Multas: mal ejemplo oficial

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23 de febrero de 2018  

Quien comete una contravención o una falta ha vulnerado un precepto, una ley y debe ser penado por ello. Pero qué sucede cuando esa transgresión la comete un funcionario. La respuesta abreva más en lo ético que en lo legal, ya que la pena pecuniaria o de restricción de algún derecho es la misma para todos. Sucede que del funcionario se espera una conducta ejemplar. La caída de una persona pública en un yerro provoca siempre un ruido mayor.

Ese fue el tono de las repercusiones que generó una reciente nota de LA NACION respecto de los miles de pesos en multas de tránsito que adeudaban funcionarios del actual gobierno. Muchos de ellos subsanaron el asunto yendo a pagarlas presurosamente tras la consulta que les realizó este diario, intentando vanamente algunos no dejar rastros de la anomalía; otros buscaron explicaciones no siempre convincentes para justificar la situación que los exponía como morosos, y también hubo quienes agradecieron el dato, porque no tenían idea de las multas que arrastraban sin pagar (cabe aclarar que conocerlas es extremadamente fácil: basta con ingresar en la página oficial del gobierno de la ciudad, colocar el DNI del propietario del automóvil o la combinación alfanumérica de la patente).

Ser cumplidores. Esa es la premisa que muchos funcionarios suelen olvidar o que, directamente, desestiman al malinterpretar que la ley no los obliga como a cualquier otro ciudadano. En este caso de las multas de tránsito impagas, se trata de personas con responsabilidades políticas ejecutivas, pero también las hay en todos los órdenes de la administración. LA NACION ha publicado una infinidad de notas revelando cómo agentes de seguridad dejaban y aún dejan sus vehículos estacionados en lugares prohibidos y, para que no se los llevara la grúa o se les hicieran las correspondientes multas, ponían bien a la vista algo que identificase la fuerza a la que pertenecían: un chaleco reglamentario, un talonario de boletas y hasta una gorra. En otros casos, los autos oficiales son utilizados para uso doméstico, ya sea de los funcionarios o de las personas que los rodean. Cómo no recordar los aviones que viajaban a la Patagonia con los diarios para que pudiera leerlos la entonces máxima responsable del gobierno. Esos mismos diarios llegaban apenas horas después por los carriles habituales, pero los dineros públicos ya habían sido malgastados.

La última nómina de funcionarios deudores de multas de tránsito en la ciudad también sumaba a las cabezas de casi todos los ministerios.

De todos ellos, el caso tal vez más paradigmático fue el del director de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV), quien contaba con tres multas: una por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires y dos en la ciudad, por estacionamiento en lugar prohibido y por no detenerse en línea marcada o senda peatonal.

Un reciente decreto del presidente Macri eliminó privilegios de tránsito para los autos oficiales, poniendo punto final así a una norma de 1955 que les otorgaba una franquicia especial, que se había convertido en una patente de corso, eximiéndolos de ciertas obligaciones elementales, siempre que el auto oficial estuviera cumpliendo una función o "servicio destinado al bien común". Bajo ese paraguas de impunidad es que se cometían innumerables infracciones. Recientemente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se quejó por la creciente cantidad de autos oficiales circulando por los carriles exclusivos del metrobús. La vieja norma era interpretada una vez más como un "todo vale".

Para que el decreto presidencial que modificó la reglamentación de la ley de tránsito se aplique en todos los distritos, estos deben decidir si adecuan sus propias normas a la nacional. En tanto, los que adhirieron oportunamente a ella deben acatar el cambio sin más.

Si de lo que se trata es de dar el ejemplo, no hay dudas de cuál debería ser la actitud. El tema es: ¿están dispuestos nuestros funcionarios a ser los primeros en acatar la ley, a ser y también parecer?

Es de esperar que, poco a poco, en nuestro país vayan desapareciendo las "franquicias" que han transformado en regla lo que debió haber sido siempre excepcional.

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