El Gobierno y el PJ acuerdan darle más poder a los fiscales

El oficialismo negoció con el peronismo una serie de proyectos que contemplan la reforma procesal penal, la implementación del sistema acusatorio y otorgarle las investigaciones a los fiscales
El oficialismo negoció con el peronismo una serie de proyectos que contemplan la reforma procesal penal, la implementación del sistema acusatorio y otorgarle las investigaciones a los fiscales Crédito: Paz Rodríguez Niell
Paz Rodríguez Niell
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7 de febrero de 2018  • 12:51

El Gobierno acordó con el PJ un cronograma para destrabar la reforma procesal penal, implementar el sistema acusatorio y poner las investigaciones en cabeza de los fiscales, que dependerán de un nuevo procurador que será elegido por Mauricio Macri y conservará -si se cumple el plan previsto- todo el poder que tenía Alejandra Gils Carbó .

El ministro de Justicia, Germán Garavano , y el senador peronista Rodolfo Urtubey anunciaron ayer que hay acuerdo sobre la redacción final del nuevo código procesal penal. Dijeron que el proyecto se tratará ni bien reabra el Congreso y que la idea es que se comience a aplicar este año, empezando por Salta y Jujuy.

También acordaron frenar el proyecto de ley del Ministerio Público, una reforma que el Gobierno consideraba prioritaria cuando la jefa de los fiscales era Gils Carbó, entre otros motivos, porque terminaba con los procuradores vitalicios. Macri lo había incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, pero no se trató. "La decisión política que compartimos es no modificar la ley del Ministerio Público", anunció ayer Urtubey, presidente de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, sentado junto a Garavano. "Es para que no haya suspicacias ahora, vinculadas a la designación del procurador", fue su explicación. Primero, entonces, se nombrará al nuevo jefe de los fiscales. Con este plan, Macri elegirá a un nuevo procurador que recibirá todas las atribuciones que tuvo Gils Carbó, que el oficialismo tanto cuestionó. Y ahora, además, con las investigaciones en cabeza de los fiscales.

Fuentes del Gobierno sostuvieron que paradójicamente fue la oposición la que prefirió, por sus diferencias internas, postergar el tema del Ministerio Público. El año pasado, discusiones en torno de esta ley dejaron al borde de la fractura al bloque del PJ del Senado.

"Lo bueno es que con un procurador tan fuerte va a ser más fácil la implementación del nuevo código", dijo a la nacion un funcionario del oficialismo.

La nueva reforma permitirá que el procurador conserve el poder que tenía Alejandra Gils Carbó.
La nueva reforma permitirá que el procurador conserve el poder que tenía Alejandra Gils Carbó.

En cuanto a la reforma procesal penal, Urtubey anunció que va a presentar el proyecto junto con otros senadores. "Seguramente [Federico] Pinedo , [Pedro] Guastavino, [Miguel Ángel] Pichetto ". La idea es que quede claro que hay acuerdo. "El 2 de marzo va a tener estado parlamentario. Vamos a darle tratamiento lo mas rápido posible", anunció Urtubey. Se basa en el proyecto del Ejecutivo "aggiornado" con las reformas que se fueron haciendo en la materia (ley de flagrancia, juicios unipresonales, ley de víctima) y es "la reforma de la reforma", dijo. Durante el kirchnerismo se había aprobado el cambio de sistema, pero el oficialismo no aceptó que funcionara con Gils Carbó como procuradora y Macri suspendió, por decreto, su aplicación.

Los anuncios de ayer fueron en el marco de un encuentro realizado en el Ministerio de Justicia que tenía por objeto, justamente, hacer públicos los "consensos" que tiene la reforma.

El anfitrión fue Garavano y estaban representados todos los sectores vinculados a la Justicia. Todos celebraron el cambio hacia el sistema acusatorio. El ministro les aseguró que el Gobierno pondrá los "recursos" necesarios y se hará cargo de los costos económicos de la reforma. Sentados alrededor de una larga mesa de reuniones, estaban el procurador general interino, Eduardo Casal; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Lilia Díaz Cordero de Gómez Alonso; el líder del gremio judicial, Julio Piumato ; el juez federal Julián Ercolini (en representación de la Corte); miembros de la Cámara de Casación y jueces y fiscales del interior del país.

También estaba Pablo Noccetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. La ministra Patricia Bullrich había dicho un rato antes, en relación con el caso Chocobar, que se iba a modificar la ley para darle más poder a los policías que se enfrenten con delincuentes. "Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías", anunció la ministra. Ayer Garavano tomó distancia. Dijo que "lo prudente" es dejar que la comisión que está trabajando en un nuevo Código Penal eleve un proyecto "integral". "La ministro tiene representantes allí. Seguramente lo canalizará por esa vía", respondió.

También contestó sobre las declaraciones de Jaime Durán Barba en referencia a la pena de muerte (había dicho que las encuestas daban que la mayoría estaba de acuerdo). Garavano dijo que estaba moral y filosóficamente en contra y que, además, la pena de muerte es ineficiente.

Qué cambios propone el Gobierno sobre el código que aprobó el kirchnerismo y hoy está suspendido:

  • Cosa Juzgada írrita. Se elimina la prohibición de que se revisen sentencias definitivas dictadas fraudulentamente.

  • Más prisiones preventivas. Aquel que tenga una condena efectiva no firme estará preso hasta que el tribunal superior tome la decisión final y resuelva si confirma o revoca la condena. Además se especifican nuevos supuestos para disponer la prisión preventiva, como la resistencia a la aprehensión y el intento de asegurar el provecho del delito.

  • Menos límites territoriales para los jueces. Se permite que el juez competente en una causa pueda autorizar medidas en otra jurisdicción (hoy debe pedírselas por exhorto al juez del lugar).

  • Testigos protegidos. El proyecto prevé que se les de seguridad e incluso la reserva de la identidad de quienes declaren o sean potenciales testigos.

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