Suscriptor digital

El protocolo de atención en los hechos no se aplica

Fue un procedimiento dispuesto por Salud, que los médicos eluden; los casos son judicializados
Evangelina Himitian
(0)
24 de febrero de 2018  

Hace casi tres años, el Ministerio de Salud publicó el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", para estandarizar la práctica en centros de salud, por exhorto de la Corte Suprema. Pero muchos médicos alegan razones de conciencia para no practicarlos y los casos terminan en la Justicia.

Según la legislación actual, el aborto es legal si pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. El protocolo establece que el riesgo de salud para la mujer debe entenderse dentro del concepto de Salud Integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social, tal como lo define la OMS.

El protocolo apunta que el peligro para la salud "no exige configuración del daño sino posible ocurrencia". Y advierte: "La información incompleta, inadecuada o la subestimación del riesgo pueden acarrear responsabilidades legales al profesional de salud interviniente". Cuando se conoció el protocolo, fue criticado por políticos, referentes sociales y la Iglesia.

Según diferentes informes sobre el tema, el protocolo en la práctica no se aplica. La judicialización del caso y la objeción de conciencia son las principales razones que vuelven impracticables los abortos legales requeridos hoy en hospitales públicos. No existe un registro a nivel nacional de cuántos abortos no punibles se practicaron desde que entró en vigencia el protocolo. Las estadísticas de la cartera de Salud porteña indican que en el último año, en los hospitales públicos se practicaron casi 2000 abortos legales. Un número en crecimiento, ya que en 2014 fueron apenas 100.

De todas formas, son un mínimo porcentaje de los abortos que se realizan en el país: el Ministerio de Salud de la Nación estimó en 2004 que cada año se practicaban entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos.

"Las estadísticas hospitalarias, según el Ministerio de Salud, indican que en todo el país se registran unas 53.000 internaciones anuales por aborto. Del total, el 15% corresponde a adolescentes y niñas menores de 20 años", denuncia el informe "Situación del aborto en la Argentina, 2017", presentado por distintas organizaciones de derechos humanos, ante el Comité contra la Tortura. "Las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna y entre 2007 y 2011, el 23% de las muertes maternas derivaron de abortos inseguros", señala un informe conjunto de organismos como el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.

En 1921, el aborto dejó de estar prohibido en la Argentina. Desde ese año, la interrupción del embarazo es legal en determinadas circunstancias, pero en los hechos, cada vez que se daban esas circunstancias, el caso se judicializaba y quedaba a interpretación del juez. En 2012, la Corte Suprema dictó una sentencia que buscó terminar con las judicializaciones de los casos y exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementarla. En junio de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el protocolo mencionado, que estableció que es de "aplicación obligatoria en todo el territorio argentino".

"El protocolo no fue acompañado por una estrategia que promueva su difusión y aplicación por parte de las autoridades", se denuncian en el informe "Situación del aborto en la Argentina, 2017". De hecho, a seis años del fallo, solo 9 de las 24 jurisdicciones poseen protocolos propios.

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?