La gravedad de esta sequía

En vez de enredarse en una maraña burocrática, el Estado debería ofrecer respuestas rápidas y eficientes para contribuir a superar la delicadísima situación
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22 de febrero de 2018  

A este paso el Gobierno y la sociedad en su conjunto deberán aprontarse para las consecuencias de una campaña agrícola marcada duramente por una obstinada sequía. Es poco lo que podría mejorar el actual estado de cosas un cambio climático en lo que resta para el comienzo pleno de la cosecha gruesa del período 2017/2018. Nada ha exagerado la Sociedad Rural de Rosario al advertir que, hasta aquí, zonas importantes de la región agrícola más relevante del país se encuentran en la peor situación de los últimos 70 años.

Por primera vez en mucho tiempo, el sábado último, en uno de los templos más concurridos de Pergamino, se hicieron en misa peticiones por una intercesión divina ante el drama de la escasez de agua. Trece millones de hectáreas se hallan comprometidas en una merma hídrica impresionante, que afecta las tierras más productivas del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Por lo menos un 58% de los maíces, el 56% de la soja y el 45% del girasol sembrados en esas tierras oscila entre un estado regular y otro malo.

Ha habido entre domingo y lunes lluvias importantes en algunas zonas sin que el panorama general haya atemperado de verdad el drama agrícola que se prolonga desde 2017, con tierras que han padecido inundaciones y, curiosamente, poco después de haberlas superado, sequías. Ya a comienzos de año se señalaban pérdidas cuantiosas en maíces de los partidos bonaerenses de General Villegas, Coronel Dorrego, Adolfo Alsina, Ameghino y Maipú, por un lado, y en áreas de Córdoba, como Río Tercero y La Carlota, y de otras provincias, como Entre Ríos, Corrientes y Chaco, entre otras. Todo esto sumado a las altas temperaturas habidas en enero y lo que va de febrero y la coincidencia fatal, por decir lo menos, de heladas que afectaron plantaciones de Azul y de partes de la provincia de Córdoba.

Fuente: LA NACION

El hombre de campo está preparado, por memoria ancestral y experiencia propia de trabajar a cielo abierto, para infortunios derivados de una naturaleza que así como da, quita. Vamos en tren de que las privaciones de esta campaña gruesa, en contraposición con la campaña fina precedente, que fue buena en términos generales, hagan sentir sus efectos negativos sobre la economía y las finanzas nacionales en su conjunto. Cabe destacar que el 60% de los ingresos anuales por exportaciones de bienes argentinos se deben al campo.

Una primera evaluación, incompleta, sin duda, de las pérdidas en la producción de granos a raíz de la sequía se estima en 2000 millones de dólares. Donde hubo el año último un promedio de 40 quintales de soja de primera por hectárea habrá 33 quintales, y aun menos. Mucha de la soja de segunda no pasará de 15 quintales por hectárea en el mejor de los casos, lo que significaría pérdidas para los productores por más de 100 dólares por hectárea.

Se comprende, entonces, que la Sociedad Rural de 25 de Mayo se haya apresurado, a través de su presidente, Alberto Larrañaga, a solicitar cambios urgentes en la ley de emergencia agropecuaria. Por más lluvias que hubiera en lo que resta de la campaña hay, a esta altura, daños irreparables de consideración. Larrañaga ha observado con razón que esa ley es no solo anacrónica, sino que "no sirve, porque -dijo- es un laberinto burocrático en el que ya casi nadie cree". El dirigente ruralista se refería, como es obvio, a que en situaciones como la que lamentablemente se proyecta, de grandes pérdidas, el Estado se enreda en una maraña burocrática incapaz de ofrecer respuestas rápidas y eficientes, en lugar de actuar de oficio y con sentido de la gravedad del cuadro que debe contribuir a superar.

El hombre de campo es productor esperanzado. Sobran los testimonios de su capacidad reiterada para recuperarse ante la adversidad. Conoce y acata las malas nuevas que como en el presente provienen de la naturaleza. Se rebela, en cambio, ante la expoliación a la que suelen someterlo autoridades públicas de todo pelaje, tan ávidas desde hace décadas de recursos como irresponsables en la forma en que dilapidan riquezas para sostener el peso muerto de un Estado que no cesa de crecer.

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