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La Justicia exige que el independentista Puigdemont regrese a España para asumir

La Justicia exige que el independentista Puigdemont regrese a España para asumir
La Justicia exige que el independentista Puigdemont regrese a España para asumir Fuente: AFP
Silvia Pisani
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27 de enero de 2018  • 19:32

Madrid.- Fue una decisión salomónica. Pero eso bastó para salvar al gobierno de Mariano Rajoy de un nuevo revés en su intento por impugnar la candidatura del independentista Carles Puigdemont para el gobierno de Cataluña .

Tras la derrota ante el órgano consultivo del Consejo de Estado, La Moncloa obtuvo anoche que la instancia final del Tribunal Constitucional condicionara la posible investidura de Puigdemont a que esta sea "presencial" y no en ausencia.

"La investidura debe ser presencial. De lo contrario, se impugna la candidatura", sostuvieron los magistrados. De ese modo, el enigma queda abierto y La Moncloa salva su posición. Hace ya cien días que el derrocado expresidente catalán vive en Bruselas, para evitar a la Justicia española que lo reclama por varios delitos.

¿Regresará a España pasado mañana para el debate en el que el Parlamento catalán elegirá al nuevo presidente? Puigdemont tiene los votos. De eso no hay duda. Pero para ser investido debe arriesgarse a abandonar su refugio de Bruselas y volver a la península, con el riesgo de ser arrestado. Algo que sólo evitará si consigue llegar al hemiciclo sin ser descubierto por la policía. A esta altura, no le falta ingrediente alguno al culebrón catalán.

Enzarzado en un limbo legal, la decisión in extremis del máximo tribunal español fue un alivio para el gobierno de Mariano Rajoy.

En una agónica maniobra, La Moncloa había pedido al Constitucional español que "impugnara" la candidatura de Puigdemont. Pero, según trascendió, los dudaban sobre la "oportunidad" jurídica del planteo. "No se puede impugnar una intención. Una cosa es que Puigdemont sea votado con métodos irregulares. Otra, que se diga que eso va a suceder y se impugne por si acaso", fue la explicación.

El mismo matiz había exhibido horas antes el Consejo de Estado, un órgano consultivo por excelencia del gobierno español que, con similares argumentos, desaconsejó la impugnación de Puigdemont.

No hubo caso. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decidió jugarse y forzó al Constitucional a una sesión a marcha forzada y en pleno sábado en procura de que "aceptara" el expediente.

La sola aceptación del caso basta para que la impugnación opere de hecho. Por lo menos, hasta que exista una respuesta de fondo. Eso no ocurrió. Pero la salida igualmente sirve al gobierno. Si Puigdemont no se presenta, no podrá ser investido, fue la resolución. "Se trata de una batalla jurídica para lograr, en realidad, un efecto político", se explicó a LA NACION.

La lista presidida por Puigdemont es la que tiene en principio los votos asegurados para la investidura, tras las elecciones regionales del mes pasado.

Pero Madrid y los principales partidos constitucionalistas estima que su investidura sería "ilegítima", por varias razones.

Si la sesión de investidura de pasado mañana resulta suspendida, la figura clave del proceso pasará a ser el nuevo presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, de la formación independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), a quien le tocará decidir qué curso sigue.

Puigdemont fue destituido, junto a todo su gobierno, tras la proclamación unilateral de independencia de Cataluña de octubre pasado. El expresidente no fue el más votado en esos comicios. Pero, en conjunto, su partido, Junts por Catalunya y ERC son los únicos que suman las bancas necesarias para formar gobierno.

Ciudadanos, que fue el partido más votado, no ha encontrado hasta ahora los apoyos necesarios para construir una alianza que le permita gobernar.

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