El Gobierno rescató a Rafecas en un jury

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23 de febrero de 2018  

El Consejo de la Magistratura descartó ayer someter al juez federal Daniel Rafecas al proceso de remoción por juicio político por su decisión de desestimar, sin investigar, la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el "memorándum de entendimiento" con Irán por el atentado contra la sede de la AMIA.

La decisión de salvar al juez Rafecas se adoptó en la Comisión de Acusación del Consejo, luego de que el Gobierno definió su posición a favor de la remoción y su representante solo recomendó aplicarle una quita salarial -por un mes- al magistrado.

Rafecas continuará así como uno de los onces jueces que trabajan en los tribunales federales de Comodoro Py, con competencia para investigar las denuncias por delitos cometidos por funcionarios nacionales.

La decisión se tomó ayer cuando la Comisión de Acusación aprobó el dictamen presentado por el representante del Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, quien recomendó aplicarle una sanción equivalente al 50% de su salario, con el respaldo del legislador oficialista Pablo Tonelli.

De ese modo, perdieron fuerza otros dos dictámenes propuestos. Uno, del senador radical Ángel Rozas, que abogó por la destitución, con el apoyo del diputado del mismo partido Mario Negri, y el de Leónidas Moldes, quien promovía descartar la acusación por considerar que implicaba juzgar criterios de interpretación del magistrado.

La permanencia de Rafecas en los tribunales de Comodoro Py, sin embargo, es incierta. El propio magistrado ya adelantó su interés por acceder durante los próximos meses y por concurso, a un puesto de mayor rango -y menos exposición pública- en la Defensoría General de la Nación.

Procesados y detenidos

Rafecas había sido denunciado ante el Consejo por su decisión de desestimar la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner por el pacto con Irán, en dos ocasiones, sin ordenar medidas de prueba. A partir de allí, la denuncia estuvo cerca del archivo, reiteradas veces, hasta que comenzó a investigarse tras el cambio de gobierno. Hoy acumula 12 procesados; cuatro de ellos, detenidos.

La sanción salarial, en tanto, se debe a la llamada que Rafecas hizo al diputado oficialista Waldo Wolff, tras un programa de televisión en el que apareció el entonces dirigente de la comunidad judía y criticó su actuación, mientras a su lado se escuchaban insultos contra Wolff.

El proyecto de sanción que se votó ayer en comisión deberá ahora ser aprobado durante la próxima reunión plenaria del Consejo, a principios de marzo.

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