Así es el nuevo protocolo para prevenir las tomas de escuelas públicas porteñas

El debate por los protocolos anti toma de escuelas públicas

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Fernando J. de Aróstegui
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14 de febrero de 2018  • 16:45

El gobierno porteño quiere terminar con las tomas de escuelas públicas en el próximo ciclo lectivo, que empieza el 1º de marzo. Por eso, el Ministerio de Educación dictó "pautas de acción" para restaurar las responsabilidades de quienes participen o alienten esas acciones: los directores deberán citar a los padres para retirar a sus hijos de la escuela. Los padres serán responsables de los daños eventuales.

"Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras", dijo la ministra Soledad Acuña, al recordar que en 2017 se tomaron 30 escuelas.

El nuevo protocolo establece que en la toma de un colegio su principal autoridad deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar de manera inmediata (por teléfono u otras vías de contacto habituales) a los padres o tutores de los alumnos para que los retiren del establecimiento.

Además se exige que las autoridades labren un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y luego la eleven a la máxima autoridad de la cartera.

El acta deberá incluir un relato de los hechos apoyado en fotografías (preferentemente certificadas por un escribano) del estado del patrimonio escolar al momento de iniciarse la toma.

Guillermina Tiramonti:

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"Los rectores que no cumplan con las obligaciones procedimentales establecidas en el nuevo protocolo serán pasibles de distintas sanciones sobre su carrera docente, según el caso: apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos", explicó Acuña a LA NACION.

Luego, cuando los padres retiren a sus hijos, deberán firmar un acta en la cual se consignará que "mientras dure la situación, y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad sobre el mismo recaerá sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental".

Los padres que en estas circunstancias no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los eventuales daños registrados en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.

Acuña citó el antecedente de un caso de amenaza de bomba en una escuela que fue denunciado en la Justicia y cuyos responsables fueron multados.

"Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedicará a hacer oposición política", consideró.

"Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas", dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar entre los alumnos que "las acciones tienen consecuencias".

El protocolo fue diseñado por el Ministerio de Educación porteño en colaboración con la Procuración General de la Ciudad, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires.

El año pasado se registraron en la ciudad 30 tomas de escuelas
El año pasado se registraron en la ciudad 30 tomas de escuelas Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Este protocolo es una respuesta jurídica vaciada de contenido pedagógico", consideró Claudia Romero, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Agregó que la normativa se limita a establecer pautas administrativas de acción para preservar la integridad física de las personas y del patrimonio escolar, pero nada dice de la función pedagógica del director. "Es imprescindible poner en juego criterios educativos que trabajen en la prevención de estos hechos", concluyó.

Aunque la nacion consultó a la Unión de Trabajadores Estatales (UTE), desde allí respondieron que desconocían la noticia del protocolo y se disponían a evaluar su contenido.

También cuestionó la efectividad del protocolo el rector de un importante colegio porteño que pidió preservar su identidad. "Esta gente [por el gobierno porteño] no sabe lo que es una toma", dijo.

Agregó que en las grandes escuelas, de unos 900 alumnos, es muy difícil conocer el nombre de todos los estudiantes. "Muy pocos preceptores y profesores van a querer colaborar con esa tarea de delación, porque terminada la toma hay que reconstruir la convivencia cotidiana", añadió. Y expresó que si un directivo no quiere colaborar dirá que no puede reconocer a los estudiantes.

En tanto, los centros de estudiantes de escuelas porteñas también cuestionaron la iniciativa. "Se ofende a los alumnos cuestionando su falta de responsabilidad: en las tomas del año pasado, en muchos colegios, como el Fader y el Raggio, las instalaciones quedaron impolutas", dijo Mateo Grassi, alumno de las Escuelas Técnicas Raggio, en Núñez. Agregó que las tomas no impiden el dictado de clases y que el nuevo protocolo "criminaliza la protesta, un instrumento legal de la democracia".

Sin embargo, hay padres que celebraron la nueva medida. "Estoy de acuerdo en que se accione judicialmente contra los padres que alientan las tomas, porque muchos de ellos se aprovechan de que los hijos no son pasibles de acciones judiciales para hacer su propio juego político", dijo Franco, cuya hija estudia en el Lenguas Vivas.

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