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Alberto Föhrig."Contra el narcotráfico, el primer aliado es la sociedad"

Estudioso del tema y actual funcionario del Ministerio de Seguridad, Alberto Förig afirma que esta gestión se está enfrentando al difícil entramado de políticos, jueces y policías asociados al negocio ilegal
Estudioso del tema y actual funcionario del Ministerio de Seguridad, Alberto Förig afirma que esta gestión se está enfrentando al difícil entramado de políticos, jueces y policías asociados al negocio ilegal Crédito: Patricio Pidal/AFV
En acción. Estudioso del tema y actual funcionario del Ministerio de Seguridad, afirma que esta gestión se está enfrentando al difícil entramado de políticos, jueces y policías asociados al negocio ilegal
Diego Genoud
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25 de febrero de 2018  

Hasta que se convirtió en una pieza central del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Alberto Föhrig era considerado uno de los intelectuales que más habían estudiado el cruce entre el narcotráfico y la política. Profesor de la Universidad de San Andrés, con un doctorado en Ciencias Políticas en Oxford, una maestría en Georgetown y trabajo de campo en Yale y Harvard, Föhrig, además de moverse con comodidad en el circuito académico, tuvo alguna participación en la función pública. Durante el gobierno de la Alianza fue jefe de Gabinete de Federico Storani, y asesoró a Margarita Stolbizer entre 2009 y 2015. Tras el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015, asumió la dirección de la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad. Se muestra optimista y plenamente identificado con el Presidente y la ministra. Con un presupuesto a cargo de 100.000 millones de pesos por año, afirma que Cambiemos dejó de perseguir a los "perejiles" para ir en busca de las bandas, ve el vaso medio lleno en la lucha contra el narcotráfico y relativiza el rol de la nueva unidad especial con intervención de las Fuerzas Armadas.

¿Qué significa para usted la consigna del Presidente "derrotar al narcotráfico"?

Es una de las razones por las que estoy acá. Para mí, no es un eslogan, sino una política para generar condiciones de tranquilidad en la sociedad. La Argentina estaba entrando en una situación muy compleja. Por ejemplo, en Rosario, en 2017, murieron 200 personas menos que en 2014.

Cada día aparecen datos contradictorios y la falta de estadísticas es cuestionada por los especialistas. ¿De dónde surgen los cifras oficiales?

El kirchnerismo planteó un paradigma premoderno, sin datos desde 2008. Intentamos reconstruir estadísticas en base a las estadísticas provinciales. Hemos tratado de mejorar junto con las provincias y homogeneizar los estándares de medición. Le pedimos a la Unodc de las Naciones Unidas que nos audite, tenemos una calificación y estamos tratando de mejorarla. Hay que poner los números sobre la mesa, aunque sean dolorosos, como dice el Presidente. Hay que tener un sistema de estadísticas: ninguna, por sí sola, funciona. Por primera vez en 2017 hicimos una encuesta nacional de victimización en base a 40 mil casos y validamos las estadísticas oficiales con esa encuesta, donde la gente da su visión sobre su propia situación. Hemos hecho un convenio con el INDEC para que cada provincia tenga información.

Cada vez que habla sobre el tema, la ministra transmite optimismo. ¿Qué le preocupa al gobierno?

Nos gustaría profundizar temáticas como la cuestión del contrabando. Es una economía ilegal que ingresa desde el Norte, que compite con otro tipo de salarios y además habilita una logística que después es utilizada por el narcotráfico. Es el principal desafío porque es una economía porosa.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirma que la violencia está controlada. ¿Coincide?

En Santa Fe ciudad, en 2017 bajamos los homicidios un 49,6%, a la mitad. En Rosario, bajamos el 21,8% en 2016 y el 17,4% en 2017. Santa Fe tiene la tasa de homicidios más baja desde 2000. Por supuesto, hay mucho por mejorar. Lo interesante es que normalmente estas bajas se dan en situaciones de crecimiento económico acelerado. En la década pasada, mejoró el PBI y aumentaron los homicidios, y nosotros en 2016 mejoramos el indicador pese a que el PBI no evolucionó de manera favorable.

