor es periodista. Publicó Historia del Peronismo: El poder total 1943-1951 y La obsecuencia 1952-1955 (Planeta).

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