El aval al Indec de Moreno golpeará a los jubilados

La estrategia oficial para no habilitar denuncias por la manipulación afecta al FGS
La estrategia oficial para no habilitar denuncias por la manipulación afecta al FGS Fuente: Archivo
Francisco Jueguen
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8 de febrero de 2018  

La carta data del 6 de octubre de 2017 y fue recibida en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, donde trabaja el fiscal Carlos Stornelli, uno de los primeros en investigar la manipulación de las estadísticas en tiempos de Guillermo Moreno.

"La gravedad de un sobreseimiento de Moreno es enorme e instala la posibilidad de un perjuicio irreparable de decenas de miles de millones de pesos a los jubilados argentinos", escribió el abogado Osvaldo Prato, representante de Consumidores Financieros Asociación Civil, una entidad que a fines de 2015 -con el cambio de gobierno- denunció en la Justicia un daño a bonistas que fueron afectados por la falsificación de la inflación. ¿El costo de esa manipulación en nueve años? Unos US$18.000 millones.

Según el cálculo de la entidad denunciante, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses tenía a mediados de 2017 US$55.000 millones. Un 63% eran bonos soberanos (US$35.000 millones). Los abogados calcularon que US$13.000 millones estaban ajustados por CER, un coeficiente que se actualiza con la inflación oficial. El daño a la Anses -estimaron- fue de US$14.300 millones.

"Una parte muy importante de esos títulos son bonos Cuasi Par con vencimiento en 2045, bonos de reestructuración de la deuda pública de 2004, indexados al CER. El FGS, es decir, los jubilados, son propietarios del 77,1% de estos bonos indexados al IPC manipulado por Moreno", escribió el economista Ariel Coremberg en el diario Ámbito Financiero. Los bonos Cuasi Par se crearon específicamente para las entonces AFJP y fueron afectados por la falsificación del IPC oficial. Incluso hombres cercanos a Guillermo Moreno justificaron la intervención en el Indec jactándose del ataque a los "buitres" o acreedores de deuda privada. En 2008, Amado Boudou encabezó la estatización del sistema previsional local y esos bonos pasaron a manos del Estado en la Anses.

La estrategia de Moreno y de Boudou terminó entonces golpeando los fondos de los jubilados. Un año después, ya como ministro, Boudou beneficiaría a varios bancos privados con un canje de bonos atados al CER a los que les entregó bonos ajustados por Badlar.

La carta de Prato fue dirigida a Stornelli en momentos de rumores que indicaban que el juez Rodolfo Canicoba Corral podría sobreseer a Moreno con aval de Mauricio Macri. La actual gestión no quiere sufrir una marea de demandas de bonistas. Tanto es así que, como informó LA NACION en diciembre, Hacienda contestó la demanda de Consumidores Financieros Asociación Civil en la Justicia negando que el Indec haya falsificado estadísticas en tiempos de Moreno. "Negamos por inexacto e improcedente que se hubiesen estructurado índices falsos, que ello haya sido referencia para una gran cantidad de inversiones privadas de diversa naturaleza y que ello hubiera generado un gran menoscabo en los respectivos rendimientos financieros durante nueve años", escribieron los abogados de Hacienda en noviembre de 2016.

La causa iniciada por daños a los bonistas está desde el 5 de octubre pasado en la Corte Suprema, con fallos negativos en primera y segunda instancia, esperando respuesta sobre si los demandantes constituyen un colectivo legítimo, pero sin debatir la cuestión de fondo, algo que un fallo de Canicoba Corral a favor de Moreno podría acelerar.

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