Golpe con olor a petróleo

Hasta dónde llegó la influencia de las grandes compañías norteamericanas.
(0)
12 de noviembre de 2000  

A los pocos días de producida la revolución de septiembre circularon versiones que aludían a la participación de la Standard Oil en la financiación del movimiento. En un telegrama secreto enviado al Departamento de Estado, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Robert Woods Bliss, revelaba: "He sido informado que miembros del partido radical están difundiendo la idea de que la revolución se financió con dinero americano, en parte suministrado por la Standard Oil, y que luego de mi llegada, a fines de julio, al traer grandes sumas, los planes de la oposición maduraron. Me esforzaré por saber si esto es cierto y, si lo fuera, cuán difundido está".

La Standard Oil rechazó la versión en un encuentro que el vicepresidente de la compañía, mister Swain, sostuvo con un alto funcionario del Departamento de Estado e ignoró el pedido de ratificar por escrito su desmentida.

Nacía así la sospecha, pronto convertida en leyenda, del golpe petrolero. Un golpe destinado, fundamentalmente, a impedir que el Senado sancionase el proyecto del radicalismo que implicaba la implantación de un monopolio estatal del petróleo.

La versión canónica de esta tesis aseguraba que la revolución se hizo con el propósito de impedir la realización de las elecciones en San Juan y en Mendoza el 7 de septiembre. El previsible triunfo radical aportaría los senadores necesarios para sancionar la ley tal como lo quería el presidente HipólitoYrigoyen.

La caída del caudillo radical, aseguró la revista de negocios norteamericana Fortune, "fortalece la posición de la Standard Oil en la Argentina". Más de una compañía -la Anglo Persian, por ejemplo- vaticinó que el nuevo gobierno enterraría para siempre la legislación y la política petroleras del partido depuesto. ¿De dónde provenía esta certeza de las empresas?

Mucho en común

Las compañías se sentían seguras porque contaban con personeros muy influyentes en el seno mismo del gabinete del general José Félix Uriburu. Una somera enumeración debería incluir a Horacio Beccar Varela, el ministro de Agricultura, a quien se hallaba supeditada la política petrolera. El nuevo funcionario estaba ligado indirectamente con la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, de capital británico, con yacimientos en la Patagonia y había integrado el directorio local de la Galena Signal Oil, importadora de petróleo. Fue con su sucesor, David Arias, con quien la Standard Oil tendría mayor eco.

El ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, por su parte, había sido abogado de la Standard en el pleito que ésta sostuvo con la provincia de Salta. El titular de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, integraba el directorio de la filial local de la Anglo Persian. El de Obras Públicas, Octavio S. Pico, estaba vinculado con la Ferrocarrilera y la empresa petrolera Andina. El secretario de la Presidencia, teniente coronel Emilio Kinkelín, había sido hombre del petrolero alemán Hugo Stinnes.

Fruto de una conjura política y económica de fuerzas y de grupos que sólo parecían tener en común su furioso antiyrigoyenismo, la revolución también incluía, entre otros, los intereses petroleros, pero no se había hecho exclusivamente para impedir la ley de petróleo auspiciada por el radicalismo.

No era prioridad

Más aún, no existe una correlación entre la fecha del estallido revolucionario, las elecciones de San Juan y Mendoza, y la presunta mayoría en el Senado pues, aunque el partido radical hubiera triunfado e impuesto así sus candidatos, aquél seguiría en manos de la oposición.

El peligro del monopolio estatal no era ni inminente ni tan seguro en los caóticos meses finales del gobierno de Yrigoyen: la ley del petróleo no figuraba como una prioridad en la agenda radical. Fue significativo que en mayo de 1930, Yrigoyen autorizara la construcción de una destilería de la Royal Dutch Shell. Ninguno de estos hechos pasaron inadvertidos para la Standard Oil ni para la embajada de los Estados Unidos en nuestro país.

En un prolijo informe donde pasaba revista, senador por senador, a la composición de la Cámara alta, el encargado de negocios norteamericano subrayó que el radicalismo seguiría siendo minoría en el Senado por algún tiempo más. No podía asegurarse, a la luz de la crisis en que se debatía el oficialismo en las semanas anteriores al golpe, que fuera a contar siempre con el voto popular.

¿Hasta dónde llegaba la influencia de las compañías petroleras en el gobierno de Uriburu? La respuesta hay que buscarla en la política alentada por éste en esa área.

El petróleo de Uriburu

Ni bien rastreamos en ella descubrimos que las compañías no las tenían todas consigo. Entre sus contradicciones, la revolución había alejado, sin duda, la amenaza del monopolio estatal y garantizaba el funcionamiento del sector petrolero privado libre de toda tutela estatal, pero no quiso o no pudo desmantelar, en cambio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), convertidos por el general Enrique Mosconi en un empresa pujante y factor de poder nada desdeñable en el diseño de la política de hidrocarburos.

YPF reclamó intervenir, en efecto, en las políticas del sector. Uriburu le dio a la empresa su anhelada personería jurídica y no abolió las extensas reservas fiscales decretadas por el presidente Marcelo T. de Alvear en 1924. Aunque Mosconi se había alejado del ente petrolero, aún quedaban en éste elementos nacionalistas, como el general Angel Allaria, director general suplente, camarada y antiguo conocido de Uriburu.

El sucesor del capitán de navío Felipe Fliess, primer director de la empresa nombrado por el gobierno de facto y cercano a los intereses norteamericanos, fue Enrique Zimerman. En su gestión volvió a imperar en YPF el espíritu que le había impreso Mosconi. La serie de medidas que propuso desde 1931 herían de frente a las empresas -particularmente a la situación de la Standard Oil en Salta- y, según confesó a Bliss uno de los ejecutivos de la empresa, dichas iniciativas constituían la amenaza más seria que habían sufrido sus intereses en la Argentina.

Políticas en contra

La Standard Oil había logrado firmar un convenio ventajoso con el gobierno de aquella provincia, que contó con el beneplácito de Uriburu. Pero como YPF se había opuesto a dicho contrato, el gobierno dio marcha atrás y no lo homologó. La política arancelaria que aplicó la revolución, al incrementar gravámenes aduaneros que recaían sobre el crudo y los derivados importados favoreció también a las compañías productoras locales.

Tironeada en direcciones a veces opuestas por los distintos intereses y grupos que se movían en su seno, la gestión de Uriburu zigzagueó entre los intereses del Estado y las compañías. Estas lo recibieron con alivio, pero no quedaron totalmente satisfechas.

Al término del gobierno de facto, las compañías depositaron su esperanza en el flamante presidente, el general Agustín P. Justo. Pronto descubrieron su error: el nuevo gobierno no fue todo lo dócil a sus intereses como habían esperado.

Qué dijo Fortune sobre Yrigoyen

"La última revolución derrocó a Yrigoyen, un cruzado fanático contra todo lo yanqui, incluyendo las compañías de petróleo. Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó el 22 por ciento de todas las ventas. Su derrocamiento fortalece la posición de la Standard Oil en la Argentina". Fortune. Marzo de 1931. Nº 3, v. III, p. 132.

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?