Abren en La Haya una investigación sobre la violenta represión en Venezuela

La CPI anunció un examen preliminar sobre "el uso de fuerza excesiva" del chavismo en las protestas
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9 de febrero de 2018  

LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) inició ayer un examen preliminar sobre "el uso de fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones" de la oposición venezolana durante los disturbios políticos del año pasado, que dejaron más de un centenar de muertos.

El procedimiento "preliminar" no supone aún la apertura de una investigación oficial, sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante, ya que la CPI solo investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

El comunicado oficial de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, recuerda que "también se informó que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad".

Sin embargo, el gobierno chavista criticó la parcialidad de la investigación de la CPI.

En diálogo con la prensa, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, dijo que la información de la CPI "pudiera parecer no solo sesgada, sino que no ha tenido la oportunidad ni siquiera de comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no de los casos".

En este sentido, Saab recordó que la CPI y sus instancias deben actuar "de manera complementaria en casos que no hayan sido judicializados". Pero que la fiscalía venezolana ha atendido todas las denuncias.

"Muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación (...). No habrá impunidad", aseguró Saab, que recordó que el presidente Nicolás Maduro hizo una "expresa prohibición" del "uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones".

Saab citó un caso emblemático, el de David Vallenilla, que murió el 22 de junio después de que un militar le disparó a quemarropa perdigones de plomo cuando protestaba con otros jóvenes que lanzaban piedras y cócteles molotov contra una base aérea en Caracas.

El supuesto responsable está preso, acusado de "homicidio calificado ejecutado con alevosía y motivo fútil", recordó el fiscal venezolano.

En el bando opositor, la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega respaldó el comienzo de las investigaciones internacionales.

"Saludamos el inicio de un examen preliminar en la @IntlCrimCourt sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en #Venezuela, tal como lo denuncié ante ese organismo el pasado 16 de noviembre, cuando consigné más de 1690 pruebas que sustentan el caso", tuiteó la ex fiscal general venezolana.

Ortega fue destituida en agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno la acusa de "traición" después de que declaró como ruptura del orden constitucional las dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en marzo de 2017 que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones y que fue la chispa de cuatro meses de protestas contra el gobierno con más de cien víctimas fatales.

También el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que frecuentemente choca con el gobierno chavista, escribió en su cuenta de Twitter que la medida de la CPI "es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia".

Por iniciativa de Almagro, en la OEA se celebraron en los pasados meses varias audiencias públicas presididas por juristas reconocidos para analizar si existe base para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Tras esas audiencias, los juristas están aún en la fase de redacción del informe.

Las manifestaciones contra el gobierno de Maduro comenzaron el 4 de abril de 2017 y dejaron más de un centenar de muertos hasta el 30 de julio. El jefe del Estado responsabilizó a la oposición y a la ex fiscal Ortega Díaz del saldo mortal de las protestas.

Agencias AFP y DPA

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