¿Cómo se explica?

Por el peso que tienen las estrategias de prevención policial. La cuestión social explica una porción del delito y las medidas operativas de "policiamiento" explican otra. Hay que tener políticas de seguridad activas y no se puede esperar que se acabe la pobreza.

¿La estrategia oficial pasa por la prevención o por la represión?

Por una combinación. Este gobierno actúa con prevención, pero no solo con eso. Nuestra decisión es ir por todos los eslabones de la cadena. No estamos trabajando solamente sobre narcomenudeo, sino que estamos tratando de desarticular bandas. Hay que hacer inteligencia criminal y operar sobre el fenómeno delictivo, no solo sobre el emergente, que es un chico vendiendo droga.

¿Afirma que con Cambiemos se dejó de perseguir a los "perejiles"?

Hay que ver lo que ocurrió en Rosario, en Itatí, en Orán, para comprobarlo. Nosotros agarramos jefes de bandas, no al "perejil". Es una diferencia cualitativa. Además está el tema del dinero, de los bienes. Trabajamos con la UIF y con la UIF colombiana, buscamos desarticular el circuito de dinero.

Si hay un vínculo entre el narcotráfico y el lavado, ¿no es una señal contradictoria estimular un blanqueo de capitales?

La UIF, me consta, ha realizado un análisis pormenorizado de esos flujos de capitales, evitando cualquier tipo de contaminación y el ingreso de capitales provenientes del narcotráfico.

La actuación de Bullrich al frente de operativos contra el narcotráfico tiene puntos en común con la de Berni.

En 2013, cuando Berni se descolgó del helicóptero, los homicidios en Rosario crecieron -según sus propios datos- el 45,5%. Berni era marketing en medio de un gobierno en el que se importaron 45 toneladas de efedrina y donde había contactos entre ese círculo de la efedrina con lo más alto del poder. Funcionarios como Aníbal Fernández fueron castigados en las urnas producto, como mínimo, de su inacción ante el narcotráfico. Patricia no tiene punto de comparación con Berni. Es muy seria, comprometida y además intachable. Yo manejo un presupuesto de arriba de cien mil millones anuales, contratamos con transparencia, hemos hecho ahorros importantísimos en una licitación de una ART de una fuerza de seguridad ahorramos por año 132 millones.

¿En qué cambió su visión cuando pasó de la academia a la función pública?

Por ejemplo, en cuanto al narcomenudeo. Uno tiende a decir que es menor y no lo es por dos razones. Primero, porque la disputa entre bandas por las bocas de comercialización genera mucha violencia; segundo, porque después esas bandas chicas se hacen fuertes y van hacia un crecimiento vertical que las hace muy peligrosas.

¿Cuál es la política estatal para impedir que el narcomenudeo siga reclutando "soldaditos" que encuentran una forma de ascenso social inigualable?

Lo que hace el Estado con sus intervenciones en seguridad es, entre comillas, subir el precio del delito. Sin hablar de la cuestión moral, cuando la probabilidad de resultar encarcelado, detenido, juzgado, es alta, esa persona lo piensa dos veces.

Juan Gabriel Tokatlian plantea que la Argentina insiste en una guerra contra las drogas que América Latina abandona por ineficaz.

La Argentina combate al narcotráfico con sus fuerzas de seguridad. En Colombia y en México actúan los militares, pero el gobierno argentino tiene una estrategia policial de represión del delito, no una estrategia de guerra. Respecto de la prevención, el gasto social es muy significativo y se ha decidido aumentarlo.

¿No contradice la nueva Fuerza de Despliegue Rápido la política de mantener a las Fuerzas Armadas al margen?

Es fortalecer un cuerpo ya existente en el Ejército Argentino con apoyo logístico; una función con la que ya contaban las Fuerzas Armadas, según la ley de Seguridad Interior. Esa nueva fuerza está pensada como apoyo logístico de despliegue rápido, pero no cambia la distribución de funciones que existe desde los años ochenta.

Antes de asumir su cargo, usted decía que políticos, jueces y policías estaban asociados al narcotráfico. ¿Lo sigue pensando?

