Escandalosas impunidades judiciales

La ciénaga en que se ha convertido parte de los tribunales de Comodoro Py es tan profunda que solo se podrá salir de ella con un plan de regeneración institucional
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11 de febrero de 2018  

La Justicia Federal Penal de la Capital Federal agrega a diario motivos de escándalo y preocupación por su alarmante descomposición. Algunas novedades sobre esa decadencia se refieren al titular del Juzgado Federal Nº 6, Rodolfo Canicoba Corral, y a un viejo y turbio entramado de intereses económicos cuya punta del iceberg salió recientemente a la luz.

Canicoba Corral fue designado juez por Carlos Menem. Se jacta de ser "más político" que su antecesor, lo que se tradujo en una extraordinaria capacidad para entretejer lazos con algunos empresarios y con el Poder Ejecutivo de turno al punto que, con él, todo pasó a ser negociable. Habría utilizado su cargo como trampolín para su fabuloso e injustificable crecimiento económico, al amparo de la más vergonzosa y descarada impunidad.

Como publicó LA NACION, la esposa de Canicoba, Ana María Tejada, desarrolló un negocio multimillonario como concesionaria de Aeropuertos Argentina 2000 para la explotación de un servicio de embalaje de maletas. Se desvinculó de esa empresa de envoltorios, Ipax SA, poco antes de que su marido sobreseyera a ejecutivos de Aeropuertos en una causa por supuesta defraudación al Estado. Canicoba intentó explicar que para ese momento su esposa ya no tenía vinculaciones con la compañía que le había otorgado la concesión. Agregó que ni siquiera era su esposa. "Nos casamos hace cinco o seis años", se justificó. Sin embargo, Tejada era para entonces la madre de sus hijos.

Esto revela el impropio ejercicio que este juez hace de su alta magistratura. Jamás debió intervenir en una causa que involucraba a empresarios responsables de concederle a la madre de sus hijos cuantiosos beneficios patrimoniales. Debió haberse apartado a fin de velar por que la imagen de la Judicatura no quedase afectada. No es posible suponer que quien tiene un interés indudable en que no se vean perjudicados los intereses económicos de alguien de su íntimo conocimiento y con quien convive, pueda ser el juez imparcial que la Constitución reclama.

La relación de Canicoba con la empresa de aeropuertos es llamativa porque, una vez que se retiró su mujer, desembarcó en el mismo negocio de embalaje un íntimo del juez, el abogado Guillermo el "Gordo" Scarcella, accionista de la empresa Wrapping. Canicoba admitió que conoce hace años a Scarcella, el exprofesor de tenis de fiscales y jueces que hoy es señalado como su operador, testaferro, socio y enlace con la política peronista. Reconoció que tiene una firma de envoltorios, pero aclaró que no tiene nada que ver con la que fue de su mujer. La relación entre Canicoba y Scarcella es pública, incluso son compañeros de truco en un torneo denominado Rody Cup, en honor al magistrado. Lo organizaba otro abogado y operador judicial: Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.

Si no se conocieran por el truco, Canicoba y Scarcella igual estarían cerca. El juez federal designó a Scarcella como interventor de la filial de Mar del Plata del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Scarcella es hermano del abogado amigo del juez y que, como la esposa del juez, se enriquece con el envoltorio de equipajes. El SOMU es el sindicato de Omar "Caballo" Suárez, a quien Canicoba puso preso. La relación del juez con ese sindicato es polémica. No solo designó al hermano de su esposa, Sergio Ramiro Tejada, como interventor en la obra social del SOMU. Además, fue acusado de recibir sobornos ligados a la investigación de esa entidad, que se habrían canalizado a través de Leyra Company, una sociedad offshore que integran la sobrina de su esposa, María Yamila Tejada, y la madre de su esposa, Emilia Inés Durbano. Canicoba negó cualquier vinculación con esas operaciones, pero la Justicia sigue indagando el origen de los fondos dado que Scarcella no puede probar la compra de millonarias propiedades.

El juez tuvo que soportar otras acusaciones procedentes del SOMU. La hija de Suárez le imputó haber querido cobrarle 500.000 dólares, a través de un intermediario, para conceder al sindicalista la prisión domiciliaria por razones de salud. Canicoba niega ese cargo, que obligó a que se abra una causa en el juzgado de María Servini de Cubría. El 29 de diciembre, el juez Luis Rodríguez, que subrogaba el juzgado de Canicoba, terminó accediendo al pedido de Suárez que luego la Cámara revirtió.

