¿El fin de una Internet libre, abierta e inclusiva?

Edison Lanza
Edison Lanza MEDIO:
Al derogar la regla que consideraba a la Red un servicio público de comunicación, el gobierno de Trump pone en riesgo su potencial como fuerza democratizadora
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29 de enero de 2018  

En poco más de 20 años se hizo evidente el potencial de Internet para el ejercicio de las libertades, la educación, el impacto de las redes sociales y la revolución que supuso para el comercio, el entretenimiento y la innovación. Por supuesto, un cambio de tal naturaleza también entraña desafíos como la diseminación del discurso que incita a la violencia, los riesgos para la privacidad, la necesidad de que toda la humanidad acceda a la Red, la difusión de noticias falsas y el papel de las plataformas en la circulación de la información. Con todo, los beneficios e impactos positivos de Internet parecían justificar el optimismo respecto de la marcha de la revolución digital.

Pero el fin de la historia, ya se sabe, no está a la vuelta de la esquina. El 14 de diciembre pasado la administración del presidente Donald Trump dio un paso que tiene el potencial de cambiar la naturaleza de Internet como fuerza democratizadora, al derogar a nivel del gobierno federal la regla que garantizaba la "neutralidad de la Red".

Esta norma, que había sido aprobada por la Federal Communications Commission (FCC) durante la administración del presidente Barack Obama, consideraba a Internet un servicio público de telecomunicaciones. La neutralidad de la Red impedía a los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su sigla en inglés) que brindan banda ancha (fija y móvil) manipular el flujo en Internet de cualquiera de las siguientes formas: 1) bloquear cualquier contenido legal o paquete de datos (sin importar su origen, dispositivo o destinatario); 2) ralentizar en su vía un contenido o aplicación sobre los demás, y 3) favorecer cierto tráfico sobre otro, creando líneas más rápidas para unas aplicaciones a cambio de una contraprestación.

Esa decisión llegó tras una década de disputas jurídicas. Las empresas de telecomunicaciones argumentaban que para incrementar el acceso a Internet (adquirir espectro, colocar antenas, tender fibra óptica directa al hogar, etcétera) las inversiones quedaban a su cargo, pero la neutralidad les impedía desarrollar un modelo de negocios segmentado, basado en ofrecer acceso diferenciado a determinados servicios o aplicaciones según las necesidades de cada usuario. Según este argumento, las empresas tecnológicas gozaban en cambio de toda la libertad para llevar tráfico hacia aplicaciones cada vez más sofisticadas, lo que, a su vez, aumenta la exigencia de más ancho de banda.

Desde Silicon Valley respondían que el problema nunca fue el principio de neutralidad de la Red, sino la falta de comprensión de la nueva economía por parte de las "telcos": después de todo, argumentan, el mensaje de texto en telefonía móvil surgió antes que las aplicaciones en Internet, pero no supieron ver lo que tenían delante de sus ojos: nada impedía a las "telcos" desarrollar el video on demand, las compras en línea o las aplicaciones para el transporte, por citar algunos ejemplos de innovación.

Semanas atrás, en una votación dividida, la mayoría republicana (3 a 2), la FCC suprimió la net neutrality: Internet es ahora un servicio de información privado y los intermediarios solo tienen obligaciones de transparentar cómo gestionan la Red. La FCC también declinó en la Comisión de Comercio su autoridad para regular posibles monopolios y oligopolios, fusiones o compras que supongan niveles excesivos de concentración. El movimiento que apoya al presidente Trump celebró la medida: aunque no promueven el bloqueo de contenidos por razones políticas o ideológicas, afirman que las fuerzas del mercado una vez liberadas de la regulación se encargarán de hacer surgir negocios, más inversión y ofrecerán mejores condiciones de acceso.

En contraposición, un grupo de 20 científicos e ingenieros considerados los padres fundadores de Internet escribieron una carta abierta al Congreso de Estados Unidos en la que afirman que la nueva mayoría en la FCC no entiende cómo funciona Internet y advierten sobre el impacto que el fin de la neutralidad tendría para la innovación y para el derecho a crear, compartir y acceder a información en línea.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, el cambio aprobado trae consigo graves preocupaciones que los relatores para la libertad de expresión hemos puesto de manifiesto. Los principios con los que se ha desarrollado Internet permitieron un ambiente descentralizado, abierto y neutral. La inteligencia de la Red está en las puntas: el valor lo genera todo aquel que pueda conectarse, subir y compartir información, ideas y aplicaciones.

El entorno original de Internet ha sido clave para garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información sin distinción de fronteras y, sin duda, tuvo un efecto positivo en la diversidad y el pluralismo. De hecho, la neutralidad fue elevada a principio fundamental tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en el sistema universal, a través de diversas declaraciones y decisiones.

La batalla jurídica por mantener el principio vigente en Estados Unidos recién comienza: ya suman 20 los estados -entre ellos California y Nueva York- cuyos fiscales generales han interpuesto acciones contra la nueva regla con el objetivo de garantizar las libertades, un dato relevante en un país donde la primera enmienda es asunto serio. Aunque es difícil que la mayoría republicana cambie una política del Ejecutivo, el Congreso estudia anular la decisión (las encuestas indican que la idea de una Internet libre y abierta es compartida por el 70% de la población). Por otra parte, los estados pueden establecer normas que obliguen a observar el principio de neutralidad en sus jurisdicciones y, de hecho, el estado de Montana acaba de aprobar una norma para garantizar la neutralidad de la Red dentro de sus límites.

Ahora bien, qué pasaría si el nuevo modelo se impone. La Red descentralizada que conocemos se transformaría en un espacio centralizado, con unos pocos intermediarios con el poder de distribuir el acceso a las aplicaciones y los contenidos. Los procesos de concentración y fusiones entre empresas de telecomunicaciones y empresas tecnológicas seguramente se acelerarían y esto podría relegar a pequeños emprendimientos a una Internet de baja calidad. Para el usuario común Internet podría convertirse en un espacio fragmentado y de aplicaciones dominantes. Otra visión tecnológicamente más optimista sugiere que, pese a este retroceso en los principios, la Red no cambiará su naturaleza: no habrá un despliegue de censura radical de parte de los ISP y buena parte de los consumidores -en particular la generación de los millennials y las siguientes- van a seguir reclamando acceso a una Internet completa, abierta y neutral.

Se podrá decir que algunos gigantes como Google y Facebook ya tienen un grado de concentración excesiva y pueden competir con las corporaciones de telecomunicaciones. Es cierto, pero bajo la neutralidad de la Red miles de sitios que acceden a la vida digital se sirven de (y sirven a) las redes más grandes, conviven en un ecosistema abierto.

¿Qué impacto tendrá esta medida en el resto del mundo? La Argentina, Brasil, México y Chile ya avanzaron en leyes que garantizan este principio. ¿Habrá un efecto contagio? ¿Que harán las empresas de telecomunicaciones que operan en la región? ¿Qué modelo seguirán Europa y los países nórdicos, algunos de los cuales elevaron a derecho constitucional el acceso a una Internet libre y abierta? Y los gobiernos autoritarios alrededor del mundo: ¿utilizarán el fin de la neutralidad de la Red para justificar una política aún más agresiva de bloqueo y filtrado de medios de comunicación, páginas web y aplicaciones que consideran un peligro para la supervivencia de su régimen?

Relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

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