Cortes y piquetes: violencia vs. legalidad

Resulta sumamente preocupante que haya quienes pretenden naturalizar la violencia como un derecho derivado de la legítima protesta
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30 de enero de 2018  

Diversos movimientos sociales y grupos piqueteros anunciaron el pasado fin de semana que retomarán sus movilizaciones para el mes próximo y que tanto febrero como marzo venidero serán "movidos". Reclaman, entre otros puntos, que el 25% de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires y de las compras que hace el Estado estén en manos de cooperativas. Más allá de la viabilidad o lógica de tal exigencia, está visto que, antes que el diálogo y la negociación, prefieren la amenaza, el corte y obstaculizar la vida de los demás, también sujetos de derechos.

Es un tema recurrente que quedó expuesto hace pocas semanas y de manera muy contundente cuando un grupo de guardavidas frenó el vehículo en el que se desplazaba la gobernadora Vidal y la increpó de forma agresiva. "La violencia es la peor manera de vincularnos", dijo la funcionaria al enfrentarse cara a cara con quienes le impedían circular.

Pocos días antes de ese episodio, hordas de manifestantes descontrolados habían destrozado todo a su paso en los alrededores del Congreso, en protesta por el debate parlamentario de la reforma previsional, aunque quedó demostrado que el objetivo final era impedir esa discusión, un hecho gravísimo en un sistema democrático. Casi un centenar de policías resultaron heridos. Hubo 60 detenciones -la mayoría de esas personas, rápida y llamativamente fueron liberadas- y las autoridades debieron reconstruir el desastre que dejaron 15 toneladas de piedras usadas como proyectiles contra la policía, arrancadas de veredas, locales y monumentos históricos.

A tal situación siguieron interpretaciones de algunos dirigentes políticos y de no pocos estudiosos de la ley que intentaron justificar ese derecho de protesta aun habiéndose cometido numerosos delitos. Es lo que claramente el constitucionalista Néstor Sagüés escribió en un artículo para LA NACION: la evidencia de que se está gestando en nuestro país desde hace varios lustros una deplorable "libertad de agresión" equiparada a la "legítima libertad de expresión". Y que, en tal descabellada hipótesis, "al derecho de agredir se le suma el derecho a la impunidad", la creencia disparatada de que no se puede ni se debe ser castigado por desmanes si se realizan en cumplimiento del ejercicio de un derecho.

"La libertad de expresión -afirma Sagüés con fundamento- es pervertida cuando se le suma, por un acto de prestidigitación ideológica y como un ingrediente presuntamente natural de aquella, la libertad de agresión. Si eso pasa, el derecho se convierte en 'contraderecho': un derecho intrínsecamente lesivo y dañoso para los demás".

Es indudable la fuerte politización que se viene verificando en cada una de esas manifestaciones sociales, ya sea por buscar -de la peor manera- diferenciarse de la gestión de los gobiernos nacional y bonaerense, como por la infiltración de sectores antidemocráticos que aprovechan los reclamos para generar el caos con el fin de provocar una ruptura del orden constitucional.

Hay estadísticas que lo confirman. Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, una de las sorpresas de las mediciones realizadas en los últimos años es que las fuerzas político-partidarias treparon del sexto al cuarto lugar entre quienes realizan piquetes, casi duplicando sus bloqueos en 2017 respecto de 2016. Hubo 675 cortes que las tuvieron como protagonistas el año último de un total de 5221 piquetes registrados a lo largo de todo ese período.

En 2017 fue el sexto año consecutivo que el número total de piquetes en el país superó los 5000, una cifra exorbitante, que tiene en el tope de sus promotores a trabajadores estatales y organizaciones sociales.

Al número desproporcionado se suma el carácter violento que se verifica en el desarrollo de esas marchas. Un temperamento que viene siendo nefastamente abonado por los violentos de siempre, pero también por personas que, como el ex ministro de la Corte Suprema e increíblemente miembro aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Raúl Zaffaroni, desean que este gobierno termine antes de lo previsto para que sus políticas dejen de dañar a la ciudadanía. Acaso olvida el doctor Zaffaroni que la vía democrática por excelencia con que cuentan los ciudadanos es el voto.

Quienes transitamos por la ciudad de Buenos Aires hemos perdido la esperanza de no ser sorprendidos por un piquete a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier motivo.

Resulta claro que la comunidad en general demanda orden y que los piquetes finalmente sean reglamentados, permitiendo su realización como manifestación pacífica de protesta, pero respetando el derecho del resto de la sociedad a trabajar, circular y cuidar su salud sin impedimentos. Ni las ambulancias se salvaron de quedar encerradas en esas verdaderas trampas de tránsito.

El protocolo antipiquetes, de casi nula aplicación en la ciudad, y el traspaso de la policía al gobierno porteño dieron lugar a imputaciones cruzadas entre ese distrito y la Nación respecto de en quién recae la responsabilidad de restablecer el orden.

La problemática que plantean los piquetes y cortes de calle no debería transformarse en inacción. El "piqueterismo" es un fenómeno social creciente que tiene la violencia y la intimidación como nefasto recurso para presionar a las autoridades y al resto de la sociedad. La necesidad de plantear soluciones de fondo, que pongan un límite a ese desborde cotidiano, no admite más dilaciones ni especulaciones sobre el costo político que pudiera ocasionar a quienes las apliquen.

La amenaza de que febrero y marzo serán caóticos ya ha sido pronunciada. Los gobiernos y la Justicia deberán actuar en forma coordinada para prevenir que, una vez más, se produzcan ataques brutales contra las personas y los bienes, tanto púbicos como privados. Ataques que no son otra cosa que afrentas a la libertad individual. En definitiva, embates directos contra la propia democracia.

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