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Las innovaciones del Gobierno en la pulseada con los gremios

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29 de enero de 2018  

Fuente: LA NACION

Los sindicalistas estaban acostumbrados a las amenazas de no recibir fondos para las obras sociales, pero no estaban tan habituados a un proceso extendido de investigación de cuentas personales poco claras, y menos aún a sus consecuencias penales. Esta situación recuerda las tácticas utilizadas exitosamente por Carlos Salinas en México contra los sindicalistas de su propio partido. Salinas logró poner presos a los principales dirigentes gremiales que se le oponían en el sector petrolero y educativo y, al hacerlo, forzó un proceso de renovación de la cúpula en ambos sindicatos que llevó a sus aliados a la dirigencia de aquellos. Esta estrategia fue clave en el proceso de reformas que su gobierno llevó a cabo en ambos sectores. En la Argentina, sin embargo, la estrategia no funcionó del mismo modo para Cambiemos en el caso emblemático del SOMU tras el proceso de Omar "Caballo" Suárez. La renovación de la dirigencia gremial organizada por la intervención del sindicato incluyó incluso la introducción del voto electrónico. Sin embargo, los esfuerzos del Ministerio de Trabajo por promover a su candidato fracasaron y el nuevo dirigente elegido por los afiliados resultó ser un aliado de Moyano.

Más allá del escándalo en el que se vio envuelto el ministro Jorge Triaca, que no puede aislarse de la intervención del SOMU, cabe preguntarse qué otras consecuencias pueden esperarse de esta nueva modalidad en la relación con el sindicalismo. El reencuentro marplatense entre Moyano, Barrionuevo y parte del triunvirato de la CGT con un discurso más combativo y la marcha de camioneros anunciada para febrero parecen ser una reacción: la búsqueda de legitimidad y el miedo a ser alcanzados por la cruzada purificadora los empuja en esa dirección. En contraposición, el restante triunviro de la CGT apoyó públicamente la fragmentación de la reforma laboral y, hasta ahora, el sector del sindicalismo que representa ha eludido la atención de la Justicia. Sin embargo, más allá de las reacciones inmediatas de los gremialistas, habrá que ver las consecuencias de esta estrategia en el mediano plazo y su impacto en la ahora fraccionada reforma laboral.

La estrategia judicial del Gobierno tiene límites y esos límites no están definidos solamente porque no todos los sindicalistas se han enriquecido de modo tal que no puedan justificar su patrimonio o porque la corrupción gremial puede también involucrar a empresarios que proveen recursos para garantizar la paz laboral o mejorar su posición frente a competidores. Más importante es la incertidumbre sobre quiénes serían los dirigentes que reemplazarían a los gremialistas que se busca desplazar (recordemos que en el caso del SOMU la renovación sindical no ha resultado como el Gobierno planeaba).

La reforma laboral de Cambiemos no buscaba la renovación de una dirigencia sindical de larguísimos mandatos que ha sabido aprovechar sus relaciones con el Ministerio de Trabajo y con los empleadores para sostenerse en el poder "hasta que la muerte los separe" de sus cargos (o los hereden sus hijos). Dicha renovación implica riesgos tanto para el empresariado como para el Estado, ya que ambos han estado más acostumbrados a un sindicalismo con el que podían negociar que a la incertidumbre de dirigentes a los que desconocen y que pueden recurrir a la combatividad para asegurarse su legitimidad. Una reacción que no debe ser descontada ya que los trabajadores formales argentinos se han visto beneficiados históricamente por condiciones laborales mejores que las que caracterizan a otras experiencias latinoamericanas con sindicatos más débiles.

Los dirigentes sindicales saben que si desatienden a sus afiliados sus cacicazgos corren riesgo de ser desafiados, ya que su poder de negociación se basa en la capacidad de convocar a los trabajadores de su sector. Aunque el sindicalismo no tenga apoyo en la opinión pública, sus dirigentes no son elegidos por el electorado general, sino por los afiliados de sus gremios y la lógica de sus organizaciones no es la misma que la de los votantes.

El fracaso de la ley Mucci durante el gobierno de Alfonsín muestra la dificultad de intentos anteriores por promover la renovación de la dirigencia sindical o aumentar su pluralismo. Ningún otro gobierno ha vuelto a intentarlo. La diputada Soledad Carrizo agitó un proyecto de reforma de la ley de asociaciones profesionales, pero no fue retomado por el Gobierno, que parece estar más interesado en el costo laboral que en la renovación sindical. Es por ello que ahora combina amenazas de investigación a sindicalistas con el fraccionamiento de la reforma laboral.

Aun antes del escándalo protagonizado por el ministro Triaca, el destino de la reforma laboral ya había sido minado por la marginación del PJ en la negociación original y por la exclusión del sindicalismo de la discusión sobre la reforma previsional.

La reacción negativa de la opinión pública ante los cambios en el cálculo jubilatorio no es ajena a la fragmentación de la reforma laboral. La falta de apoyo a la reforma previsional modificó los incentivos de los sindicalistas en busca de recobrar algo de la legitimidad perdida. Las porciones de la reforma laboral que sean populares, como la extensión de licencias, deberían generar consensos. Las que sean menos atractivas para los trabajadores, como las modificaciones en los pagos por indemnización, le darán una oportunidad al sindicalismo (o a parte de él) para oponerse y para recuperar legitimidad, tanto frente a sus afiliados como frente a una parte de la opinión pública que probablemente no apoye estas modificaciones.

Si bien el peso de los escándalos aumenta los incentivos sindicales para recurrir a la combatividad como forma de recobrar la legitimidad perdida, queda por ver si el esfuerzo por ocupar el espacio de la oposición será suficiente para lograrlo. Esta tarea, además, se complica por la división del gremialismo que no pudo coordinar su acción en el último paro general. Mientras que la CGT-Brasil y la CGT-Azopardo se unificaron frente al riesgo colectivo que generaba la ley Mucci, hoy el sindicalismo no logra superar su fragmentación. La división del sindicalismo, así como la del peronismo, erosiona su capacidad de coordinar alternativas de oposición al Gobierno.

Columbia University (@VickyMurilloNYC)

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