La ley que hace falta

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24 de febrero de 2018  

La ley nacional de semillas de 1973 es rémora del pasado. En casi medio siglo, el mejoramiento genético de un número considerable de cultivos y otras transformaciones tecnológicas hacen irreconocible al campo argentino desde aquella época. Ha llegado el momento de poner al día la legislación aprovechando la singular coyuntura de que, después de muchas y airadas controversias, productores y semilleros se hayan aunado para presentar las bases de una iniciativa común ante el ministro de Agroindustria.

El viejo conflicto de partes no se encuentra del todo allanado. Hasta es posible que sobren en el Congreso, cuando el Gobierno haga llegar el tan demorado proyecto de reformas a la ley de 1973, voces que fomenten entre las bancas discordias atemperadas al cabo de un camino tropezoso de diálogo y búsqueda de la síntesis de consensos. En esas inquinas son duchos legisladores kirchneristas y de otras especies políticas de izquierda. Entre los actores del sector privado no faltan tampoco elementos recalcitrantes a un acuerdo, como la Federación Agraria Argentina; otros, que se expresan con alguna ambivalencia, como Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y otros más, que introducen en el comportamiento comercial el estilo áspero que poco ayuda a solucionar los problemas. Por algo la decisión de Bayer, al comenzar a hacerse cargo de las operaciones de Monsanto después de haberla adquirido por más de 60.000 millones de dólares, ha ido acompañada del mensaje de que se desprenderá paulatinamente de la marca que tantos aportes ha hecho al progreso agrícola mundial: querrá actuar finalmente con solo el prestigioso nombre acuñado en Alemania: Bayer.

El acuerdo elevado al ministro Etchevehere se abre con el reconocimiento de que la práctica del uso propio de las semillas está ampliamente extendida en nuestro mercado y que es inevitable que los proveedores de germoplasmas y biotecnología instrumenten modelos de negocios que se adapten a esa realidad. Ese ha sido el nudo del conflicto: una gran parte de los productores reutilizan en sucesivas siembras los granos obtenidos en una primera cosecha. A esto se han opuesto desde hace mucho los semilleros, con la reclamación de que toda resiembra, por así llamarla, debe ser onerosa, es decir, que deben pagarse regalías.

Por la coincidencia a la que se arribó a fines de año el productor sabría en el momento original de la compra de una variedad de semillas cuánto habrá de pagar por el uso propio en las siguientes tres campañas, valores que se renovarán para los ciclos posteriores de tres años. Fuera de toda discusión está la prohibición de la venta de semillas logradas por los productores y colocadas en el mercado para su uso por terceros. Es lo que en la jerga rural se conoce como "bolsa blanca", cuya comercialización constituye un delito.

Ha sido de interés general para el país la aceptación plena en aquel acuerdo por parte de las entidades gremiales representativas de los productores -con la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, a la cabeza- de que los proveedores de semillas deben lograr un retorno adecuado a sus inversiones en tecnología para seguir invirtiendo. Por eso consideran necesario que paguen una contraprestación "por el uso propio en todas sus formas". Este diario tiene posición tomada respecto de que el desconocimiento de la propiedad intelectual constituye lisa y llanamente un acto de piratería que conspira contra la inserción de la Argentina, como país confiable, en los mercados mundiales.

Nada dice el documento aportado al Gobierno sobre sanciones para quienes violen las normas por establecerse. Es obvio que contemplarán multas para la discordancia entre la declaración de lo cosechado, con especificación de las variedades usadas, y lo que la autoridad compruebe. El camino está facilitado por la aceptación general, como no podría ser de otro modo, de que el órgano fiscalizador sea el Estado a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), y con aplicación del sistema del Bolsatech.

Por el actual estado de cosas, el campo argentino ha quedado sin posibilidad de experimentar nuevos eventos, como "extend" y "ellist", que obran en el combate contra malezas cada vez más resistentes al glifosato. Las bondades de aquellos se halla en discusión, pero significan abrir alternativas en la búsqueda de herbicidas eficaces y sustentables para el ambiente. Lo importante es que un país como el nuestro, que marcó a partir de 1996 prósperos rumbos para la agricultura con la legalización de las semillas transgénicas, no quede al margen de las innovaciones que se van produciendo en los mercados que compiten con el nuestro.

La ley de 1973 fue para el siglo XX. Hace falta una para el XXI, apta para abarcar por igual fenómenos que trascienden la transgénesis. Es el caso de la crispr-cas, tecnología que permite hacer nuevas ediciones genéticas de las plantas, silenciando algunos genes, fortaleciendo otros, dentro del mismo genoma.

En este mundo de cambios incesantes en la biotecnología y en el mejoramiento genético, urge cerrar el largo debate sobre semillas autogamas o reproducibles, como las de la soja, la avena, el poroto, la cebada. No será sencillo. Lo advierte, por un lado, el pleito judicial que mantienen en Brasil la Asociación de Productores de Semillas de Soja y Maíz de Mato Grosso con Monsanto, y por el otro, el frente abierto por quienes dicen que es razonable pagar por un invento, pero no por la identificación de lo que la naturaleza ha brindado por sí misma. Que habrá que actuar con suma buena fe en esa distinción lo prueban las experiencias con el uso del bacilo tugirensis, uno de cuyos genes se extrae de su seno para introducirlo en plantas de maíz y soja y combatir así la izoca. Sí, ese gen estaba en la naturaleza, pero alguien antes que otros comprendió para qué podía servir.

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