Estoy acá porque creo que estamos trabajando frontalmente contra ese triángulo. Estoy convencido de que no hay protección para nadie. Ex jueces como Reynoso y ex fiscales como Novo procesados, Itatí, Orán, intendentes y concejales presos. Miembros de las fuerzas de seguridad detenidos y expulsados de la fuerza.

En una entrevista en La Nación en 2013, ponía la lupa en los políticos que son dirigentes de clubes y están ligados al narcotráfico. ¿Ese nexo se mantiene?

No tengo duda. Hay que profundizar la lucha contra las barras. Ahí está el origen de muchas bandas del narcotráfico en Rosario. Hay disputas en las barras de clubes de la C y la D porque distintas redes de tráfico están disputando el negocio. Hemos detenido al jefe de la barra de Independiente, vinculado a la extorsión y delitos muy graves.

El presidente de Independiente es Moyano, que seguramente apuntará a Boca si lo citan a declarar. ¿Los políticos están involucrados en el negocio?

Hay muchos políticos, lo cual no quiere decir que todos estén involucrados en actividades delictivas. Se ha detenido gente de la barra de Boca, así como se ha detenido gente de la barra de Independiente.

Macri prometió en la campaña reducir en el primer año los homicidios en 20%, la oferta de paco un 70% y la cocaína un 50%. ¿Se cumplió ese objetivo?

Hemos avanzado enormemente. Los datos de incautaciones son fenomenales.

¿La Argentina está en un proceso de colombianización o mexicanización?

La Argentina no es ni por cerca México y Colombia. Medellín -que es visto como un caso de éxito- tiene 21 homicidios cada 100 mil habitantes. El punto más caliente de la Argentina, Rosario, tiene hoy 11 cada 100 mil habitantes. Bogotá tiene 14 y la ciudad de Buenos Aires tiene 4 o 5. Lo que a mí me preocupaba era la tendencia, que ahora se está revirtiendo.

¿Cuáles son los actores principales? ¿Bandas transnacionales o grupos locales?

El negocio en la Argentina, como en el resto del mundo, es transnacional y fundamentalmente logístico. Construir rutas en mercados de consumo, igual que en cualquier actividad económica, aunque en este caso ilegal. Hay actores de otros países que normalmente operan con su contraparte local.

¿Esas bandas transnacionales dominan el negocio o son minoritarias?

Depende de qué parte del negocio. El negocio de exportación es clave porque permite desarrollar una cadena logística a nivel local.

La droga se va por donde se van los cereales.

Se va por puertos y aeropuertos. E ingresa por aeropuertos. La Argentina también importa drogas; el principal exportador es Holanda, que no es un país subdesarrollado.

Algunos cuestionan la Hidrovía.

Justamente firmamos un acuerdo con Israel que prevé que en mayo vamos a traer las primeras lanchas de última generación para la Hidrovía, que pueden estar conectadas en tiempo real a un circuito de información que permite ver en un edificio del Ministerio lo que sucede en el río. Se puede hacer un análisis inteligente de la información a partir de esos sensores.

¿Cuál es la referencia del gobierno a nivel internacional?

El gobierno tiene una inserción inteligente en el mundo. Se reúne con Putin, Macron y Trump. Tenemos una alianza estratégica con Brasil y una excelente relación con Uruguay, Chile, Paraguay. Intercambio de información con Colombia, cooperación con Estados Unidos, Canadá y cooperación creciente con el gobierno chino. No hay una referencia excluyente.

¿Y sus aliados locales?

El primer aliado es la sociedad, más allá de cualquier cliché. Las tasas de denuncia crecen en los barrios por parte de gente que incluso corre riesgos personales. También la oposición. Con el gobierno de Santa Fe firmamos un acuerdo que se va a renovar. Es gente que piensa distinto, que compite electoralmente y que lleva adelante una acción conjunta de la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales. En Misiones, hemos tenido avances en operativos conjuntos. Lo mismo en Salta. Y la Iglesia, las comunidades eclesiásticas que trabajan en contención porque no todo es represión del delito.

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