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La Argentina cerró más acuerdos con bonistas que seguían en default

El Ministerio de Caputo llegó a un nuevo acuerdo con fondos de inversión que tenían bonos en default
El Ministerio de Caputo llegó a un nuevo acuerdo con fondos de inversión que tenían bonos en default Fuente: Archivo
Martín Kanenguiser
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9 de febrero de 2018  • 12:24

La Argentina logró cerrar demandas con otros 15 fondos de inversión que se habían conformado para comprar bonos en default y que terminaron aceptando los términos de la oferta del Gobierno.

Se trata de casos entre Gobierno y diversos fondos de Contrarian, que tenían bonos en euros y fueron constituidos en el estado de Delaware.

El analista Sebastián Maril de Research for Traders indicó a LA NACION que estos fondos se formaron en Delaware en 2006-2008 y compraron bonos defaulteados que vencieron antes de su registro en Delaware. "La demanda fue presentada en 2016", sostuvo.

"Muchos de estos fondos se crearon exclusivamente para comprar fondos defaulteados, litigar contra el país y, finalmente, cobrar", detalló.

La firma Contrarian se fundó en 1995 con base en Connecticut y tiene oficinas en Londres, París, San Pablo y Hong Kong. Maril precisó que las demandas cerradas sumaban U$ 15 millones equivalentes en euros.

En total, quedan por cerrar casos de bonistas en default por unos US$ 750 millones y unos US$ 100 millones de los bonistas con títulos bajo ley argentina, que siguen siendo negociados por el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo .

La Argentina lanzó una oferta a principios de 2016 que logró la progresiva aceptación de la mayoría de los fondos de inversión extranjeros y nacionales.

El arreglo generó una importante disminución en el costo del financiamiento para el gobierno nacional, las provincias y las empresas, así como también un mayor acceso al crédito internacional.

Pese a las advertencias de la oposición, no se produjo una ola de nuevos juicios que pudiera poner en riesgo nuevamente la cadena de pagos, como ocurrió con el default del 2014, autoinflingido por la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de no acordar con los holdouts.

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