Canicoba, quien en un escandaloso concurso celebró que el kirchnerismo convirtiera también en juez federal a su hijo Emiliano, pareciera haberse convertido en un magistrado simpático para algunos operadores del actual gobierno.

Alrededor de Scarcella también proliferan los escándalos. LA NACION publicó que la UIF lo investiga por haber recibido varias transferencias millonarias en dólares en una cuenta radicada en Estados Unidos. Scarcella explicó que correspondían al pago por la venta de acciones de su compañía de envoltorios, Wrapping. Pero las autoridades no registraron ningún cambio patrimonial que justifique esos movimientos. Estas informaciones fortalecen las imputaciones de la diputada Elisa Carrió, a raíz de las cuales se inició una investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Scarcella. Esa figura es adecuada porque, mientras se registraban esos inexplicables movimientos de fondos y por pedido expreso del propio Canicoba, Scarcella pasaba a ser funcionario de la gestión de Daniel Scioli, como director de la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), convirtiéndose en uno de los grandes recaudadores del gobernador y denunciado por Carrió como uno de los testaferros de Scioli, junto con Luis Peluso y Juan Carlos Mancinelli . Cuando se produjo esa designación, muchos especialistas en la actividad judicial la interpretaron como un intento de Scioli de sellar una alianza con los tribunales de Comodoro Py. Recordemos que la Justicia investiga a las tres sociedades en las que Scarcella concentró irregularmente contrataciones directas durante su cuestionable gestión al frente de ABSA, sin concursos ni llamados a licitación, con injustificables gastos en simposios médicos, caterings y espectáculos circenses, así como su vinculación con cuantiosas sumas depositadas en cuentas bancarias del exterior a nombre de él y de su hermana. En julio pasado, el Tribunal de Cuentas bonaerense determinó que Scarcella y otros exfuncionarios de la administración Scioli debían devolver 51 millones al Estado provincial por estas irregularidades.

Antes de que se lo relacionara con Canicoba, el nombre de Scarcella había aparecido en una investigación por enriquecimiento ilícito del exjuez Jorge Urso. Un departamento atribuido a él figuraba a nombre de Scarcella. Las vinculaciones de la empresa bonaerense con la Justicia Federal no se agotaron en su titular. El síndico de la compañía era Alfredo Lijo, hermano del juez y presunto socio del camarista destituido Eduardo Freiler.

Las novedades que aparecen en torno a Canicoba y a su vínculo con Scarcella, y a las relaciones que tendría este abogado con los hermanos Lijo y Freiler tienen un significado que atañe al mal funcionamiento de buena parte del fuero penal federal de la Capital. Magistrados con denuncias recurrentes por decisiones sospechosas, vinculaciones con familiares o compinches que actúan como gestores judiciales, y hasta empresas públicas que, como Aguas Bonaerenses, parecen haber sido entregadas a modo de botín. Este panorama, de gran antigüedad, se agravó a la luz de lo que ha sucedido en la Argentina durante el kirchnerismo. El país fue víctima de un exitoso experimento de megacorrupción, que no podría haber prosperado sin un grupo de jueces que no solo fueron complacientes, sino que en varios casos parecen haber estado ligados a los negociados.

El electorado viene pidiendo un punto final para estas graves deformaciones. Se han producido algunos tibios avances, como la renuncia de Oyarbide y la destitución de Freiler, en la dirección de un saneamiento. El Consejo de la Magistratura inició una investigación contra el juez Lijo que, es de esperar, no se vea entorpecida, como ocurrió a fin del año pasado, por malsanas interferencias políticas. En algún momento tendría que examinarse la situación de Canicoba. Siguen apareciendo a diario signos de una reprochable continuidad de las peores prácticas entre ellos, la influencia del espionaje sobre los juzgados y la intervención de gestores informales ligados al Poder Ejecutivo, como el presidente de Boca, Daniel Angelici.

El Consejo de la Magistratura impulsó la primera auditoría sobre causas de corrupción en los últimos 20 años cuyos resultados se conocerán en marzo y que pueden comprometer seriamente a Canicoba entre otros jueces de 17 diferentes jurisdicciones, 258 tribunales orales y 39 cámaras de apelaciones. Esa auditoría contó con el respaldo del Foro de Convergencia que nuclea a 40 representativas organizaciones de la sociedad civil.

La ciénaga en que se ha convertido parte de los tribunales de Comodoro Py es de tal extensión y profundidad, que solo se podrá emerger de ella con un programa sistemático e integral de regeneración institucional que el poder político debe promover, defender y acompañar con firmeza y sin más claudicaciones ni demoras. La salud de la República así lo exige.

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