El Consejo de la Magistratura, ante un nuevo desafío

El cuerpo debe decidir sobre el juicio político a jueces acusados de tentativa de homicidio y vejámenes en casos de imputados por delitos de lesa humanidad
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21 de febrero de 2018  

Familiares de imputados por delitos de lesa humanidad y asociaciones que velan por la legalidad en los procesos presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, prevaricato, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, imposición de severidades, vejámenes y torturas.

Los jueces denunciados fueron María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y José María Ramos Padilla, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, apartados ya de la causa por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación en 2016 por falta de imparcialidad. Noli y Pérez Villalobo pertenecieron al ERP y Ramos Padilla representó a organizaciones no gubernamentales querellantes en estas causas. Desde estas columnas, elogiamos aquella decisión de la cámara en un editorial titulado "Jueces parciales, sentencias nulas".

Tras cuatro años de prisión preventiva, Cayetano José Fiorini, de 86 años, ciego, sin un riñón, atravesando un cáncer terminal con plan quirúrgico coronario, falleció el 19 de septiembre de 2016. Según un informe forense, debió haber sido "atendido en forma urgente por el servicio cardiovascular (para establecer a la brevedad) su intervención quirúrgica por aneurisma de aorta abdominal", aclarando que no se encontraba "en condiciones de ser alojado en una unidad penitenciaria".

Con la excusa de la realización del debate oral, los jueces denunciados revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado a una unidad carcelaria, decisión que fue revocada por la Cámara de Casación porque los informes médicos indicaban que cualquier modificación de su situación podía "...causar una ruptura aneurismática imprevista y el óbito consiguiente...". No obstante los informes médicos y lo resuelto por Casación, estos jueces ordenaron el traslado a una unidad carcelaria. El Servicio Penitenciario se presentó en dos oportunidades para cumplir la orden, pero desistió ante las advertencias de la familia y sus abogados.

Antes del comienzo del juicio, el defensor de Fiorini había solicitado una junta médica, al advertir que no se encontraba en condiciones de afrontarlo, pero esta nunca se concretó. En la querella, su hija señaló: "Los dos intentos de homicidio quedaron frustrados por la intervención de terceros, la familia, el abogado defensor de mi padre y la actitud asumida por el personal del Servicio Penitenciario Federal. No así los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento". Ahora se agregan los de imposición de vejámenes y torturas a los detenidos.

Igual de aberrante fue el caso del exjuez Arturo Liendo Roca, quien falleció durante el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el ejercicio de su cargo. El tribunal lo había sometido a todo tipo de vejaciones, dado que varios estudios médicos -incluso uno realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- demostraban que no estaba en condiciones de presenciar el juicio por su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Sin embargo, ese informe, tras ser entregado en el tribunal, se perdió y apareció luego de iniciado el litigio, con signos de haber sido adulterado. Lamentablemente, esas denuncias se corroboraron con su fallecimiento durante el proceso. Los jueces Noli y Pérez Villalobo desoyeron los informes médicos y siguieron con el juicio. Cabe destacar que entre los hechos denunciados no había homicidios ni desaparecidos y que el doctor Liendo Roca había sido sobreseído en cuatro oportunidades. Finalmente, el tribunal fue removido por la Cámara de Casación Penal de la Nación por no garantizar la imparcialidad durante el trámite de la causa.

Respecto del caso Fiorini, luego de una profunda investigación, y tras el dictamen de la fiscalía actuante, el 9 de febrero Guillermo D. Molinari, a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero, citó a los magistrados a prestar declaración indagatoria el 26 de marzo por la comisión de estos delitos en el curso de su actuación. Sin embargo, el consejero preopinante, casualmente también un juez, elevó un proyecto de dictamen para desestimar los pedidos de juicio político.

El llamado a indagatoria, pedido además por la fiscalía, revela la existencia de elementos suficientes para sospechar culpabilidad en la comisión de estos crímenes.

Una vez más, cabe también preguntar cuántos otros casos con magistrados actuantes de antecedentes tan cuestionables como perversos han llevado a la cárcel y a la muerte muchas veces anticipada a quienes en justicia no lo merecían. Los fraudes judiciales, con tribunales y testimonios armados, cuyo único fin fue teñir de parcialidad algunas acusaciones de delitos de lesa humanidad, resultan claramente escandalosos e impactan en la imagen de nuestra Justicia.

Ante un odio con raíces ideológicas que contamina y pervierte la razón y el deber de juzgar con imparcialidad, esta investigación revela que afortunadamente nuestro golpeado sistema judicial cuenta con jueces y fiscales valientes, dispuestos a hacer cumplir la ley por encima de los intereses de quienes han dejado prevalecer sus sentimientos personales de venganza por sobre lo que impone una Justicia independiente e imparcial. Semejante comportamiento permite reivindicar a aquellos que encarnan responsable y honestamente la tarea de impartir justicia y que merecen, por ello, todo el apoyo de la sociedad.

Celebramos que el Consejo de la Magistratura no haya hecho lugar, en su última sesión, al proyecto de desestimación del pedido de juicio político de estos jueces, devolviendo las actuaciones a comisión, en la cual se acumulan nuevas denuncias. Solo resta que, habida cuenta de las pruebas reunidas y las instancias procesales ya transitadas, sometan a juicio político a quienes han traicionado, mediante el abuso de autoridad y la discriminación, la más alta de las responsabilidades que el pueblo, a través de la Constitución, les ha confiado: la de impartir justicia a todos por igual.

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